Estados Unidos ayudará a fortalecer política carcelaria en Colombia

El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, firmó con el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, un convenio que busca fortalecer, enriquecer y modernizar la política carcelaria, penitenciaria y los centros de reclusión en el país. 

Dentro de este convenio, los Estados Unidos brindarán asistencia técnica y económica durante la ejecución de este proyecto, que tendrá una inversión cercana a los 7,9 millones de dólares en los próximos cinco años para tal fin.

El Embajador Whitaker aseguró que en materia de justicia el gobierno de los Estados Unidos quiso apoyar a Colombia en el esfuerzo de fortalecer al sistema penitenciario.

“La Embajada proporcionará ayuda económica y técnica al Inpec. Buscamos garantizar que el sistema carcelario de Colombia cumpla con los estándares internacionales, por eso este convenio tendrá una duración de 5 años, su valor total es de 7,9 millones de dólares”, indicó Whitaker.

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El jefe de la cartera de Justicia dio a conocer los avances que ha tenido en materia penitenciaria. “Hemos querido ponerle fin a los problemas de salubridad, condiciones de infraestructura física, alimentación y salud de todos los establecimientos del país. Hicimos entrega del patio número Cinco de la cárcel de Bellavista en el que los internos tendrán condiciones dignas; actualmente se adelantan nuevas construcciones y nuevos cupos en Medellín, Girón, Ibagué, Tuluá, Espinal, Ipiales y Buga, con las que esperamos entregar entre 4500 y 5000 nuevos cupos”, dijo.

Otro de los importantes avances en esta materia, que se dieron a conocer durante el acto son: la transformación del Seminario Mayor de Yarumal (Antioquia) en un centro carcelario en el que aproximadamente 1000 detenidos puedan trabajar, estudiar y realizar actividades que contribuyan decididamente a su proceso de resocialización.

En cuanto a la atención en salud para los internos, más de 1200 profesionales en este tema se encuentran vinculados directamente al modelo carcelario. Además, se han adelantado 1947 brigadas de salud en las que se ha atendido a 73.222 internos.

El Ministro Gil insistió en la importancia de construir una política criminal coherente y transparente, para poder suplir los derechos de la población carcelaria.

“El Estado debe dignificar a los internos. Estamos en la obligación de respetar y garantizar los derechos de esta población, que paga sus deudas con la sociedad, por eso hago un llamado público a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, porque no voy a tolerar de ninguna forma que se lleguen a presentar privaciones de alimentación en los centros carcelarios”, puntualizó.