Fiscalía prende las alarmas tras libertad de nueve implicados en caso de Interbolsa

Enero 08, 2017 - 12:00 a.m. Por:
Colprensa - El País.com.co
Fiscalía prende las alarmas tras libertad de nueve implicados en caso de Interbolsa

En el Fondo Premium domiciliado en Curazao se manejaron de forma irregular los dineros que habían sido invertidos por 1206 personas en Colombia.

El fiscal General de la Nación le pidió al Consejo Superior de la Judicatura adelantar este proceso con el fin de frenar estas libertades por vencimiento de términos.

Desde que la Fiscalía inició con la judicialización de los presuntos implicados en el desfalco de InterBolsa, y del Fondo Premium en 2014, de los mayores inconvenientes que ha tenido este proceso han sido los constantes aplazamientos de las audiencias.

El juicio a los cerebros del desfalco inició el 21 de marzo de 2014 cuando la Fiscalía radicó el escrito de acusación contra los implicados. Sin embargo, tras más de dos años de audiencias no se ha podido finalizar con los procesos aunque nueve de los llamados ‘cerebros’ del descalabro económico han quedado en libertad.

En cuanto al caso de InterBolsa, en enero de 2015 un juez de Conocimiento de Bogotá dejó en libertad al empresario italiano Alessandro Corridori; su esposa, Claudia Jaramillo Palacios; además de la inversionista María Eugenia Jaramillo, y el representante legal de P&P Investment Carlos Arturo Neira Llache.

En cuanto al proceso por el Fondo Premium de InterBolsa en el transcurso de 2016 quedaron en libertad la representante legal Rentafolio Bursátil y Financiero, Claudia Patricia Aristizábal González; los representantes legales de Valores Incorporados Natalia Zúñiga Isaacs y Ricardo Martínez; y el directivo del Fondo Premium Juan Andrés Tirado Moreno.

Mientras que el último en quedar en libertad fue el gerente del Fondo Premium de InterBolsa Rachid Maluf Raad.

Igualmente, en los próximos días el empresario Víctor Maldonado pedirá que se le revoque la medida de aseguramiento que pesa en su contra, luego de ser extraditado en 2015 desde España, por solicitud de la Fiscalía bajo los cargos de estafa agravada, captación masiva de dinero, concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especie y no reintegro de dineros captados del público.

En ese sentido, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le pidió al Consejo Superior de la Judicatura dedicar un juez específico para adelantar este proceso con el fin de frenar estas libertades por vencimiento de términos y el archivó del proceso. Igualmente, Martínez pidió una investigación contra los abogados que defienden los intereses de los implicados en el desfalco.

“Se evidencian maniobras dilatorias para entorpecer el proceso penal de algunas partes del proceso, generando la prolongación de la actuación penal, lo que lleva a libertades por vencimiento de términos y posible prescripción de delitos", señaló el Fiscal, en su solicitud.

Ante la preocupación del jefe del ente investigador, el presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, Hermes Lara, señaló que dichas dilaciones se producen por la gran cantidad de procesos que llegan a los despachos.

“El colapso del sistema judicial no es una mentira, es algo que está ahí. A este país le hace falta avanzar en temas de política criminal, y los aplazamientos y represamientos son producto de ello, entonces, ¿los jueces que tienen más de 300 procesos son los del error?”, señaló el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá.

Para Lara, es urgente que el Gobierno se reúna con la Rama Judicial para buscar salidas a esta congestión del proceso que deriva en el aumento del tiempo de los procesos. “El Congreso de la República debería reunirse con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía para que analicen que cambios se deben hacer al sistema penal del país”.

A pesar de la postura del magistrado, la directora de la ONG Corporación Excelencia en la Justicia, Gloria María Borrero, señala que esta problemática no radica únicamente en el Sistema Penal colombiano, sino que también los intervinientes en los casos contribuyen a que se dilaten los procesos.

“Hay una cultura que propicia la dilación, yo creo que las normas están bien, pero hay una falta de organización y dirección de los procesos, es decir que los jueces no deben permitir esas prácticas dilatorias, necesitamos cambiar la mentalidad  (…) Con el cambio de normas no se corrigen los problemas, sí se deben hacer capacitaciones y seguimiento al sistema judicial, acá no hay un estudio a los fiscales, ni a los defensores públicos, ni a los jueces por parte del Consejo Superior de la Judicatura”, sostiene Borrero.

El magistrado Lara coincide en la petición de hacer seguimiento a los casos, sin embargo, señala que el cambio de fiscales de los casos también influye en las demoras que se están presentando para concluir los procesos penales.

“Esta situación se puede ejemplificar así: En un proceso en el que están acusadas cinco personas, constantemente cambian de abogados, igualmente, los fiscales también son removidos, entonces si nos damos cuenta, la única posibilidad del juez es aplazar las audiencias cuando no asiste alguna de las partes, cuando se enferman o se cambian, eso es parte del debido proceso”, señala.

Según la Fiscalía, a través del Fondo Premium domiciliado en Curazao, se manejaron de forma irregular los dineros que habían sido invertidos por 1206 personas en Colombia y había sido promocionado por la sociedad comisionista de bolsa InterBolsa.

De acuerdo con el ente investigador, a estas personas se les dijo que se trataba de un negocio de bajo riesgo y diversificado en el exterior; pero esos dineros terminaron invertidos en Colombia para financiar empresas del grupo InterBolsa.

Entre estas empresas se encuentran las de Víctor Maldonado, que son Latinoamericana de Inversiones Sumo, Helados Modernos, Malta S.A., Las Tres Palmas, y las empresas vinculadas con Alessandro Corridori.

Por estos hechos, la Fiscalía llamó a juicio a Rachid Maluf, Claudia Aristizábal, Natalia Zuñiga, Víctor Maldonado, Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo y Ricardo Martínez, bajo los delitos de manipulación fraudulenta de especies, estafa masiva agravada, entre otros cargos.

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