"El país no puede detenerse por cuenta de las elecciones", dice Gobierno

Marzo 31, 2015 - 12:00 a.m. Por:
ElPaís.com.co | Colprensa

La iniciativa de eliminar la ley de garantías podría ser incluido como un artículo del Plan Nacional de Desarrollo. La propuesta ha generado polémica entre los sectores políticos del país.

Aunque la propuesta del presidente Juan Manuel Santos, de presentar un proyecto al Congreso de la República para eliminar la Ley de Garantías, recibió el apoyo de alcaldes y gobernadores, sectores políticos cuestionan la iniciativa, pues aseguran que más que destrabar proyectos, se trata de un ‘dulce’ a mandatarios locales en época electoral. 

Aunque aún no se conoce el texto del proyecto, fuentes del legislativo aseguran que el Gobierno estudia la posibilidad de que la iniciativa no sea planteada como un proyecto de ley, sino que se incluya como un artículo del Plan Nacional de Desarrollo.

Por su parte, el Gobierno Nacional argumenta que dicha ley, la 996 de 2005, fue expedida para reglamentar la elección presidencial, enmarcada en la reelección inmediata de quien resultara electo. 

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En ese sentido, la medida pretende garantizar igualdad en las condiciones entre los candidatos, reglamentar la participación en política de los servidores públicos y fijar garantías a la oposición, prohibiendo a gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas, celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos en el mismo periodo. 

 

“El Ejecutivo considera que la ley es anacrónica, que el país no puede detenerse por cuenta de las elecciones y que los colombianos deben confiar en sus organismos de control”, argumenta el ejecutivo.

De acuerdo con información oficial, mantener la ley en elecciones frenaría obras de infraestructura e interrumpiría la administración pública en las regiones, obstaculizando convenios interadministrativos que permiten la cofinanciación de las obras de interés nacional. 

“Si no se toma una medida respecto a la Ley de Garantías, gobernadores y alcaldes tendrán dificultades, en la recta final de sus gobiernos, para ejecutar los 5,8 billones de pesos que tienen disponibles”, manifestó el Gobierno. Sin embargo, para el Padre Edwin Murillo, S.J., decano de Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, el impulso a las regiones para culminar proyectos, podrían ser una ‘cortina de humo’ en tiempos electorales. 

“En este momento, en un tiempo preelectoral, es contraproducente hacer una reforma a solo ciertas partes de una ley como la Ley de Garantías, porque indudablemente, por más que se quiera pensar en que beneficie a algunos sectores para terminar los desarrollos y terminar la contratación de las administraciones actuales, eso podría no impactar en el fondo a todas las regiones”, añadió el experto. 

Por ahora la iniciativa no tendría mucho ambiente en el Congreso, especialmente en el uribismo, bancada que asegura que se trata de una trampa "para poder asegurar victorias fraudulentas y tramposas", obligando a alcaldes y gobernadores a gastar recursos antes del cierre de su mandato. 

Una posición similar tiene la representante Angélica Lozano, quien consideró que la propuesta está fuera de lugar y argumentó que “es decirle al ratón que tiene vía libre para comerse el queso, que financien las campañas políticas de los aliados del sucesor del alcalde con los recursos públicos”. 

Por su parte, el congresista y presidente del Senado, José David Name, dijo estar de acuerdo con que esta ley le hace daño al presupuesto, pero consideró que la reforma debería darse para próximas contiendas electorales. 

“Habría que ver si ellos presentan un texto para que esto entre de una vez a estas elecciones, con lo cual no estoy de acuerdo. No creo que se puedan cambiar ahora las reglas de juego, pero sí a futuro porque esta ley hace que alcaldías y gobernaciones hagan contratos a la ligera al tratar de sacar todos los proyectos en el primer semestre antes de cada elección”, explicó. 

El senador Mauricio Lizcano, del Partido de la U, dijo que estaría de acuerdo con que se reformen algunos apartes de la ley “pero no eliminándola por completo, sino flexibilizándola en algunas partes”. 

Mientras tanto, el presidente de Cambio Radical, Carlos Fernando Galán, señaló que vale la pena buscar una fórmula que permita dinamismo en la ejecución de los proyectos a nivel de municipios y departamentos, pero con monitoreo de órganos de control. 

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