¿Fue tardía la reacción del Gobierno frente a la reforma a la Justicia aprobada por el Congreso?

Junio 25, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País

El presidente Santos llamó al Congreso esta semana para estudiar las objeciones al acto legislativo.

1. El Presidente es muy hábil, tiene una astucia política extraordinaria. Se dio cuenta de que esa reforma iba a ser rechazada por la inmensa mayoría de la opinión. Entonces, pretextó que como hubo irregularidades en la conciliación, no podía pasar. Lo más grave de la reforma es que no busca los propósitos que necesita Colombia: que los ciudadanos tengan fácil acceso a la Justicia. Lo que se buscaba era blindar más a los congresistas y a los funcionarios del Estado frente a la acción de la Justicia.2. Es una reacción que trata de enmendar lo que, con la colaboración del mismo Gobierno, se produjo equivocadamente. Es interesante que el Gobierno haya sido sensible a la indignación de los colombianos por la aprobación de la reforma, que no fue propiamente judicial. El Gobierno rápidamente entró en razón y aceptó las indicaciones que se le hicieron en tantos escenarios a lo largo de los dos últimos años. 3. No puede denunciar ni mostrarse molesto el Gobierno con goles de último minuto, cuando en realidad los vienen haciendo desde el primer tiempo. Por eso, desde comienzos de este año creamos una coalición ciudadana para hacerle seguimiento a la reforma a la Justicia. Aquí lo que viene sucediendo desde el año 2010 es que estamos en un momento de contrarreforma a la Constitución del 91.4. La reacción del Presidente se da cuando la mayoría de colombianos ya estaban durmiendo, cuando el Congreso ya está en receso y sin que haya realizado un análisis lo suficientemente riguroso de lo que aconteció. Si el Presidente se va contra la misma Constitución, en su Artículo 377, tratando de objetar lo inobjetable, el mensaje que se envía sería peligroso, pues indicaría que el Presidente es el que manda y decide y que la dinámica de la política colombiana ha sido la de entender al Legislativo como una especie de notaría que autentica y firma lo que el Ejecutivo presenta.

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