El oscuro panorama de la minería ilegal en Colombia

Noviembre 21, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Luiyith Melo García | Reportero de El País
El oscuro panorama de la minería ilegal en Colombia

Duras jornadas de trabajo cumplen los mineros de carbón que pican las vetas a 50 o más metros de profundidad, en jornadas que pueden superar las ocho horas diarias.

Pese a las muertes y la inseguridad en los socavones, la explotación sin permiso de carbón y oro aún persiste en la región. El negocio es lucrativo y difícil de erradicar.

Tras la emergencia en la mina La Cancha, de Amagá, Antioquia, donde quedaron sepultados 12 mineros el pasado 30 de octubre, las alertas se han disparado en todo el país. Sobre todo en el sur del Valle y el norte del Cauca donde la tragedia en los socavones ha enlutado, solo este año, a más de 20 familias.En Amagá, hace tres años otra explosión subterránea cobró la vida de 71 mineros en un socavón. Y en Sardinata, Santander, hubo 24 muertos en otro accidente, hace dos años.Según datos disponibles, en la última década en el país ha habido 844 muertos y 444 heridos por accidentes en minas, el 38 % ocasionados por derrumbes en los socavones.La inseguridad en las minas es evidente. Pese a los reiterados requerimientos de este diario, la Agencia Nacional Minera, ANM, no reportó información sobre cuántas minas legales hay en Cali y sus alrededores, ni cuál es su situación de seguridad. Pero se sabe que el 63 % de la explotación minera se hace de manera ilegal.El pasado 30 de abril, 12 personas quedaron sepultadas bajo 80 toneladas de lodo en una mina de oro en San Antonio, zona rural de Santander de Quilichao, en el Cauca. Es la tragedia más reciente en la región. El gobierno dijo que en reiteradas ocasiones intentó cerrar esa mina sin lograrlo, porque detrás están las “mafias que usan a la gente humilde como escudos humanos para impedir los operativos policiales”. A pesar de la tragedia, los campesinos de San Antonio dijeron que han visto pasar de nuevo maquinaria en la zona y que otras personas han seguido con la explotación minera. Carlos Augusto Duque, funcionario de la CVC y coordinador de la Mesa Minera del Valle, advierte que la seguridad en estos lugares está en manos de la Agencia Nacional Minera, que debe garantizar que se haga una extracción sin problemas en estos lugares. Sin embargo, los accidentes ocurridos parecen evidenciar falencias en ese control. En el Cerro de la Bandera, al suroccidente de Cali, hay una orden judicial de cerramiento y sellamiento de las explotaciones que se han hecho durante décadas en ese lugar. Sin embargo, aún existen alrededor de 60 minas activas, confirmó Duque.El Tribunal Administrativo del Valle también ordenó el cierre de las minas de oro de Zaragoza (entre Dagua y Buenaventura), que ocasionaron tanta tragedia social y ambiental en la zona. Sin embargo, las dragas y retroexcavadoras se trasladaron más adentro de la selva, a orillas de los ríos Cajambre y Naya. El alquiler de una de esas máquinas cuesta $200.000 diarios y puede extraer de 700 a 800 gramos de oro en una jornada. El gramo de oro hoy cuesta $83.000 en el mercado internacional, lo que quiere decir que una máquina puede producir $60 millones diarios, una utilidad que compite con el narcotráfico. Por eso muchas mafias se mudaron al oro. Y por eso quieren seguir en Santander de Quilichao pese a la tragedia. Óscar Castelblanco, un minero artesanal de Dagua, dice que los beneficios del oro no son para ellos, porque cada vez están más pobres, sino para los grandes explotadores. Incluso denunció que grupos ilegales y a veces algunos policías y militares los interceptan y se les quedan con el oro. “Si nos decomisan 400 gramos, en la Fiscalía aparecen 100”, señaló. En la parte alta de los Farallones de Cali, (Alto del Buey y El Pato-La Leonera), la minería ilegal de oro sigue viva, pese al cierre de 60 socavones hace dos años. Jaime Celis, el director del Parque Natural, dijo que en la inspección que se hizo en septiembre pasado se hallaron 61 socavones acti- vos y 13 campamentos móviles con capacidad para 500 personas cada uno. Dice que se evidenció el uso de cianuro de sodio, un químico altamente tóxico que se estaría vertiendo a la cuenca del río Felidia, el cual desemboca en el río Cali. Carlos Augusto Duque, de la CVC, asegura que hay trazas de esos químicos peligrosos en las aguas del río que abastece parte de Cali. Todo por la fiebre del oro.El lío de los ‘gurreros’En la explotación de carbón, la situación no es muy diferente. En la zona rural de Jamundí y Timba se han detectado prácticas que estimulan la minería ilegal. Hay mineros con títulos que necesitan cumplir cupos de explotación de carbón y no los alcanzan a producir. Entonces acuden a los extractores ilegales y les compran el mineral para completar el cupo. De esta manera se ganan $20.000 o $30.000 por tonelada de carbón. Una tonelada en el mercado puede costar $60.000 o $70.000 y a los ilegales se las compran en $30.000 o $40.000.El impacto ambiental y el riesgo para la vida de los trabajadores es grande. “El problema es que los ‘gurreros’ se comen todo el cogollo (los matorrales), perforan horizontal y se llevan el monte. Nosotros tenemos que dejar cien metros arriba libres, sin explotar, y perforar hacia abajo”, explica Aníbal Popayán, director operativo de la mina Santa Ana, ubicada en la Reforma, la ladera sur de Cali.Los ‘gurreros’ son los mineros ilegales. Los que andan, como moscas, detrás del carbón, esté donde esté el mineral y lo extraen en las condiciones que sean. Pero los mineros legales como Popayán tienen que observar unas normas, entre ellas, no pueden perforar la montaña de manera horizontal porque afectan el medio ambiente y ponen en riesgo la estabilidad del terreno. Por eso, las minas se perforan hacia abajo, en diagonal y luego sí de manera horizontal cuando se encuentra la veta a 50 y 80 metros bajo la tierra. Allá abajo se arma una trama de socavones horizontales con intersecciones en diagonal que conforman un tejido que se va comiendo la peña por dentro, explica el técnico Arley Pachón. Hace seis meses, esa mina estaba inundada de agua, tenía una explotación inadecuada. La firma bogotana Inversiones Velásquez llegó a la zona y se constituyó en operador del registro minero que tenía Santa Ana desde el 2004. Veintiún mineros trabajan en esa veta, cada uno de los cuales le extrae 2,5 toneladas diarias de carbón. El producto se vende a Propal. Sin embargo, a su alrededor hay por lo menos 40 minas ilegales aún activas, pese a que otras tantas han sido cerradas hace algún tiempo por la Policía. La cuestión es que en esas lomas se cierra una boca de mina y más allá se abre otra. Donde haya carbón están los mineros ilegales y van de un lugar a otro para extraerlo sin importar cómo. Así pongan en riesgo su vida.

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