El jugoso ‘botín’ que ofrece la Contraloría General de la Nación

Julio 13, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País
El jugoso ‘botín’ que ofrece la Contraloría General de la Nación

En agosto, el Congreso en pleno elegirá al nuevo Contralor General que estará en el cargo durante los próximos 4 años.

Según analistas, la planta de personal -cerca de 5.000 cargos-, la contratación, los recursos y sus facultades de vigilancia, control y sanción constituyen un cóctel demasiado atractivo para la clase política del país.

La Contraloría General de la República se ha convertido en un organismo atractivo para la clase política del país. Por un lado, cuenta con una amplia planta de personal, contratación y recursos; por el otro, otorga poder para controlar a los enemigos. Es todo un botín.No es extraña, entonces, la intensa batalla que están librando quienes aspiran a convertirse en el reemplazo de la actual contralora Sandra Morelli. Batalla en la que todo parece valer, desde las demandas, hasta los correos difamatorios.Lo cierto es que en la actualidad, la Contraloría tiene una planta de personal cercana a los 5.000 funcionarios; cuenta con sedes en todo el país. En materia contractual, este año ha celebrado 417 contratos de prestación de servicios, de bienes y servicios; mantenimiento y otros ítems según documento de la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera, y para este año le fue aprobado un presupuesto de $466.000 millones.El poder intimidatorio que tiene esta entidad es tan grande o mayor que el burocrático o el económico: su función principal es la fiscalización de los recursos públicos que maneja el Estado, además posee la facultad de sancionar que puede llegar, incluso, al retiro de quien cometa delitos en contra del erario y cause detrimento patrimonial.Todo este menú, según analistas, representa un escenario propicio para el pago de favores políticos, el manejo financiero. En últimas, el clientelismo.“Ese organismo maneja una cantidad alta de cargos y presupuesto y eso es importante para un político que ve allí un espacio para el pago de favores a sus seguidores”, dice el analista Alejo Vargas, quien considera que es un verdadero “fortín político”.Agrega que “esos cargos de la planta de personal de la Contraloría se deberían profesionalizar, porque la figura de la provisionalidad es una forma de distribuir los puestos a los políticos y los partidos que lograron las mayorías para la elección del jefe del organismo de control”. Para el profesor de la Universidad del Rosario, Enrique Serrano, la Contraloría “es un organismo con un protagonismo extraordinario”, debido a que tiene las características que la hace atractiva para la clase política.Por su parte, el exministro Camilo González Posso recuerda que la Contraloría tiene elementos que son vitales para que se observe la puja política en la búsqueda de su manejo y control.“Este organismo tiene una dualidad; por un lado está lo técnico, que son las funciones que le otorga la Constitución de vigilancia y control y, por el otro, está el clientelismo que genera poderosos intereses”, anota.En la óptica del analista Ancízar Marroquín es indudable que la Contraloría “se ha convertido en un escenario para que jueguen los favores políticos y es un lugar privilegiado, además, para que allá terminen las novias, esposas, amigos y familiares de los políticos que ayudan a elegir al contralor”.Un congresista, que pidió la reserva, cuenta que tanto la Contraloría como los otros organismos de control abren el apetito burocrático de los parlamentarios, los partidos políticos y los mismos magistrados de las altas cortes, que terminan saturando a los titulares con hojas de vida para “acomodar a su gente”.Dice que también está el tema de la contratación que ha servido para que, a través de este mecanismo, se paguen favores con contratos de altas sumas que, incluso, son firmados año a año con diferentes personas. “Es una mecánica que sirve para no dejar huella”, explica.Un escenario de poderPero el tema no se remite únicamente a la burocracia y el clientelismo. De acuerdo con los observadores, el papel fiscalizador y sancionatorio que tiene el Contralor General y sus delegados es una efectiva arma de poder que se puede utilizar en contra de los detractores de esos dirigentes políticos que lograron llevar al titular a su poltrona.“Los políticos no se pelean únicamente los puestos y la contratación, también buscan darle un manejo a los procesos de los enemigos y rivales, los cuales saben que tienen una amplia resonancia en la opinión pública y en los medios de comunicación”, anota el profesor Serrano.Explica esta tesis al argumentar que “tomando el lenguaje del fútbol, parece que tienen su propio árbitro que protege y favorece más a un equipo que a otro según la tendencia política de quien esté en la titularidad”. Serrano también observa que este organismo puede ser “una sombrilla para los gobiernos sobre hechos que pueden ser vistos como suspicaces”, pero aclara que el actual Presidente es cuidadoso con esto.Agrega que “es un instrumento de poder más allá de los puestos, por las funciones que tiene, debido que el control que ejerce puede ser manipulado”.Ancízar Marroquín, a su turno, reconoce que la Contraloría “otorga un poder porque es un fortín político” y añade que “allí se pagan muchos favores, no dejan administrar a sus detractores y, a veces, no se cumple con los controles de quienes son beneficiarios”.Por esta razón, enfatiza que el organismo de control es, en últimas, “un ring de boxeo para controlar a los enemigos políticos”.La elección, el líoPara los analistas existe otro factor que influye en que el organismo sea considerado como una especie de ‘joya de la corona’ para la clase política y es el mecanismo de elección del Contralor General.El Artículo 267 de la Carta Política, en su inciso cinco, establece que “el Contralor será elegido por el Congreso en pleno en el primer mes de sus sesiones para un período igual al del Presidente de la República, de terna integrada por candidatos presentados a razón de uno por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y no podrá ser reelegido para el período inmediato ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo”.Sobre este mecanismo, el profesor Serrano anota que “la capacidad nominadora de las cortes ha determinado que se registren comportamientos raros, incluso se observa que tienen actuaciones de tipo político, cosa que no se había visto antes”.Por ello, cree que “la política se metió en el control del Estado”.Camilo González Posso no difiere de la observación anterior y dice que “su origen parlamentario hace que los políticos terminen repartiéndose el organismo y eso hace que pese mucho ese factor político”.Ancízar Marroquín, a su turno, explica que con el actual esquema lo que se presenta es “una repartija entre las cortes y el Congreso con los candidatos que están en disputa”, lo cual, en su criterio, “genera que la Contraloría no tenga independencia porque, al final, lo que termina imperando es que con esta mano controlo y con la otra ayudo”. Los expertos hablan de la necesidad de reformar el mecanismo de elección del Contralor, a fin de acabar con esa influencia política. Alejo Vargas dice que “la elección del Contralor debería ser a través de un proceso de meritocracia” y plantea acabar con la capacidad nominadora de las Cortes.Por su parte, Ancízar Marroquín anota que muchas veces se ha hablado de la elección popular de los titulares de los órganos de control, pero “eso es más complicado”.De hecho, el mismo ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, dijo en una entrevista con este diario que la elección del Contralor “debería ser por méritos como ocurre en Francia y lo puede escoger el Congreso a través de concursos, en virtud de los cuales lleguen dos, tres personas y de es grupo se escoja”.Al referirse a la reforma a la justicia que prepara el Gobierno Nacional, el Ministro anotó que se ha pensado en “quitarle todas las funciones electorales a las altas cortes para que puedan dedicarse a lo que hacen los magistrados y jueces en todo el mundo que es fallar”.Este tema se había vinculado en la frustrada reforma a la justicia, en la que se cambiaba el esquema de elección de los titulares de los organismos de control. Incluso, hubo acuerdos para que las cortes no tuvieran más la facultad nominadora de candidatos y que sus magistrados se dedicaran a estudiar y fallar los procesos de sus competencias.Una fuente reveló que, precisamente, este tema viene siendo abordado por una comisión de expertos que trabaja en la redacción del documento, el cual sería radicado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos luego de su posesión del próximo 7 de agosto.Con estas modificaciones, anotan los expertos, lo que se debe propender es acabar con los escándalos que se han presentado en la elección del Contralor, y llaman la atención sobre la situación que hoy se evidencia con los aspirantes, de quienes dicen están siendo cuestionados.De hecho, hace algunos días la decisión de la Corte Constitucional de elegir al exprocurador Edgardo Maya como su candidato, abrió el debate, debido a que se denunció que los magistrados habrían violado el reglamento, ya que escogieron a su aspirante de un grupo primario que había sido desestimado y no tuvieron en cuenta las más de 50 hojas de vida que llegaron en una segunda etapa del proceso.Esta situación redundó en que fuera instaurada una tutela que suspendió la nominación de Maya Villazón. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la tumbó el viernes y el exprocurador quedó habilitado para conformar la terna.

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