El incierto futuro de la Ley de Víctimas en Colombia

El incierto futuro de la Ley de Víctimas en Colombia

Septiembre 17, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País
El incierto futuro de la Ley de Víctimas en Colombia

Justicia. La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras busca reparar y devolverles sus predios a las personas que fueron despojadas de ellos a partir del 1 de enero de 1985.

Fallo de la Corte Constitucional que tumbó beneficios a los testaferros abrió la polémica. Temen retrasos en la restitución.

La decisión tomada el pasado jueves por la Corte Constitucional, que impide que testaferros que reconozcan su participación en los casos de desplazamiento forzado puedan acogerse al Principio de Oportunidad, será una talanquera a la ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Así lo han considerado varios especialistas consultados por El País y que aseguran que al declarar inexequible la norma que les ofrecía beneficios a quienes devuelvan las tierras de las que se apropiaron de manera ilegal, no sólo dificultará la recuperación de esos predios para devolverlos a sus dueños, sino que hará imposible someter a la justicia a quienes fueron los victimarios.Uno de ellos es el senador Luis Fernando Velasco, quien dijo que esta decisión de la Corte le hace un daño importante a un principio esencial y que contribuye a esclarecer temas de justicia.“En Colombia tenemos una justicia premial; es decir, que el que colabora puede recibir beneficios y lo que necesitamos en materia de recuperación de tierras es ser efectivos. Yo respeto el fallo, pero le hace un daño enorme a este proceso”, dijo el senador Velasco, quien recordó que el sistema penal que se aplica en Colombia es importado de Estados Unidos y en ese país quienes cometen delitos, incluso de narcotráfico, pueden negociar administrativamente con la DEA, ni siquiera ir ante un juez, y pueden hasta quedarse con parte de los bienes que posee a cambio de colaborar con la Justicia.Ajustado a la leyNo obstante la apreciación del congresista, quienes defienden la postura del Alto Tribunal aseguran que lo que resulta en materia de leyes ser lo más conveniente, no siempre se ajusta a los lineamientos de nuestra Constitución y el papel de la Corte es retirar esos artículos que riñen con nuestra Carta Magna.En esa línea se manifestó el exmagistrado Carlos Gaviria Díaz, quien dijo que lo que sucede es que la Corte Constitucional debe analizar los aspectos de conveniencia y de constitucionalidad. “En un Estado de derecho como el nuestro, muchas normas parecen convenientes, pero no están ajustadas a la Carta Política y deben ser retiradas del ordenamiento”.“El reto, en una ley como esta, es actuar de una manera tan cuidadosa, que las normas sean convenientes, pero que a su vez no vayan a vulnerar los principios constitucionales. Seguramente la Corte hizo un análisis profundo del asunto y llegó a la conclusión que debía declarar inexequible el artículo”, dijo Gaviria.Lo que en esencia hizo el Alto Tribunal, a raíz de una demanda presentada por un ciudadano por considerar que vulneraba los derechos de las víctimas, fue rechazar dos artículos de la Ley de Tierras que ofrecían beneficios a testaferros por devolver las tierras despojadas y otro que ejercía controles para evitar que se registren invasiones en tierras reclamadas.Sin embargo, el director nacional de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, declaró que aún no conocen el fallo, pero que la decisión no afectará el proceso.“Lo que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional tenía como propósito fundamental agilizar los procesos judiciales, pero la medida no va a afectar el normal desarrollo del proceso de restitución de tierras”, declaró Sabogal.Va a generar demorasEl constitucionalista Juan Manuel Charry cree que se ha aplicado un criterio muy estricto y recordó que el Principio de Oportunidad lo que busca es la colaboración de las personas para encontrar a los cerebros de los delitos y si el testaferro no ve beneficios, no va a ayudar.Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa indicó que no es prudente entrar a calificar la decisión de la Corte Constitucional sin conocer el texto del fallo. “Lo ideal es otorgar beneficios a esos testigos que son determinantes para esclarecer hechos delictivos, tratando de sacrificar lo menos posible la justicia, pero seguramente el tribunal encontró razones de peso para considerar que el principio de oportunidad no se ajustaba a la Constitución en este caso”.El analista y politólogo Alfredo Rangel destacó que lo que buscaba ese artículo era facilitar la devolución de esas tierras adquiridas de manera ilegal, entregando ese incentivo a los testaferros para denunciar y devolver esas propiedades.“Lo que veremos en adelante, es que el tema va a ser aún más complicado porque todo se resolverá a través de los procesos judiciales, de las pruebas y testimonios que lleven al descubrimiento del origen ilegal de esos predios. Lo que ha perdido es el Estado una buena posibilidad para acelerar los procesos”, dijo Rangel.El analista Fernando Giraldo también cree que la decisión hace más complicado que el Estado pueda cumplir con el propósito fundamental de la Ley de Restitución de Tierras y que es devolverles esas propiedades a sus dueños originales.“Uno entiende que la Corte Constitucional tomó esta decisión para no afectar el derecho a la propiedad privada de algunas personas que obtuvieron esos bienes de forma legal, pero esto es un obstáculo a la Ley de Víctimas porque la mayoría de esas propiedades no están ya en manos de los victimarios sino que han pasado por tres o cuatro propietarios que compraron de forma legal”, dijo Giraldo.Contrario a ellos se mostró el exmagistrado José Gregorio Hernández, quien dijo que si bien el fallo podría implicar que en algunos casos los testaferros por miedo a la sanción penal no dijeran la verdad sobre quién está detrás, también es cierto que la Corte no podía permitir que se violara la Constitución mediante la aplicación del principio de oportunidad.“Al aplicarse el principio de oportunidad casi que se estaba dando una garantía de impunidad para el testaferro, quien es alguien que presta su nombre para figurar como propietario de un bien mal habido, que ha sido conseguido por vías ilegales, y esa conducta es delictiva y merece sanción”, dijo el exmagistrado.En lo que coinciden la mayoría es que esta situación deberá corregirla el Congreso con base en la sentencia de la Corte y garantizando justicia a las víctimas sin afectar nuestras leyes.Hernández aseguró que lo que debe hacerse en este caso es seguir con el trámite normal del proceso correspondiente y que el Estado debe procurar por buscar otro tipo de pruebas que permitan recuperar las tierras sin que haya impunidad para los testaferros.De hecho, personas cercanas a los magistrados de la Corte Constitucional indicaron que el principio de oportunidad que se ofrece a testaferros a cambio de confesar su participación en el despojo y devolver los bienes, solo tiende a la reparación y contribuye muy poco a los principios de justicia y verdad.

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