¿En qué consiste el fallo que revivió la sala de la Judicatura?

Junio 03, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País y Colprensa
¿En qué consiste el fallo que revivió la sala de la Judicatura?

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura maneja los recursos asignados a la Rama Judicial para su funcionamiento e inversión.

Corte aclaró que Congreso puede modificar la Constitución, pero sin suprimir ejes de la Carta. Qué cambia con la sentencia.

El fallo de la Corte Constitucional, que revivió de manera parcial al cuestionado Consejo Superior de la Judicatura, ha generado polémica y rechazo en el Congreso y en el Gobierno, que estiman que la Corte está coartando la función que tiene el Legislativo para modificar la Constitución.

Pero, ¿qué fue lo que falló la Corte y por qué? El País explica en qué consiste la decisión y cómo quedará  el funcionamiento y administración de la Rama Judicial, que tiene un presupuesto de $3,2 billones. Lea también: ¿Se excedió la Corte Constitucional al revivir la sala de la Judicatura?

En esencia, la Corte señala que el nuevo esquema de Gobierno de la Rama, que creó la Reforma de Equilibrio de Poderes, generó una fractura en el autogobierno de la Rama y creó interferencias externas.

El Consejo Superior de la Judicatura es una corporación creada en la Constitución de 1991 y está compuesto por dos salas: Administrativa y Disciplinaria. La primera se dedica al manejo de los recursos asignados a la Rama Judicial, tanto para su funcionamiento como para inversión. 

La segunda lleva  los procesos disciplinarios en contra de jueces, magistrados y abogados por casos de corrupción, demoras judiciales, entre otros. 

Esta sala fue cuestionada por escándalos de corrupción, como la existencia de un carrusel de pensiones, que consistía en ubicar a personas próximas a pensionarse en cargos auxiliares para que pudieran obtener una millonaria pensión. Tuvo integrantes cuestionados como Henry Villarraga, quien renunció luego de conocerse vínculos con el coronel Róbinson González, procesado por ‘falsos positivos’.

La reforma cambió el sistema de Administración y Gobierno de la Rama Judicial, acabando al Consejo Superior de la Judicatura y reemplazando la Sala Administrativa por el Consejo de Gobierno Judicial, y la Disciplinaria con la Comisión Nacional de Disciplina. 

El primero, junto con la Gerencia de la Rama, iba a encargarse de las funciones de gobierno y manejo, e iba a estar integrado por los presidentes de las altas Cortes, representantes de los empleados y de los jueces y tres expertos académicos. 

La Comisión de Disciplina se limitaba a los procesos disciplinarios de los jueces y magistrados (ya no de abogados) y perdía las funciones de llevar tutelas.

¿Qué estudió la Corte?

Una demanda que presentó el abogado Carlos Santiago Pérez Pinto contra los artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 26 de la Reforma de Equilibrio de Poderes, que señalaba que toda esa nueva estructura había sustituido pilares de la Constitución de 1991.

¿En qué consiste la decisión de la Corte?

La   Corte expidió la sentencia C-285 de 2016 en la que anula buena parte de esa reforma. Primero, tumbó el Consejo de Gobierno Judicial, dejó viva la Sala Administrativa y le dio dos nuevas funciones: hacer las listas de nombres de los cuales se nombrarán a los integrantes de la Comisión Nacional de Disciplina y de la Comisión de Aforados, que fue la que reemplazó la cuestionada Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para el juzgamiento de altos funcionarios del Estado.

¿Con qué argumento?

Ayer,  la Corte expidió el comunicado oficial sobre su decisión. Allí dejó en claro que en su criterio ese nuevo esquema institucional “implica una sustitución parcial de los principios de separación de poderes, autonomía e independencia judicial que encuentran expresión en el modelo de autogobierno judicial previsto por el constituyente de 1991”.

A juicio de la Corte, sí, se excedió en sus funciones. En su criterio, el Congreso puede introducir modificaciones al esquema de autogobierno judicial previsto en la Constitución e incluso puede suprimir órganos si lo estima necesario, pero esa potestad “no lo habilita para sustituir o suprimir los principios básicos, que se consideran ejes axiales de la Constitución de 1991”.

¿Puede el Congreso modificar la Constitución de 1991?

Sí. En este caso específico, la Corte señaló ayer que “el Congreso conserva plena competencia para reformar funciones y órganos de la Rama Judicial, mediante Actos Legislativos, siempre y cuando respete los principios definitorios de la identidad de la Constitución de 1991”.

¿Y, entonces, qué fue lo que se hizo mal?

Para la Corte el principio de autogobierno es un componente estructural de la Rama Judicial, encargado de gestionar el funcionamiento de la misma y es un presupuesto de la independencia de los jueces y por esa razón no puede ser suprimido.  

¿Qué estaba mal con el Consejo de Gobierno?

Para la Corte, la Reforma de Equilibrio de Poderes creó un nuevo esquema que “impide la gestión autónoma de la Rama Judicial, porque se institucionalizó un esquema de interferencias internas y se produjeron fracturas dentro de este organismo y (…) se asignaron roles de gobernanza a actores que cumplen fundamentalmente funciones jurisdiccionales, y se introdujeron dinámicas corporativistas y gremiales en el funcionamiento de estos organismos”.

¿Ese consejo estaba mal creado?

Para la Corte, este modelo era disfuncional. En su criterio, la participación de los funcionarios y empleados de la Rama en el Consejo de Gobierno generaba una incompatibilidad entre sus roles de jueces y las nuevas tareas administrativas. Igualmente, estimó que se incorporaron dinámicas gremialistas y corporativistas y que el alto nivel de rotación de quienes integran el Consejo de Gobierno Judicial, lo “hacen inoperante”.

¿Qué dijo la Corte sobre la Sala Disciplinaria?

La Corte explicó que en este caso no se pronunció de fondo, porque la demanda del abogado Pérez no formuló acusaciones específicas en contra de este ente.

  “No hay Reficares” El presidente  del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado José Agustín Suárez Alba, defendió la  Corporación y la Sala Administrativa, tras  las críticas porque la Corte Constitucional reversó su eliminación. Indicó que en  las críticas y escándalos de la Sala Disciplinaria de la Judicatura tienen también responsabilidad quien se encargaba de proponer los nombres para que el Congreso eligiera a sus magistrados: el Presidente de la República. También   cuestionó los intentos  que se han hecho  para acabar la Judicatura y tras enumerar las inversiones realizadas en  el sector justicia,  aseguró que  en  la Rama Judicial no ha habido  escándalos como el de Reficar. ”En lo que sí  puede competir la Rama Judicial es que en su seno nunca ha habido ‘Reficares’ o ‘Termoríos’. ¿Cuál es el afán de acabar con esa transparencia en la justicia de Colombia?, aseguró. Agregó que  en la  Sala Administrativa  “se necesitan algunos cambios pero ninguno de ellos requiere manoseo de la Constitución sino por vía de ley estatutaria”.
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