Entes de control están bajo el mando de los clanes regionales: estudio

Entes de control están bajo el mando de los clanes regionales: estudio

Enero 30, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País
Entes de control están bajo el mando de los clanes regionales: estudio

Informe de la Fundación Paz y Reconciliación señala que elección de contralores y personeros en el país sigue marcada por los intereses políticos.

Las contralorías locales y regionales   siguen estando  bajo el mando de los grupos  políticos, según se reveló en  un estudio de la Fundación Paz y Reconciliación.     El documento se conoció a raíz de que durante este mes los concejos y asambleas departamentales  eligieron a los   contralores, quienes  vigilarán la gestión fiscal y administrativa de los mandatarios  recién posesionados. La elección de estos jefes de los entes de control locales  y regionales cambió de manera drástica, ya que antes se hacía  de una terna integrada por los tribunales  Superior de Distrito Judicial  y Contencioso Administrativo.   Pero la Reforma de Equilibrio de Poderes, aprobada a mediados del año pasado, introdujo la figura de ‘meritocracia’, es decir que ahora debe hacerse mediante concurso público. En la  investigación de la Fundación Paz y Reconciliación se  estableció que “los organismos de control están bajo el mando de los clanes regionales y en el bolsillo de los mandatarios locales y regionales”. El informe destaca  que la Procuraduría General de la Nación ha abierto 135 investigaciones relacionadas con procesos de elección de contralores. Y agrega que la elección de los máximos jueces del control fiscal y administrativo “ha estado marcada por el interés de políticos” que buscan favorecer sus intereses personales y “bloquear y limitar las posibles investigaciones sobre la gestión de las administraciones departamentales y municipales”. Según Paz y Reconciliación, en varios departamentos de la Costa Atlántica los clanes políticos “se las ingeniaron para burlar y corromper” la elección de contralores y personeros, aplicando la figura de “yo te elijo, tú me cuidas”. Esto,  debido a que “la elección (de jefes de los entes de control) se mantiene en los concejos  y las asambleas departamentales, factor que permite la injerencia de los políticos” tradicionales de cada región. Entre los casos que han alertado a las autoridades se pueden destacar la elección de Emilio Otero, en Córdoba; César Cerchiario, en Cesar; Ricardo Salinas, en Magdalena; Miguel Arrázola Sáenz, en Sucre, y Edilberto Pava Ceballos, en Tolima. En el primero de los casos, Otero fue elegido contralor de Córdoba por unanimidad (13 votos) por la Asamblea de ese departamento, después de desempeñarse durante 10  años como secretario del Congreso, tiempo durante el cual “acumuló diez denuncias penales y disciplinarias documentadas”, aunque dice que “ninguna avanzó, pese a la rigurosidad de las pruebas”. Agregó que actualmente es reconocido hombre de confianza de la red política de Bernardo ‘El Ñoño’ Elías. “El escándalo inició desde que la Asamblea decidió contratar el proceso de evaluación con la Corporación Unificada de Educación Nacional, CUN, que suscribió contratos por $56.000 millones a manos de la administración de Alejandro Lyons, aliado de Musa Besaile, y de Bernardo Elías, de quien además es cuñado”, dice la investigación de Paz y Reconciliación. Esto ocurrió, añade la investigación, a pesar de que en diciembre pasado la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República advirtió sobre los intereses que tenían dirigentes políticos de contratar con esa universidad y verse favorecidos, como justamente sucedió. En Cali El personero de  Cali ya  fue escogido el pasado 10 de enero por los 21 integrantes del  Concejo, que a su vez se posesionaron el 1 de enero.La escogencia recayó sobre Héctor Hugo Montoya Cano,  quien asumirá el cargo el próximo 1 de marzo. Según se indicó, su elección corresponde a  los resultados obtenidos en la evaluación hecha por la Universidad del Valle, encargada del proceso de selección de los candidatos elegibles. En el caso de la Contraloría Municipal,  el elegido, también por el Concejo de Cali y el mismo día, fue Ricardo Rivera Ardila. Su escogencia estuvo rodeada de dudas acerca  de una posible inhabilidad para ejercer el cargo, pero el nuevo jefe del organismo de control lo desvirtuó. El caso de Bogotá  Aunque no forma parte de la investigación de Paz y Reconciliación, se pudo establecer que hay un vacío jurídico que podría complicar la elección del Contralor y el Personero de Bogotá.  Todo se debe a que la reforma constitucional de Equilibrio de Poderes estableció que el Congreso de la República debe aprobar una ley reglamentando la manera en que el Concejo  Distrital debe realizar el concurso público de méritos para elegir a esos dos funcionarios, norma que hasta el momento no existe. En ese caso, el alcalde Enrique Peñalosa tendría que designar en esos cargos funcionarios  encargados mientras se resuelve el enredo jurídico. Tradicionalmente, esas elecciones comienzan a perfilarse desde el 1 de febrero, cuando se inician  las secciones del Concejo de Bogotá. El actual contralor de la capital de la República, Diego Ardila, termina su periodo el próximo 14 de febrero, mientras que el del personero Distrital, Ricardo Cañón, finaliza el 29 del mismo mes. De otra parte, el informe de la Fundación  Paz y Reconciliación indica que en el departamento de Sucre el contralor resultó ser Miguel Arrázola Sáenz, exbogado de confianza  del actual gobernador Édgar Martínez en un proceso civil de octubre pasado.

 

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