En medio de polémica, fuero militar pasó última prueba en el Congreso

Pese a las críticas, el proyecto fue aprobado anoche con 54 votos a favor y 5 en contra. Tras publicación, se deberá reglamentar.

Tras un año de discusión, anoche, en la plenaria del Senado se aprobó en último debate (el octavo por tratarse de una reforma constitucional) el proyecto que fijará las reglas de juego para la figura del fuero militar. La iniciativa, que estuvo rodeada de críticas, tuvo 54 votos a favor y 5 en contra en una jornada donde la oposición hizo duros cuestionamientos. Entre los aspectos que se destacan está el artículo que fija un año de plazo para que la Fiscalía General y la Justicia Penal Militar se pongan de acuerdo en qué procesos asumen la una y la otra. La posición de ONG internacionales, que aseguraron que la normatividad abría el camino a la impunidad en delitos que cometen miembros de la Fuerza Pública, especialmente los ‘falsos positivos’, fue rechazada por el Gobierno y el Congreso, que coincidieron en que Colombia tiene autonomía legislativa y que no se iba a permitir la injerencia de agentes externos para influir, de alguna manera, en las decisiones internas del país.El ministro del Interior, Fernando Carrillo, dijo que para la aprobación del fuero militar se acudiría a la figura de la “soberanía legislativa”, la cual está por encima de los conceptos de organismos de derechos humanos y las ONG porque deja clara la independencia del Congreso para legislar.El coordinador de ponentes, Juan Manuel Galán, dejó claro que una cosa es aplicar el fuero militar en tiempos de paz y otra en medio de un conflicto, porque en este escenario se aplica el Derecho Internacional Humanitario, por lo que de inmediato le envió un mensaje directo a los críticos: “Este no es un proyecto para la impunidad y no estamos legislando para ello, además no aceptamos que ONG vengan, al último debate a decirnos cómo legislar. No hemos pensado ni legislado de mala fe ni tampoco estamos garantizando la impunidad ni los falsos positivos”.En un sentido similar se manifestó el senador Juan Carlos Vélez, quien enfatizó que no permitía que a los miembros de la Fuerza Pública se les tildara de delincuentes y acusó a José Miguel Vivanco, director de Human Right Watch -quien criticó severamente el proyecto-, de entrometerse en asuntos internos de Colombia y lo conminó: “Por qué no le dice a Estados Unidos lo mismo que hace en Colombia, porque en esa Nación no hay fuero, cualquier delito de un militar se va a la justicia penal militar”.Luego de la aprobación, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que “esta no es una reforma hecha en cuarteles o a manteles. Es un esfuerzo serio de una comisión de conocedores del tema. Seguridad jurídica, sin impunidad, eso es lo que redondea este proyecto”, acotó, al reconocer la labor del Congreso cuando dijo que “fue responsable y no le pupitreó este proyecto al Gobierno, lo hicieron con detalle y muchos debates”.El debateLa iniciativa contó con el apoyo de las bancadas de la Unidad Nacional y la oposición del Polo, que denunció que se estaban cometiendo irregularidades en su trámite.Sobre este aspecto, el senador Parmenio Cuéllar dijo que temas de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario no se pueden entregar para juzgamiento de la Justicia Penal Militar, debido a que eso “está proscrito en los tratados internacionales”.Agregó que “es equivocado hacer un índice de delitos en la Constitución porque eso se trata en leyes estatutarias” y alertó que el tema de las ejecuciones extrajudiciales no son falsos positivos, debido a que esa figura solo existe en países donde hay pena de muerte y en Colombia esto no se aplica.Otro que lanzó críticas fue el senador Luis Fernando Velasco, quien alertó sobre una inconstitucionalidad en el proyecto cuando en la norma se vinculan delitos. Dijo que “es del resorte de una ley estatutaria” y calificó el hecho como “un yerro del tamaño de un estadio”.En el debate, el senador ponente Armando Benedetti propuso que el acto legislativo solo entre en vigencia hasta que “se haya tipificado la ejecución extrajudicial”. Explicó que este delito no existe, lo que repercutirá en que las defensas de los uniformados van a solicitar que se devuelva a la justicia penal militar “y es altamente riesgoso”. Esta propuesta fue negada por la plenaria.Sin embargo, en el artículo primero se determinó en un parágrafo transitorio que el Tribunal de Garantías Penales solo empezará a ejercer las funciones, una vez entre en vigencia la ley estatutaria que lo reglamente.Cinco aspectos clave1. Fondo de Defensa: la reforma crea un fondo destinado a financiar el Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la Fuerza Pública.2. Fuero carcelario: los miembros de la Fuerza Pública con detención preventiva estarán en centros de reclusión especializados. Además, cumplirán la condena en centros penitenciarios y carcelarios para la Fuerza Pública.3. Actualización de procesos: la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Justicia Penal Militar, contará con un periodo de un año para identificar todos los procesos que se adelantan contra los miembros de la Fuerza Pública, y trasladar a la Justicia Penal Militar aquellos donde no se cumplan los supuestos para la competencia de la jurisdicción ordinaria.4. Leyes Estatutarias: se propone la presentación de proyectos para la elección de los miembros del Tribunal de Garantías, así como su funcionamiento y organización; la armonización del DIH y el Derecho Penal interno para los delitos que deben ser juzgados por la justicia ordinaria y por la penal militar; la creación de una Comisión Mixta; las garantías de autonomía e imparcialidad de la Justicia Penal Militar.5. Facultades al Presidente: se prevé facultar por tres meses al Presidente de la República para expedir los decretos con fuerza de ley necesarios para poner en marcha el Fondo de Defensa Técnica y Especializada que se crea.Los puntos polémicos1. La exclusión de los delitos que cometan los uniformados y que irán a la justicia ordinaria (genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada, tortura, violencia sexual ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado) generaron críticas al interior del Congreso, debido a que se alertó que no se puede elevar a rango constitucional cualquier tipo de conducta punible.2.. La creación del Tribunal de Garantías, el cual “tendrá la competencia de servir de juez de Control de Garantías en cualquier investigación o proceso penal que se adelante contra miembros de la Fuerza Pública". Además, "se encargará de dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Penal Militar”. En este punto se dijo que se viola el derecho de la igualdad porque este beneficio constitucional, según senadores, debe ser para todos los colombianos y no solo para los militares.3. La Comisión de verificación mixta, la cual “ayudará a que se determine si el delito se cometió en ejercicio de los deberes constitucionales”. Aquí, el senador Luis Fernando Velasco dijo que esta figura tiene que surgir en una ley estatutaria y no por norma constitucional.