El pacto de silencio en la retoma del Palacio de Justicia

Se impartió la orden de acabar con la vida de los detenidos con el fin de que no quedara ni un solo testigo que diera cuenta de las macabras atrocidades que llevaba a cabo el Ejército Nacional, dice la sentencia proferida al coronel (r) Alfonso Plazas Vega.

"Se impartió la orden de acabar con la vida de los detenidos con el fin de que no quedara ni un solo testigo que diera cuenta de las macabras atrocidades que llevaba a cabo el Ejército Nacional".Así se resume en la sentencia de 301 páginas que condenó a 30 años de prisión al coronel en retiro Alfonso Plazas Vega, al hallarlo responsable de la desaparición de 11 personas que salieron con vida, con ayuda del Ejército, del Palacio de Justicia el 7 de noviembre de 1985, pero que desde ese día no se volvió a saber de ellos.Pero más allá de la desaparición, la Juez Tercera Penal del Circuito Especializado de Bogotá, Stella Jara, menciona las intenciones de mantener en la "incertidumbre" el paradero de los desaparecidos, basándose en análisis que se desprenden de la actitud develada por el Coronel (r) Plazas Vega.Para evitar que se conociera sobre los desaparecidos, se pretendió aplacar las voces de todas aquellas personas que poseían información o tenían interés de indagar por la suerte de los sobrevivientes del Palacio, "con el fin último de extender un manto de impunidad alrededor de los funestos acontecimientos prevaliéndose de una estructura de personas y medios estatales que operó al margen del Estado de derecho".Prueba de esto, obra en la sentencia testimonios de familiares en donde advirtieron haber sido perseguidos y amenazados para que no siguieran insistiendo en conocer sobre los desaparecidos.Para la juez, está claro que el hecho de que, hasta la fecha, se haya mantenido la negativa a brindar información del paradero de los desaparecidos por parte del coronel (r) Plazas Vega, atiende a un verdadero "pacto de silencio" acordado entre todos los intervinientes.Esto se hizo evidente, entre otras cosas, con "manifestaciones coincidentes que pretendían desviar la atención de lo acontecido con el ignominioso interés de relacionar a ese grupo de personas con el M-19 y arraigar la idea de que los desaparecidos habían huido hacia el monte".De igual manera esa circunstancia se muestra clara cuando se pretende implantar la tesis según la cual los desaparecidos del Palacio murieron calcinados, desconociendo los medios de pruebas que dejan entrever que ellos salieron con vida del lugar.Torturas y muertesEl testigo clave dentro del proceso fue Edgar Villamizar Espinel, un retirado cabo segundo del Ejército que se desempeñó en la Séptima Brigada, con sede en Villavicencio, que presenció los hechos, narró la forma como maltrataron a los sobrevivientes considerados como "sospechosos".De igual forma, este testimonio se tomó en cuenta por la juez del caso para corroborar que el coronel en retiro dio órdenes respecto del tratamiento que debía brindársele a los sobrevivientes que habían sido trasladados a la Escuela de Caballería y que finalmente resultaron desaparecidos."Alguien le pregunta al Coronel Plazas ¿qué hacemos con la gente? y es donde manifiesta abiertamente que cuelguen a esos hijueputas. Para la Escuela de caballería se traen, en un Nissan Azul, claro que después ese carro estuvo en la PM, con un techo de color cremita o beige. Traen una señora con falda a cuadros, un señor con buso no recuerdo si era blanco o era beige, pero no recuerdo si era ese que llaman cuello de tortuga, nos vinimos y los meten allí, en el primer viaje, a las pesebreras. Eso es en el segundo día, no recuerdo la hora. Por estar en los grados más bajitos de los que estaban allá, yo era cabo segundo, me dejan de seguridad, cuidando las dos personas que acababan de llegar ahí (sic)".Continúa diciendo: "se van con los que yo había venido y pasadas como las cuatro y media de la tarde cuando regresan otra vez, se vuelven a la Escuela de Caballería y ya tenían otros tres. Creo que era otra señora y dos hombres y los metieron a los detenidos, aislados. Se metieron a pesebreras diferentes, cada uno en una".Villamizar narró que "se dio cuenta de la tortura, vejámenes...que estaban efectuándose a personas que habían traído. Los colgaban de las manos, les daban golpes en el estómago, con cables les ponían electricidad en cualquier parte del cuerpo, tanto a los hombres como a las peladas. Yo me alcanzo a acordar bien, bien, bien de la que primero se trajo, le rasgaron la blusa y le dejaron los senos a la intemperie".Siguió diciendo que: "Yo creo que habría unos 40 a 45 minutos de estar Achury (sargento viceprimero, ya fallecido) haciéndole eso a ese señor, a mí me provocó matarlo... cada vez que le soltaba la toalla (del cuello), él le decía que no le hiciera eso que él era de la cafetería y soltaba un eructo fuerte. Como a los 10 ó 15 minutos sale Achury y comenta con Gamboa que se me fue ese hijueputa... estando observando lo que estaban haciendo Achury y Gamboa, se escuchaban los gritos de una mujer... sale Arévalo y manifiesta "manito, manito, la cagué". Se le pregunta que por qué y contestó "maté a esa vieja". Ahí lo curioso es que, yo no se entre cuántos no quienes, volvieron a abrir un hueco y sacaron un caballo que ya estaba muerto... y ahí pusieron los cuerpos, en eso pusieron a trabajar soldados. Eso fue como el 8, porque ya la gente se estaba empezando a aglomerar aquí a frente y ya estaba empezando a preguntar por la gente".Para la juez, ese testimonio que ha sido cuestionado, pero para ella, guardan correspondencia con los demás elementos probatorios que reposan en el expediente.SospechososQueda claro en la sentencia que las directrices emitidas por el coronel (r) Plazas Vega no se limitaban únicamente al escenario del combate, sino que también tenían lugar en la Casa Museo 20 de Julio.A un grupo de sobrevivientes se les encasilló en la categoría de "especiales" o "sospechosos" , quienes tuvieron un tratamiento diferenciado.Según el modus operandi, a este grupo entraban personas no identificadas plenamente, cuando ofrecían explicaciones no creíbles para el ejército sobre su presencia en el Palacio, eran oriundos de alguna región del país con presencia del M-19, eran estudiantes y otra porque sabían de su condición de guerrilleros integrantes del M-19, dada la visible participación en el asalto.Al fallar el caso de los desaparecidos, la juez Jara cita un documento que corresponde a la transcripción de un casete hecha por la Juez Mireya González Preciado, que recoge la versión de uniformados al servicio del B-2 del Ejército Nacional que participaron en "la operación de asalto al Palacio de Justicia" .Se expone por parte de los militares que ellos fueron los encargados de trasladar a un "número de rehenes que eran mantenidos por la subversión dentro de las instalaciones del Palacio" a la Casa Museo 20 de Julio, en donde fueron identificados.Un número aproximado de doce personas, "entre hombres y mujeres" que no lograron brindar "explicación de cuál era su motivo de asistencia al Palacio de Justicia fueron conducidos a las instalaciones de la Escuela de Caballería del Cantón Norte y de la Brigada de Institutos Militares al norte de Bogotá".De las personas trasladadas se dijo en el documento que fueron "cuatro hombres de diferentes edades" , algunos de ellos decían que eran los administradores, meseros y cocineros de la cafetería del Palacio, "otros tres, dos individuos más jóvenes y una mujer", fueron identificados como terroristas, participantes directamente en el asalto al Palacio ". Según el mismo informe, a " los otros cuatro " se les acusó de haber permitido el ingreso, a través de cajas " de parte del armamento que usó el grupo terrorista M-19, imputación que no quisieron aceptar, razón por la cual se les brindó el mismo tratamiento que a los tres guerrilleros comprobados."Se reitera que esas personas estuvieron en la Escuela de Caballería y según se expresa, se trata de los mismos desaparecidos", señala la sentencia.También refiere el documento, que por "orden directa" del Coronel Plazas Vega se pretendió que los retenidos firmaran una carta en donde se decía que ellos habían recibido tres millones de pesos para comprar material de guerra que usó el M-19 para financiar la operación.Se hace alusión a que uno de los individuos, tachado de subversivo, no quiso suministrar su nombre y en lugar de ellos "respondió con un madrazo, por lo que fue torturado y ahogado en los bebederos que quedan en todo el centro de las caballerizas, que son las mismas celdas que utilizamos en la Escuela de Caballería para mantener a los detenidos", se lee en el fallo al hacer referencia a alguna declaraciones hechas por militares que participaron en la toma y retoma del Palacio.De igual forma, luego de algunas pesquisas, se logró averiguar que "había otras tres mujeres detenidas en otra instalación militar que correspondían a los nombres de Luz Marina o Luz María, Luz Mery Puerta o Luz María A. Puerta, Nohora Esguerra y Rosa o Margarita Castiblanco"."Resulta innegable que el Coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, como Comandante de la Escuela de Caballería, debió conocer los censurables actos perpetrados por personal militar en contra de varios sobrevivientes, entre ellos once desaparecidos, en dependencias militares a su cargo, lo cual demuestra la coincidencia de la antijuricidad que acompañó al acriminado durante el desarrollo de estos hechos", resalta la juez en el fallo.Lo que queda por resolverPese a la condena aún quedan varios interrogantes sobre lo sucedido en el Holocausto del Palacio.El primer punto, por el cual reclaman los familiares de las víctimas y destacados por la juez en su sentencia es el paradero de los desaparecidos, pues aún no se da razón de lo que sucedió con ellos, pero a que se comprobó que sí salieron con vida del Palacio de Justicia y no se volvieron a ver.Pareciera que no va a ser nada fácil que se diga qué paso con ellos, pues el abogado del Coronel Plazas Vega, Jaime Granados, insiste en que no hay fundamento para asegurar que se desaparecieron personas. Según él, la única desaparecida fue la guerrillera Irma Franco, pero que será la justicia la que debe determinar quién fue el responsable de ese hecho.En el fallo no se mencionan sobre las supuestas pruebas realizadas a los restos fueron trasladados al laboratorio de Antropología de la Universidad Nacional y que podrían ser de las personas que dan por desaparecidas.Para el abogado Granados, esas pruebas nunca se han practicado. Pero en julio de 2001, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal descartaron que esos cadáveres fueran los de los desaparecidos y en su momento se presentó un informe.Años después en febrero de 2003, el CTI realizó pruebas a otros cadáveres y confirmó que dos de ellos corresponden a dos personas que murieron el día de los hechos en le Palacio, pero insistió en que ninguno es de los reportados como desaparecidos.También queda por establecer la participación por línea de mando en la retoma del Palacio de Justicia, en el caso de los desaparecidos, pues será la Fiscalía la que determine si hay responsabilidades o no.Por el momento seguirán las investigaciones contra el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, quien estuvo a cargo de la retoma del Palacio; el general (r) Iván Ramírez, quien era el Comandante Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia, Coci; el mayor (r) Fernando Blanco, segundo al mando de la Brigada de Inteligencia del Ejército, y el sargento Gustavo Arévalo, integraba el Coici (Actualmente detenidos por este caso).De igual forma, aunque están en libertad, seguirán investigados el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, comandante del B2, sección de Inteligencia de la Brigada 13; el mayor (r) Óscar William Vásquez, segundo al mando del B2, y cuatro sargentos más.