Fiscalía acusa de fraude procesal a presidente de Colpensiones

Fiscalía acusa de fraude procesal a presidente de Colpensiones

Febrero 15, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa
Fiscalía acusa de fraude procesal a presidente de Colpensiones

Pedro Nel Ospina, presidente de Colpensiones.

El ente acusador lo señana de haber cometido el delito de fraude procesal, en un caso que se habría producido cuando Ospina presidía la corporación financiera Corficolombiana, perteneciente al grupo Aval.

Un fiscal acusó a Pedro Nel Ospina, presidente de Colpensiones -antes Seguro Social-, de haber cometido el delito de fraude procesal, en un caso que se habría producido cuando Ospina presidía la corporación financiera Corficolombiana, perteneciente al grupo Aval. De acuerdo con el portal 'Dinero.com', la imputación se produjo en una de las salas de audiencias de Paloquemao, en Bogotá, en donde Ospina se declaró inocente. El origen del problema, relata la publicación, se remonta a 1996, cuando las constructoras Owen Londoño y Cia. e Inversiones Selopa S.A. decidieron construir una megaciudadela de 3000 viviendas de interés social en Fontibón (occidente de Bogotá), sobre un predio de su propiedad de más de 60.000 metros cuadrados. Para iniciar el plan, según 'Dinero.com', se debían adecuar las redes de servicios públicos, para lo cual las dos constructoras pidieron un préstamo de $1554 millones cada una ($3108 millones), a Progreso Corporación Financiera S.A., hoy propiedad de la Corporación Financiera Colombiana (Corficolombiana). Pero en el 2003, las dos constructoras encontraron que el monto de sus obligaciones con Corficolombiana se había triplicado. “Ya no debíamos $3000 millones, sino más de $8500”, dijo Jorge Hernán Londoño, socio de Owen Londoño, citado por 'Dinero.com'. Un perito contratado por las dos constructores sentenció: “Es evidente que la Corporación Financiera Colombiana está liquidando ilegalmente intereses sobre intereses, práctica que la llevó a cobrar por encima del límite legal e incurrir en el delito de usura”. 'Dinero.com' también cuenta que Pedro Nel Ospina, entonces presidente de Corficolombiana, se negó a conciliar con la constructora. Por el contrario, la Corporación decidió no prorrogar las obligaciones y, al mismo tiempo, ejecutar la garantía a su favor, que era el lote en el que se iba a desarrollar el megaproyecto de interés social (valor: 12.000 millones de pesos). Ahí comenzó una disputa jurídica en la que la empresa Owen Londoño pidió a la Superintendencia de Sociedades ser admitida en un proceso de reestructuración de la ley 550 (entonces vigente). Según Londoño, buscaban evitar que se vendiera el lote y presentar un plan de pagos a sus acreedores, incluida Corficolombiana. En mayo de 2004 la Superintendencia aceptó la petición. Con base en la ley 550, un promotor elegido por la Supersociedades asignó los derechos de voto así: Corficolombiana: 37,7 %; socios de Owen Londoño: 44 %; DIAN: 3,2 %; Tesorería Distrital: 9,8 %; resto de acreedores: 5,1 %. Pero Corficolombiana quedó inconforme con el porcentaje que les correspondió a los socios de la constructora Owen Londoño. Demandó la asignación de votos ante la Supersociedades y solicitó que se redujera el porcentaje de votación de Owen Londoño. En esos momentos, cuenta 'Dinero.com', apareció otro actor en la liza: Mauricio Fernando Rodríguez Agudelo -subdirector de la DIAN cuando esa entidad era dirigida por Pedro Nel Ospina-, que pagó acreencias por $2087 millones a favor de la DIAN y la Tesorería Distrital (las otras dos entidades que debían votar en el proceso de reestructuración). Desde ahí, Rodríguez se convirtió en el titular del 13 por ciento de los derechos de voto que, sumados con los de Corficolombiana, daban el 50,7 %. Al poco tiempo, Corficolombiana retiró la demanda que había presentado ante la Supersociedades sin esperar que fuera fallada.Londoño presentó su propuesta para que las partes la votaran, y dos días antes de que se venciera el plazo para firmar el acuerdo, Corficolombiana dio un sí condicionado: solo firmaría si Owen Londoño aceptaba pagar su deuda con la Corporación tal y como venía liquidando los intereses. Londoño se negó y la Supersociedades tuvo que decretar la liquidación obligatoria de la constructora. Ante esa situación, Owen Londoño decidió llevar su caso a la Fiscalía para que se investigara el origen de los dineros con los que Rodríguez Agudelo había saldado las acreencias con la DIAN y la Tesorería Distrital. Luego de llegar a la conclusión de que los dineros en mención eran de buena procedencia, el fiscal encargado del caso citó a Rodríguez Agudelo para oír su versión. “(...) Pedro Nel Ospina (...) me invitó a una reunión con el representante legal de Concecol (una sociedad 99 % propiedad de Corficolombiana), doctor Alberto Santana, en la que se me planteó la posibilidad de celebrar un contrato para adelantar gestiones de compra de deudas tributarias a cargo de la sociedad Owen Londoño”, relató Rodríguez bajo juramento, dice 'Dinero.com'. En ese contrato, de marzo de 2005, Rodríguez se comprometió a adquirir las deudas que Owen Londoño tenía con la DIAN (por impuestos sobre las ventas), y con la Secretaría de Hacienda de Bogotá (por impuesto predial). Rodríguez cumplió con lo pactado, pero aun así genera dudas a la Fiscalía: “Aún no tenemos claro, pero tampoco podemos descartarlo, que esta persona haya actuado como testaferro de la Corporación para lograr su cometido”, dijo uno de los investigadores del caso, según 'Dinero.com'. Pero la situación se agravó porque Martha Patricia Fandiño Arce, para la época vicepresidenta de Activos de Corficolombiana, señaló en una declaración ante la Supersociedades, como directos responsables de esta maniobra a Pedro Nel Ospina, Fernán Ignacio Bejarano (entonces vicepresidente de la Corporación), y a Alberto Santana, representante legal de Concecol. “Toda esta actuación fue conocida desde el principio por el comité de Presidencia de Corficolombiana”, dijo. Arnulfo Rojas Pascuas, superintendente delegado para los procedimientos mercantiles, asegura que Corficolombiana ejecutó maniobras fraudulentas para empujar a su contraparte (Owen Londoño), a la liquidación. “Enviar a liquidación obligatoria, de manera fraudulenta a la empresa, implica la eliminación de ésta como fuente de producción generadora de empleo, consecuencia que ignoró la citada corporación para hacer prevalecer únicamente su interés”, dice un aparte del auto número 155-016590 firmado por Rojas pascuas.

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