“En un Estado que funcione no se necesita la tutela”: Gómez Méndez

Abril 20, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Fenner Ortiz R. | Reportero de El País, Bogotá
“En un Estado que funcione no se necesita la tutela”: Gómez Méndez

El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez.

El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, habla de la reforma a la rama que prepara el Gobierno.

Sin rodeos, franco y con palabras agudas, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, habla de la situación de la rama, de la que reconoce que aún tiene problemas que requieren de atención inmediata, por lo que da algunas pinceladas de lo que será la próxima reforma de la justicia.En sus palabras se advierten algunos aguijones para diversos sectores del país, tanto que asegura que hay muchos avances que se han obtenido en materia de descongestión y que “no siempre se registran como corresponde”. Insiste en que la situación de la justicia es mucho mejor que en otros tiempos, pero “claro que la ciudadanía, aquí como en todas las partes del mundo, quiere una mejor justicia, pero no creo que sea el momento de seguir dándonos látigo de decir que la justicia no funciona” y enfatiza: “Siempre es el estribillo de la crisis en la justicia, impunidad, pero resulta que cuántos países en América Latina quisieran tener un poder judicial independiente como el de Colombia”.Usted asegura que el estribillo es que hay crisis en la justicia, pero ¿cómo enviarle un mensaje al ciudadano cuando el mismo Presidente dice que la prioridad es reformarla?Aquí la gente cuando se habla de reforma a la justicia, en lo que piensa es en la cúpula, es decir cómo se nombran y las facultades de los magistrados y en eso hay que trabajar y lo estamos haciendo. Nosotros estamos preparando un documento que se le va a presentar al país. Hay varios aspectos, por ejemplo, la elección de los magistrados, quitar ese cedazo del paso por el Consejo Superior de la Judicatura para hacer las listas; aumentar la edad de retiro forzoso pero también de ingreso, y sobre todo quitarle todas las funciones electorales a las altas cortes para que puedan dedicarse a lo que hacen los magistrados y jueces en todo el mundo que es fallar; que haya una doble instancia para todos los funcionarios incluidos los congresistas; modificar todo el sistema de juzgamiento de los llamados aforados que nunca ha funcionado en Colombia. Lo que se observa es que retoman elementos de la fallida reforma a la justicia de hace un par de años...Sí. Hay que decir que no todo lo que había allí era malo. Acuérdese que allí se acababa con el Consejo Superior de la Judicatura, se establecía la doble instancia, nosotros estamos pensando en otra forma de establecerla. Hay que recordar que lo que molestó al país y lo que generó que el Presidente no publicara ese acto legislativo fue el hecho de lo que ocurrió al final, cuando el país percibió que había una especie de intercambio entre magistrados y congresistas de las reuniones que se hicieron en casas particulares y que deslegitimaron esa reforma.¿Hay propuestas para los organismos de control?Primero, tenemos que rediseñar todo este sistema para que no haya tanta duplicidad de funciones. Aquí por un mismo hecho interviene la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Defensoría. Creo que hay que determinar competencias.Y, ¿en materia de elección de los titulares de esos organismos?Creo que, por ejemplo, lo del Procurador. Aquí funcionó muy bien en una época el mecanismo de que el Procurador lo nombraba la Cámara de Representantes de una terna que enviaba el Presidente, pero como decía López Pumarejo nosotros los colombianos somos a veces muy dados a cambiar lo que ya funciona como el conocido cuento del colombiano que dice que ya que está tan buena la fiesta, pues vámonos para otra parte. Aquí prácticamente no hubo escándalos, tengo que hacer mi excepción porque fui Procurador, pero ninguno de los elegidos con ese sistema ni terminó en la cárcel ni procesado ni protagonista de grandes escándalos ni utilizó el cargo para hacer política. En el caso del Fiscal, el Presidente es el rector de la política criminal y si aquí supuestamente impusieron un sistema acusatorio, cosa que no es realmente cierta, en los países con este sistema puro, al fiscal lo elige el Presidente, pero como tenemos ese híbrido, creo que las opciones serían que la Corte haga una lista y que dentro de este grupo escoja el Presidente. Para el Contralor debería ser por méritos como ocurre en Francia y lo puede escoger el Congreso.Con la última experiencia del alcalde Petro quedó en evidencia el uso que se le da a la tutela. ¿Cómo meter en cintura este ejercicio?Ahí toca andar con mucho cuidado porque si uno plantea reglamentar la tutela inmediatamente le dicen quieren acabarla, quieren acabar con el mecanismo que le ha permitido a muchos colombianos salvar su vida, cosa que es cierta, ya que de otra manera no hubieran logrado tratamientos médicos, situación que es absurda además porque es que en un Estado que funcione no se necesita la tutela para eso. El día en que el Estado funcione de verdad, cada vez la tutela va a ser menos necesaria. Lo que ocurrió es que la hemos ido desnaturalizando y lo que era un mecanismo excepcional se convirtió casi en el sustituto de todo un sistema judicial. La tutela la están utilizando, inclusive, los más poderosos cuando fue concebido para los menos favorecidos, fue un derecho de amparo como se conoce en México. Hay que volver a la razón de ser de la tutela, eso sí teniendo claro que se mantiene. En lo penal hay casos famosos que desnudan falencias de la justicia...He sido un crítico de la forma como se implantó el sistema acusatorio y creo que esos casos han puesto, como usted dice al desnudo, porque el sistema fue mal concebido y probablemente esos casos que se queja la gente ponen en evidencia esto. El más significativo con que arrancó el sistema acusatorio fue Jamundí, en el que miembros del Ejército mataron policías, pues ese el que era para mostrar duró cinco años para resolverse, cuando en teoría debió resolverse en seis meses o un año. ¿O sea que hay que replantear el sistema penal acusatorio?Lo he dicho en varios escenarios que los resultados están a la vista, vemos el caso del carrusel de Bogotá, en el que salvo los casos de confesión en los que hay sentencias, el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno lleva tres años y todavía creo que van a elegir un nuevo alcalde y no se ha resuelto el caso, cuando en el sistema anterior se hubiera podido resolver de otra manera, pero eso es una discusión mucho más de fondo.Con todo este panorama y con el hecho que habrá justicia transicional en el país si se firma el proceso de paz con las Farc ¿cree que la gente confiará en la justicia y se garantice que no habrá impunidad?Creo que se están diseñando todos estos instrumentos jurídicos, no se ha expedido la ley estatutaria que depende de las conversaciones de La Habana. Creo que sí vamos a tener una justicia confiable, entre otras cosas el concepto de justicia transicional apunta a eso, a que se hagan unas concesiones temporales, no es que vamos a tener justicia transicional permanente, sino para un periodo determinado a partir del cual entran a funcionar plenamente los mecanismos de la justicia confiable y estable. Pero, así se planteó Justicia y Paz y se ha prorrogado varias veces...Sí, pero yo fui uno de los críticos de ese proceso de Justicia y Paz, de manera que no me está diciendo nada nuevo (risas).¿Entonces, se podría decir que con este escenario el país camina hacia una Constituyente?Ahí sí se preguntaría uno como Echandía ¿la constituyente para qué? Dígame cuál es la norma de la Constitución de hoy que impide que se aplique la justicia, cuál es la que impide que se luche contra la corrupción, o qué norma falta en la Carta para que se combata a los depredadores del erario público. No sé qué pase en las conversaciones de La Habana, pero creo que el país se debe sacudir del fucú de creer que todo se resuelve cambiando la Constitución.En el interior del aparato judicial hay quejas que apuntan que no tienen presupuesto, falta tecnología, personal. ¿Cómo satisfacer estas necesidades?Creo que, desde luego, el problema puede ser presupuestal, pero no es lo único. Uno podría comparar los presupuestos de la justicia de hoy con la de hace unos años. Un ejemplo, hace tres años se le dieron al Consejo de la Judicatura para las salas de audiencia para poner en funcionamiento plenamente el Código General del Proceso, duraron tres años y no lo hicieron. De manera que el problema no es solamente plata, es de gestión. Hoy hay recursos para la digitalización, para aplicar la tecnología, pero no ha cambiado la mentalidad. Es un problema de mentalidad que no se cambia ni con plata ni cambiando la Constitución.

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