En algunas regiones del país hay pico y placa para alimentación escolar: Procuraduría

Ministerio Público y Gobernadores expresan preocupación por irregularidades en la alimentación de niños. Piden mesa de concertación con el Gobierno Nacional.

[[nid:460224;http://contenidos.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/563x/2015/09/estudiantes-menores-734.jpg;full;{Archivo El País}]]

La gravedad en las irregularidades del Programa de Alimentación Escolar, PAE, ahora convocó a los gobernadores de todo el país, quienes expresaron preocupación sobre el tema y denunciaron la falta de recursos para la operación del mismo.

Además, la Procuraduría reveló que el panorama es tan complejo, que en algunas regiones del país los niños son víctimas de un 'pico y placa', pues un día come uno y otro día come el otro.

Estas denuncias se conocieron durante la cumbre extraordinaria de la Federación Nacional de Departamentos, FND, en la cual los mandatarios le pidieron al Gobierno Nacional que se conforme una mesa de diálogo y concertación para solucionar las irregularidades del PAE.

La sesión fue convocada por la presidenta de la FND, Dilian Francisca Toro, y el director Ejecutivo de la Federación, Amylkar Acosta,  quienes manifestaron públicamente  por parte de los 32 mandatarios departamentales su compromiso de hacer parte del frente común de lucha contra las mafias de la alimentación escolar, liderado por el Ministerio de Educación, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, en defensa de los derechos prevalentes de los niños y niñas del país.

"Buscamos soluciones inmediatas a las debilidades detectadas en todos los actores involucrados con la operación PAE, y ponemos a su disposición una Mesa de Trabajo Regional PAE para analizar los hallazgos de la Contraloría y las debilidades detectadas por parte de todos los actores del programa, que en criterio de dicha entidad, generan que no se hayan cumplido los objetivos del programa", manifestaron los gobernadores en un comunicado.

Indicaron que el objetivo es establecer una política pública de alimentación escolar mediante la sanción de una Ley de la República que institucionalice ésta como un asunto de interés nacional y ayude a garantizar los derechos de los niños, con la financiación suficiente para que sea viable y sostenible.

Por ello, “llaman urgentemente la atención del Gobierno Nacional para garantizar la transferencia de recursos de manera oportuna y suficiente para mantener las coberturas actuales y avanzar hacia la universalización con los estándares de calidad para continuar con la operación del programa”. Sin embargo, el encuentro que se organizó con la intención de tratar el tema con la ministra Gina Parody, no cumplió totalmente su objetivo pues la jefe de cartera no asistió a la reunión. 

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, explicó que el año pasado se giraron $800 mil millones para el programa y este año solo $400 mil millones. Dijo que esta preocupación se le manifestó al presidente Juan Manuel Santos en la Cumbre de Gobernadores de Villavicencio,  y él adicionó 170 mil millones al programa.

"Es decir, a las regiones nos dieron un programa desfinanciado. Como está desfinanciado, empezamos hacer los convenios, las urgencias manifiestas, porque nos dejaron sin vigencias futuras, y contratamos casi que con los mismos que contrató el Ministerio el año anterior", indicó la gobernadora Toro en diálogo con Blu Radio.

"Hoy no estamos dando cobertura de alimentación a todos los niños porque no nos alcanzan los recursos. Necesitamos que por lo menos nos transfieran los recursos que se daban el año pasado para financiar el programa", reiteró.

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Pico y placa de alimentación

La procuradora delegada para la Infancia, Adolescencia y Familia, Ilva Myriam Hoyos, participó de la cumbre extraordinaria y  reiteró las críticas que ha venido haciendo el Ministerio Público en las últimas semanas sobre el programa.

“En el 2013 enviamos el primer comunicado advirtiendo al presidente de la República, Juan Manuel Santos, sobre las falencias jurídicas, financieras, organizacionales, administrativas y presupuestales del PAE; y en el 2014, conjuntamente con junto la Contraloría, volvimos a pronunciarnos, sin que tuviéramos respuesta en una y otra ocasión.

Sentimos que hay un silencio de parte del gobierno en este tema, podemos hablar de “un silencio de los inocentes, porque termina afectando los derechos fundamentales de los niños”, comentó la procuradora.

Precisó que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1852 del 16 de septiembre de 2015, con el cual buscaba reglamentar el PAE, delegando en las gobernaciones y alcaldías la responsabilidad de desarrollar el programa, sin que tuviera en consideración las recomendaciones sugeridas por las administraciones regionales.

“Actualmente el programa es insostenible e injusto. Esto implica una vulneración a los derechos fundamentales de los niños, quienes son los directos afectados. Requerimos una revisión total del programa”, añadió la procuradora delegada.

“El PAE está pensado para otorgar el 50 % de las calorías que necesita un niño. Pero algunas regiones solo pueden dar desayuno o almuerzo. Se está brindando realmente entre el 20 y 30 % de lo que necesitan”, advirtió.

En diálogo con varios medios de comunicación, la procuradora dijo que los niños son víctimas de un pico y placa, porque "un día come uno y otro día come el otro". 

“Aquí hay un tema ético y de responsabilidad constitucional sobre la protección de los derechos. El programa debe ser reevaluado y acordado por todas las entidades que les corresponde, no solo por el Ministerio de Educación”, aseguró la procuradora.