Fiscal dependería del Presidente de la República

Julio 28, 2010 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País

Sin consenso con las bancadas del Congreso y la Comisión de Empalme del Presidente electo Juan M. Santos, el Gobierno radicó el proyecto de reforma constitucional que busca modificar la manera de elegir al Fiscal General. Expertos dicen que la idea no es conveniente para Colombia en este momento.

Sin consenso con las bancadas parlamentarias del Congreso de la República y menos con la Comisión de Empalme del Presidente electo Juan Manuel Santos Calderón, el Gobierno Nacional radicó el proyecto de reforma constitucional que busca modificar la manera de elegir al Fiscal General de la Nación.La idea del proyecto es darle facultades especiales al Jefe del Estado para que designe al jefe del organismo acusador. A la vez sugiere crear la doble instancia para los funcionarios con fuero constitucional y crear una unidad especial de investigadores y acusadores que reemplace a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y que haría las veces de primera instancia.Expertos consultados por El País recordaron que en casi todos los países del mundo el Fiscal General forma parte del Ejecutivo y no de la Rama Judicial, pero señalan que la idea no es conveniente para Colombia en este momento.De hecho, durante la campaña presidencial Santos Calderón formuló esa propuesta, pero dejó en claro que sería a partir de 2014, para “evitar suspicacias” de que con el proyecto de reforma constitucional “se busque favorecer a altos funcionarios del actual Gobierno”.Con todo, los analistas expresaron opiniones divididas frente al tema. El senador Armando Benedetti, presidente del Congreso, es partidario de mantener el sistema de elección del Fiscal tal como está actualmente, aunque aclara que hará lo que decida su partido (La U), pues van a aplicar la ley de bancadas.Mientras, la senadora Alexandra Moreno, del Movimiento Mira, consideró que la propuesta “le quita independencia” al Fiscal General, en tanto que el senador Jorge Guevara, vocero del Polo Democrático, advirtió que con el nuevo sistema “el Gobierno de turno tendría un ‘fiscal de bolsillo’, y eso no le conviene al sistema judicial”.Otros voceros del uribismo, no obstante, vieron “viable” el proyecto aunque dijeron que hay que hacerle ajustes. Por ejemplo, el senador Juan Carlos Vélez lo respaldó, aunque dijo que el Presidente de la República debe elegir al Fiscal, pero de la terna de candidatos que envíe la Corte Suprema de Justicia.Entre tanto, el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, desestimó que el proyecto busque favorecer a miembros de la administración investigados por la Fiscalía. “Lo que busca es poner a la Fiscalía en el mismo lugar donde se encuentra en todos los países del mundo: en el Ejecutivo”, dijo.Otro experto, el ex vicefiscal Francisco José Sintura, se mostró de acuerdo con la reforma, aunque le formuló reparos en varios aspectos: que la Unidad Especial de Investigación y Acusación que investigaría a los aforados quede adscrita al Consejo Superior de la Judicatura “porque es un organismo político”, y que sus nueve miembros no pertenezcan ni al Gobierno ni a la Rama Judicial. “Debe gozar de plena autonomía”, explicó.El País habló con otros analistas jurídicos acerca de la polémica propuesta.“Me gusta el proyecto”: Carlos Eduardo Medellín Becerra, ex ministro de Justicia.¿Le gusta la propuesta del Gobierno?La veo con buenos ojos porque en todo el mundo la labor de investigación del delito siempre está en cabeza del Fiscal General, designado por el Presidente de la República. ¿El Fiscal debe pertenecer al Ejecutivo?Así ocurre en todas partes del mundo, porque la investigación de los delitos y la persecución de ellos pertenecen siempre al Gobierno, con ayuda de la Fiscalía General. El juzgamiento no, ese es un tema de los jueces y de la Rama Judicial.El proyecto crea una Unidad de Investigación y Acusación para aforados constitucionales. ¿Cómo la ve?Esa unidad especial de investigación es el reemplazo de la actual Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara que investiga a los funcionarios con fuero. Me preocupa la manera como se integrarían las ternas para elegir a sus nueve integrantes.¿Por qué?Que haya investigadores elegidos por el Presidente para que investiguen a los magistrados de la Corte, no me parece. Eso debería estar en manos de la Rama Judicial que es donde los altos funcionarios del Estado podrían tener mejores garantías. También se sugiere establecer la doble instancia para aforados constitucionales…Hay que garantizarlo. La doble instancia es un principio universal consagrado en la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano.“Una propuesta para el futuro”: Alfonso Gómez Méndez, ex fiscal General de la Nación. ¿Cómo ve la propuesta del Gobierno?Esa fue la propuesta inicial del gobierno de César Gaviria en la Constituyente: que el Fiscal dependiera del Presidente y que la Fiscalía se incorporara al Poder Ejecutivo. Me parece que la propuesta se puede analizar hacia futuro, no para la elección del próximo Fiscal General. ¿El Fiscal debe pertenecer al Ejecutivo?No para la Colombia de ahora. Es cierto que así está funcionando en muchos países, pero son sistemas y mentalidades distintas a las de Colombia. Es cierto que no debe haber desconexión entre el Presidente y el Fiscal porque ambos participan del diseño de la política criminal del Estado. Por eso se ha cuestionado tanto el sistema mixto que tenemos hoy.El proyecto plantea una Unidad Especial de Investigadores…Esa idea también se puede madurar. Lo claro es que hay que cambiar el sistema actual de juzgamiento de los altos funcionarios del Estado por parte del Congreso porque no funciona. Es mejor que el Congreso haga el juicio meramente político, pero no investigaciones penales. Ese sistema ha dado lugar a la impunidad con el Presidente, con los magistrados, con los aforados constitucionales, etc.¿Y la doble instancia?Eso sí es válido porque existe en todas partes, pero la oportunidad para presentarla era en 2005 cuando introdujeron el Sistema Penal Acusatorio, y en cambio dejaron en la Corte Suprema de Justicia el clásico sistema inquisitivo: investiga, juzga y condena.

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