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Fiscalía investigará condiciones de reclusión de Coronel (R) Plazas Vega

Pese a que la sentencia había ordenado el traslado del oficial (r) a la cárcel La Picota, en auto emitido pocos días después de la condena, el Inpec optó por recluirlo en una guarnición militar.

2 de mayo de 2011 Por: Elpais.com.co | Colprensa

Pese a que la sentencia había ordenado el traslado del oficial (r) a la cárcel La Picota, en auto emitido pocos días después de la condena, el Inpec optó por recluirlo en una guarnición militar.

La Fiscalía General de la Nación aceptó la solicitud de los abogados que representan las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia, y ordenó investigar las presuntas irregularidades que se estarían presentando en la reclusión del Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, condenado por la desaparición de 11 personas tras la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.La inspección que será llevada a cabo por la Dirección Seccional de Fiscalía de Bogotá buscará establecer si se violaron las órdenes impartidas en la sentencia de la juez tercera especializada de Bogotá, quien condenó al alto oficial a 30 años de prisión por el delito de desaparición forzada.Según el abogado Jorge Molano, representante de los familiares de los desaparecidos, ya se han denunciado muchas irregularidades como “la intervención de Plazas Vega como conferencista universitario y las condiciones de privilegio que tiene al disponer de habitaciones de las características de un coronel en servicio activo, en donde le es permitida una movilidad dentro de un área superior a 100.000 metros cuadrados” .El jurista precisó, que pese a que la sentencia había ordenado el traslado del oficial (r) a la cárcel La Picota, en auto emitido pocos días después de la condena, el Inpec optó por recluirlo en una guarnición militar.Molano precisó además que la decisión del ente investigador genera “las condiciones para garantizar el cumplimiento real y efectivo de las decisiones judiciales. Es inaudito que las víctimas, sus representante y los funcionarios judiciales, tengan más restringida su movilidad, que los autores de crímenes contra la humanidad, como las desapariciones forzadas” .Estas denuncias fueron puestas en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, el Inpec y la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

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