Estos son los retos de la salud en Colombia

Estos son los retos de la salud en Colombia

Junio 15, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País
Estos son los retos de la salud en Colombia

La reforma ordinaria de salud, que todavía no ha pasado en el Congreso de la República, definirá cómo se aplicará todo lo que se aprobó en la Ley Estatutaria de Salud.

La Ley Estatutaria que avaló la Corte Constitucional confirmó la salud como un derecho fundamental. ¿Qué cambios introduce la norma que aún debe ser reglamentada?

Lo único que les interesa a los colombianos al momento de hablar del tema de la salud es que cuando pidan una cita médica, la EPS les responda rápido, y si acuden al médico, que los atiendan con prontitud. En teoría eso es lo que plantea la Ley Estatutaria de la Salud que recientemente recibió el aval de la Corte Constitucional. En pocas palabras, dijo que la salud de los colombianos es un derecho fundamental.¿Pero qué falta para que en la práctica eso sea una realidad?, que el Congreso apruebe la reforma ordinaria a la salud, que quedó aplazada para la próxima legislatura (empezará el 20 de julio). Algunos analistas dicen que la Ley Estatutaria trae muchos beneficios para los colombianos, pero a la vez grandes retos para el Estado, sobre todo en la parte financiera y ya algunos se arriesgan a decir que la salud requiere de $10 billones adicionales. Hoy, se invierte una cifra cercana a los $30 billones al año en el sistema. La Corte le hizo varios cambios a la Ley, los cuales a juicio de Jaime Arias, presidente de Acemi, (entidad que agrupa a las EPS), le dio muchos ‘dientes’ y obliga a que “el Gobierno la evalúe, reglamente y le ponga números a todo lo que se avaló”.El alto tribunal legaliza una situación que “ya se había impuesto de facto, en la que el Estado ofrece al ciudadano lo imposible: beneficios “sin restricción económica de ningún tipo”. Y por tratar de abarcarlo todo termina por incumplir, lamentablemente, las garantías más básicas”, explica Ramiro Guerrero, director del Centro de Estudios en Protección Social y Económica de la Salud (Proesa).Cálculos de Acemi indican que hay en Colombia unos 8000 procedimientos y medicamentos que hacen parte del Plan Obligatorio de Salud (POS), pero cada año el Invima aprueba unas 1000 tecnologías nuevas y eso puede ser un barril sin fondo si pensamos en cómo se financiará.Conseguir el presupuesto de todo lo que quedó avalado en la Ley Estatutaria parece ser la principal preocupación del sector. Sin embargo, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, afirma que los retos no solo vienen del campo económico, pues “estas nuevas reglas de juego obligan a crear consciencia entre médicos, industria, pagadores y prestadores sobre las tareas pendientes por hacer. La sostenibilidad económica y el derecho tienen que ser compatibles”.Sobre la Ley, Gaviria considera que es la “conquista más importante porque es la consagración de la salud como un derecho fundamental que permite una cobertura universal del sistema. No conocemos todo el fallo de la Corte Constitucional sobre esta Ley, pero lo que habíamos planteado es un espacio de dos años para crear los mecanismos de aplicación”, afirma.Para Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, la Ley que avaló la Corte Constitucional es diferente a la que aprobó el Congreso, ya que el Alto Tribunal le hizo cambios importantes en la redacción.“Quedamos medianamente tranquilos porque la tutela no se tocó, la Corte eliminó algunas frases y palabras que podían estar sujetas a interpretación para limitar los servicios y además se sobrepone el derecho de los colombianos a la sostenibilidad, es decir, que Estado tendrá que hacer el esfuerzo para financiar el sistema”, asegura. Sin embargo, insiste este directivo que la Ley Estatutaria otorga un marco general, pero el país debe hacer la reforma a la salud, que es la que dirá cómo se aplicarán estos cambios, de lo contrario, “mucho de lo que dice la Ley se puede quedar en el papel y no todo se resuelve a punta de decretos”, dice.Cálculos de Anif indican que llegar a una cobertura universal en salud implica un gasto adicional de $1,5 billones para el país y la homologación total de servicios POS, como lo avala la Ley Estatutaria, podría implicar un gasto de $4 billones para el 2015. Después de que se conozca en su totalidad el fallo de la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional debe iniciar la reglamentación de la Ley Estatutaria, donde posiblemente tratarán de poner algunos límites a ese acceso universal a la salud. Médicos tendrán más autonomía Germán Fernández, vicepresidente de asuntos gubernamentales de la Federación Médica Colombiana, considera que la Ley Estatutaria de Salud introduce aspectos muy positivos para los colombianos, pero no hace cambios en el negocio, es decir, la operación de las Empresas Promotoras de Salud, EPS. (estos cambios son los que deben plantearse en la reforma ordinaria, que se postergó para la próxima legislatura). Sigue la tutelaAl elevar la salud como derecho fundamental, se ‘legaliza’ la posibilidad de seguir utilizando herramientas como la tutela para proteger ese derecho. La Corte Constitucional en su fallo además dice expresamente “ que no se dará lugar a normas que menoscaben la acción de tutela”.Autonomía médicaEl Alto Tribunal garantizó la autonomía de los médicos, es decir, que estos profesionales podrán adoptar decisiones sobre el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes, sin presión de cualquier agente externo, incluyendo las mismas EPS. Para algunos analistas este punto genera polémica porque puede entenderse que los profesionales están en libertad de pedir todo lo que sea en materia de tecnologías, pero para el médico Germán Fernández, esto implica que los galenos deben autorregularse y mantener un concepto de ética profundo. Sin prebendasLa Ley Estatutaria prohibe la promoción u otorgamiento de cualquier tipo de prebendas a los profesionales y trabajadores de la salud en su ejercicio laboral (dinero o especie) por parte de proveedores y firmas farmacéuticas. Precios de medicamentosLa Ley Estatutaria de Salud le da un piso legal más firme a la política de control de precios de medicamentos y dice que el Gobierno debe regularlos, como ha venido sucediendo.¿Qué ganan los colombianos? Para los analistas, la Corte Constitucional emitió un concepto fundamentalista sobre la Ley Estatutaria de Salud. Es decir, ratificó que la salud es un derecho fundamental de todos los colombianos y por lo tanto se tendrá acceso sin restricciones a los servicios y medicamentos.La Corte eliminó prácticamente todos los elementos que podrían limitar los tratamientos, procedimientos y el uso de nuevas tecnologías. Jaime Arias, presidente de Acemi, explica que esto es muy bueno para los colombianos porque prácticamente el POS (Plan Obligatorio de Salud), se elimina y casi todo queda incluido, lo que ocurre en muy pocos países en el mundo. “La Ley Estatutaria en su inicio era algo muy neutro, pero la Corte le puso todos ‘los dientes’. Ahora pueden pasar dos cosas, que eso le salga muy costoso a la Nación, o que la norma no se cumpla, que es peor para los colombianos”, afirma.UrgenciasLa Ley Estatutaria y luego la Corte Constitucional ratificaron que no se necesitan autorizaciones para la atención de urgencias.Servicios sociales complementariosEl Gobierno buscaba que algunos servicios complementarios a la salud, por ejemplo, costos de transporte, cuando las personas no pueden pagar ambulancias o traslados, fueran asumidos por otras fuentes de recursos (diferentes al Estado). Sin embargo, La Corte Constitucional no avaló esta propuesta y por lo tanto, este tipo de servicios deben garantizarse.Nuevas tecnologíasLa Ley Estatutaria que aprobó el Congreso establece la posibilidad de no adquirir con recursos públicos tecnologías de dudosa efectividad, que no hayan sido autorizados por la autoridad competente o que tengan como finalidad un uso estético. En algunos países le corresponde al fabricante del medicamento demostrar que su beneficio justifica su precio y merece financiarse con recursos del contribuyente. La Corte Constitucional mantuvo este punto de exclusión y el Gobierno tendrá que reglamentar los casos en que sí se puedan financiar.

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