Envían a la cárcel a los dos hombres detenidos por tragedia en Fundación, Magdalena

Al conductor del bus y al hombre que lo contrató se les imputó el delito de homicidio simple con dolo eventual en concurso homogéneo.

Un juez de control de garantías envió a la cárcel al conductor del bus y al abogado que lo contrató, señalados como los presuntos responsables de la tragedia registrada en el municipio de Fundación, Magdalena, que dejó 31 niños muertos. La decisión fue tomada en la noche del martes por el Juez Sexto Penal Municipal con función de control de garantías, quien acogió el argumento de la Fiscalía de que estas dos personas representan un peligro para la sociedad.El ente acusador, además, pidió que al conductor Jaime Gutiérrez Ospina y al asesor espiritual de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Manuel Salvador Ibarra, se les aplique la pena máxima de 60 años de cárcel por el delito de homicidio simple con dolo eventual en concurso homogéneo.El inicio de la audiencia en la que se decidió la medida de aseguramiento de estos dos hombres se vio retrasado por el paro judicial que se llevaba a cabo en Santa Marta.Sin embargo, Ricardo López, presidente de Asonal Judicial en Magdalena, aclaró que "teniendo en cuenta la magnitud de los hechos acaecidos en Fundación, en donde murieron varios niños, Asonal ha acordado facilitar los medios para la realización de la audiencia".A su llegada al lugar, el abogado defensor, Anibal Niño, afirmó que en este caso "no solamente es responsable el conductor. Tenemos que abrir el abanico para señalar otros culpables, como lo es el mismo Estado, al haber permitido que ese bus transitara por las calles de Fundación sin seguro obligatorio ni certificado de revisión tecnicomecánica". Agregó que por el delito solicitarían la detención domiciliaria. Sin embargo, al inicio de la audiencia se anunció que Niño ya no sería el abogado de los dos detenidos, sino los juristas Mauricio Ramírez Gaitán y Diego Duque Zuluaga, quienes señalaron que son conscientes de que sus clientes tienen un grado de responsabilidad en el hecho, pero que también son también tienen derecho a que se les aplique lo que contempla la Ley.