Fiscalía llama a juicio a tres ex miembros del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez

Marzo 06, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

Los dos ex ministros y el ex director del Departamento Administrativo de la Presidencia están señalados de cohecho en el caso de la Yidis Política.

El ex ministro del Interior y de Justicia Sabas Eduardo Pretelt de la Vega y el de Protección Social Diego Palacio Betancourt, así como el ex director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Alberto Velásquez Echeverry son señalados por la Fiscalía de ser los probables coautores del delito de cohecho por dar u ofrecer.El sustento de esas afirmaciones lo dan los hechos ocurridos el 2 y 3 de junio de 2004 durante el trámite en la Cámara de Representantes del proyecto de acto legislativo que permitía la reelección presidencial del entonces mandatario Álvaro Uribe Vélez.El proceso contra Sabas Pretelt se inició en 2008 tras ser señalado, por la ex representante a la Cámara Yidis Medina, como uno de los funcionarios que le ofreció dádivas para que favoreciera la aprobación del proyecto que en 2006 buscaba un nuevo período presidencial para Uribe.Medina, actualmente condenada a 48 meses y 15 días de cárcel, por haber votado a favor de la reelección presidencial de 2006, manifestó que en dos oportunidades el ex ministro, en compañía de otros ex funcionarios de la administración de Uribe, intentó convencerla de que cambiará su voto para favorecer dicho proyecto.Sabas Pretelt también le habría ofrecido comisiones al ex congresista Teódolindo Avendaño, quien también fue sancionado por este hecho.A raíz de ello, es la citación de Pretelt ante los estrados la cual, cabe recordar, fue hecha por primera vez en julio pasado. No obstante, en ese momento la Corte Suprema de Justicia decidió anular el llamado a juicio del ex ministro al aducir que la acusación formal contra Sabas Pretelt de la Vega debió hacerla el Fiscal General de la Nación y no el Vicefiscal.La decisión que la Corte consideró errónea tenía su argumento en que para la época el titular del ente investigador era Mario Iguarán Arana, quien se declaró impedido por haber sido subalterno de Pretelt en la cartera del Interior y de Justicia. De allí que el expediente llegó al despacho del entonces vicefiscal, Guillermo Mendoza Diago.Cuando terminó el periodo de Iguarán y se inició la larga interinidad, Mendoza asumió la dirección de la entidad, pero consideró que, por estar ya abierto, el proceso no debería estar en sus manos, sino seguir en el despacho del Vicefiscal, que pasó a ocupar Fernando Pareja.Es de anotar que Pretelt de la Vega en agosto de 2010 fue sancionado por la Procuraduría en un fallo en el que se sostenía que "se sirvió de su cargo y al actuar con desviación de poder inherente a tal condición, formuló ofrecimientos que terminaron por sesgar, incidir o afectar de manera efectiva, la intervención de los congresistas".Con respecto al pleito jurídico de Diego Palacio, cabe recordar que en noviembre de 2010 fue aplazado porque el abogado Jaime Lombana, defensor del ex ministro de Protección Social, interpuso un recurso de reposición con el fin de realizar nuevas pruebas testimoniales contra su defendido.Posteriormente, fue la comisión de acusaciones de la Cámara la que citó al ex funcionario del gobierno Uribe. “Al avanzar en el proceso investigativo de la ‘yidispolítica’ se ordenó la citación y comparecencia de los señores al doctor Diego Palacio, ex ministro de Estado y al senador Armando Benedetti, esto en relación con las declaraciones de la doctora Yidis Medina", señaló Hernando Penagos, coordinador de la investigación. De esa citación es que se recuerda la famosa frase de Palacio en la que reconocía que sí se reunió con Yidis Medina, pero señaló que en esa reunión “no hablamos ni de reelección, ni de votos, ni de cargos”.Reacciones desde el CongresoEl presidente del conservatismo, Efraín Cepeda, manifestó: "Siempre hemos expresado nuestro respeto a la justicia. El respeto a la presunción de inocencia y el respeto a las decisiones judiciales han sido puntos que el Partido siempre ha honrado".Por su parte, el presidente del Partido de la U, senador Juan Lozano, manifestó que "hay dos pilares siempre en estos procesos, el respeto por las decisiones judiciales y el respeto por la presunción de inocencia. En ese sentido, anotó, se debe "esperar a que se surtan los trámites".A su turno, la senadora del Partido Verde Gilma Jiménez señaló que "es el curso normal de unos acontecimientos, hay unas denuncias que tienen que ser probadas. Lo importante es que todos los colombianos, incluidos los ex ministros tengan garantías procesales y sean juzgados a la luz del derecho y no con otro interés" .Investigan a los magistradosEl presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Germán Blanco, dijo que se abrió una investigación preliminar contra todos los magistrados de las altas Cortes por estar presuntamente involucrados en el llamado ´carrusel´ de las pensiones.El proceso involucra a la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, procesos que se sumarán a los que ya adelanta la Comisión contra magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.Blanco añadió que han llegado anónimos (4), con acusaciones en contra de los magistrados de estas corporaciones, en donde se precisan situaciones concretas.Respecto al hoy presidente del Consejo de Estado, magistrado Gustavo Gómez, el presidente de la Comisión sostuvo que sobre él hay una denuncia con nombre propio. Precisó que la misma no es por su gestión de presidente de ese alto Tribunal, sino por supuestamente haber ayudado a que un funcionario judicial, que trabajaba en otro organismo judicial, y quien se dice fue postulado por Gómez a un cargo en la Corte, se pensionó con un salario alto.Asimismo, Blanco indicó que la contralora General, Sandra Morelli, deberá ir a una citación a la comisión para queinforme cómo avanza la investigación por detrimento patrimonial por el ‘carrusel de las pensiones’.El congresista señaló que las investigaciones contra los magistrados podrían estar relacionadas con un presunto daño patrimonial y una posible falta disciplinaria.

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