Formulan cargos contra 52 empresas por no reportar información

La decisión de la Superintendecia de Industria y Comercio afecta a empresas que comercializan plaguicidas, medicamentos veterinarios, agropecuarios, entre otros.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos formularon pliego de cargos contra 52 empresas por presuntamente incumplir su obligación de reportar precios, ventas y costos de sus insumos, como lo dicta el Decreto 1988 del 12 de septiembre de 2013. La decisión de la superintendencia está consignada en el decreto 1988 de 2013 que obliga a las empresas que “produzcan, formulen, importen, produzcan por contrato, distribuyan, comercialicen o vendan fertilizantes, plaguicidas, medicamentos veterinarios o productos biológicos de uso pecuario, a reportar información de precios, ventas y costos de los insumos agropecuarios”. En noviembre del año pasado, el Ministerio de Agricultura denunció ante la SIC que algunos productores e importadores de insumos agrícolas no habían presentado dicha información, y por esto se ordenó la investigación de estas entidades que representan cerca del 80% del mercado de insumos agrícolas del país. El comunicado señala que en caso de que el proceso termine demostrando que sí existió violación del régimen de control de precios, la Superintendencia de Industria y Comercio, en conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 puede imponer sanciones de hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales, es decir, $1.232 millones de pesos. En el listado de empresas investigadas publicado por la SIC se encuentran entre otras Tecnoquímicas S.A., Bayer S.A., Fedearroz y Boehringer Ingelheim S.A. entre otros. El jefe de la cartera de Agricultura, Rubén Dario Lizarralde, afirmó que “la información no la ha entregado todo el mundo y cuando no se cumplen los requerimientos del Gobierno, éste tiene que tomar acción y, en ese sentido, la SIC ha procedido”. Las 52 empresas investigadas se verán expuestas a una sanción de hasta 2 mil salarios mínimos, equivalentes a $1.232 millones, de encontrarse responsables. Las compañías investigadas, están ubicadas en distintos regiones del país, y representan cerca del 80% de las ventas en el mercado de insumos agrícolas.