"Es tiempo de pensar en medidas drásticas contra la minería ilegal": Aurelio Iragorri

En una reunión, que busca determinar responsabilidades tras el derrumbe de mina ilegal en Santander de Quilichao, participan las autoridades locales, el ministro de minas, Amilkar Acosta, y el ministro del interior, Aurelio Iragorri.

Este miércoles, las autoridades de Santander de Quilichao y el ministro de Minas y Energía, Amilkar Acosta, firmaron unos acuerdos con las comunidades para plantear soluciones contra el problema social que se presenta en el sector a raíz de la minería ilegal tras la tragedia en la mina de la vereda San Antonio en la que murieron doce personas.A su llegada, el Ministro aseguró que "si en efecto la mina opera sin cumplir los requerimientos legales deberá procederse a hacer el cierre inmediato y esta acción corresponderá a las autoridades competentes”.Acosta explicó que se buscarán las responsabilidades de todos los actores en la tragedia para determinar qué paso y agregó que “no se descarta que se realicen investigaciones"."No puede ser que con los mineros enterrados, también se quede enterrada la impunidad", manifestó el ministro Acosta.Por su parte, el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, calificó a los dueños de los entables de la mina de San Antonio como asesinos por dar pie a la actividad minera en esa zona.Además aseguró que es tiempo de pensar en medidas drásticas que incluyan incluso dinamitar los sitios donde hay actividad minera no autorizada."Esa mina no puede seguir funcionando bajo ninguna circunstancia porque ya cobro la vida de personas y no cuenta con medidas de seguridad", dijo Iragorri.El comandante de la Regional 4 de la Policía, general Ómar Rubiano, aseguró que en lo corrido de este año se han decomisado 27 retroexcavadoras en los departamentos del Valle, Cauca y Nariño por ejercer minería ilegal, así mismo se ha logrado la captura de más de 50 personas por delitos ambientales.Además, el alcalde de Santander, Luis Eduardo Grijalba, dijo que la mina San Antonio quedó sellada por el momento y 250 policías están custodiando la zona para evitar que nuevamente entren baranqueros y operarios de maquinarias para realizar explotación minera.En un recorrido realizado por El País se pudo comprobar que la mayoría de entables fueron desmantelados por la misma comunidad al igual que los cambuches que se encontraban en la zona.De otra parte, la Gobernación del Cauca solicitó que se decrete la emergencia pública y ambiental en el departamento para poder intensificar las acciones de control al flagelo de la minería ilegal, que se ha tomado por lo menos ocho municipios del Cauca y el litoral Pacífico.Esa declaratoria según voceros de la Gobernación del Cauca deberá ser emitida por el Ministerio del Medio Ambiente o por la Corporación Autónoma Regional del Cauca, autoridad ambiental de ese departamento.El defensor del Pueblo, Fabricio Arredondo denunció que al parecer las máquinas que de San Antonio se estaban desplazando a las minas del municipio de Buenos Aires en inmediaciones del río San Miguel, por lo que pidió a las autoridades que se investigue la migración de las cerca de cinco máquinas.Igualmente, las comunidades reportaron la presencia de once retroexcavadoras en la cuenca del río Palo y río Tetas."Si las autoridades no toman decisiones concretas frente a esta problemática las comunidades indígenas, campesinas y afro tomaremos acciones por nuestra cuenta y responsabilizamos al Gobierno por lo que pueda pasar", dijo Feliciano Valencia, vocero de las comunidades en la mesa multisectorial y de comunidades del norte de Cauca.Las comunidades del norte del Cauca presentes en la reunión pidieron garantías sobre la erradicación de la minería ilegal y solicitaron que las máquinas de la zona no se retiren hasta que no se recupere ambientalmente.Victor Hugo Moreno, delegado de los concejos comunitarios del norte del cauca, también solicitó que se investigue y judicialice a los responsables del desastre y que se incaute la maquinaria. Planteó que éstas sean entregadas a las comunidades para realizar otros trabajos.Por último pidieron atención especial a las víctimas de la tragedia en la vereda San Antonio.El comandante operativo de la Policía del Cauca, el teniente coronel Mauricio Cárdenas, indicó que hay un dispositivo de 150 hombres en la mina para evitar que se presente más operación de las máquinas.La protesta que realizaron en la tarde del jueves los habitantes del vereda San Antonio en la la vía de acceso a la mina Agualimpia pidiendo la recuperación ambiental del terreno, fue levantada pasada la media noche.Cabe recordar que también los operativos de búsqueda fueron levantados el jueves tras confirmar que los cuatro cuerpos que faltaban por rescatar habían sido reportados por error.