El fin de la Judicatura tras 23 años de funcionamiento

El fin de la Judicatura tras 23 años de funcionamiento

Junio 15, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País

Labor del Consejo Superior de la Judicatura estuvo rodeada de escándalos. Personal de carrera seguirá.

[[nid:432541;http://contenidos.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/563x/2015/06/judicatura.jpg;full;{Con la aprobación de la Reforma de Equilibrio de Poderes se acaba la historia del Consejo Superior de la Judicatura, una entidad polémica y cuestionada en los últimos años. Foto: Elpais.com.co | Colprensa}]]

Tras varios intentos fallidos, el fin del Consejo Superior de la Judicatura se selló en el Congreso con la aprobación  de la reforma de Equilibrio de Poderes a la  que solo le falta un trámite de conciliación. Lea también: 20 puntos claves acordados en la Reforma de Equilibrio de Poderes

Nacido con la Constitución de 1991, eliminarlo y crear dos instituciones que reemplazan sus funciones fue la única opción para frenar y contrarrestar sendos cuestionamientos de corrupción que enlodaron a la Institución. 

Según explicó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, habrá una transición por lo que la Sala Administrativa de la Judicatura seguirá funcionando hasta que se cree el Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial. 

 También se creará la Comisión Nacional de Disciplina que asume las funciones de la Sala Disciplinaria por lo que los trabajadores de la Rama esperan seguir en esa nueva institución a nivel nacional y local. Según explicó Cristo, el personal de carrera seguirá vinculado y no habrá en este caso “un borrón y cuenta nueva”.

En ese terreno cabe señalar que la actual institución cuenta con 2.634 empleados en todo el país de los cuales 2.312 son permanentes (361 de la disciplinaria y 1.951 de la Administrativa) y 322 de descongestión. En ese sentido, se desconoce qué pasará con parte del personal que trabaja en la Sala Administrativa pues en las salas seccionales desaparecerán. 

Entre tanto, los 1709 empleados de la Judicatura que se encuentran en provisionalidad y que no son de carrera, acudieron al Ministerio de Trabajo para que analice su situación a fin que se respeten sus derechos laborales y que “no haya una masacre laboral”. 

Esta petición fue apoyada por un sector de Asonal Judicial, según explicó María del Pilar Arango, a fin que sean reubicadas en las nuevas entidades.

“Una nueva entidad no puede empezar a ensayar con personal nuevo que no va a tener el conocimiento técnico y profesional para que salga adelante, nosotros tenemos toda la esperanza que este nuevo Gobierno haga lo mejor posible y cambiemos la historia del país en la Rama Judicial”. 

En ese sentido, están a la espera de que el viceministro de Trabajo, Enrique Borda,   los atienda y definan y que pasará. No obstante, Asonal Judicial ya anunció que no entrará a paro y que espera llegar a un acuerdo por vías legales. 

Otro tema que deberá empezar a definirse es qué va a pasar con los procesos de la Sala Disciplinaria que tienen vencimiento de términos y que podrán llegar a prescribir. 

Según la Judicatura, cada magistrado manejaba más de mil casos sin contar las denuncias que se presentan a diario contra abogados, jueces y magistrados en un trabajo que dejó en más de 20 años de funcionamiento más de 16 mil abogados sancionados y de 2313 servidores de la rama. 

Este fue precisamente la labor que siempre quiso destacar el presidente de la Judicatura, magistrado Wilson Ruiz, quien indicó que no se podía desconocer el trabajo de gente honesta, que trasnocha y se lleva trabajo a la casa, y que se ven opacadas por los casos de corrupción que afectan a unos pocos. 

“Eso es lo que a mí me da un poco de tristeza, no podemos generalizar en absoluto que por culpa de unos cuantos se acaba toda la institución”, dijo Ruiz. 

La Judicatura deja su último año de funcionamiento en un balance agridulce. Dos de sus integrantes, los magistrados Pedro Munar y Francisco Ricaurte tuvieron que salir luego que su elección fuera anulada por el Consejo de Estado en un fallo hito para acabar con el ‘Yo me elijo, tú me eliges’ que quedó proscrito con la Reforma de Equilibrio de Poderes. 

En las últimas semanas de su existencia, renunció el magistrado Néstor Osuna, quien dijo haber sentido un amplio rechazo social hacia la Institución y hacia sus integrantes como personas que solo piensan en sí mismos. 

“No puedo erradicar esa sospecha solo con mis palabras, así que considero necesario presentar mi renuncia, para con este hecho demostrar que eso no es cierto: no pretendo obtener ninguna ventaja personal con la exposición de mis ideas sobre el proyecto, ni ejercer un cargo a contrapelo de las decisiones del Congreso de la República, ni mucho menos presentar alguna pretensión patrimonial frente a la reforma constitucional que probablemente se aprobará”, indicó en su momento. 

En 2014, la Judicatura ejecutó el 79% de los 1,03 billones de pesos de su presupuesto, aunque según el informe presentado al Congreso, nunca recibió por parte del Gobierno todos los recursos para la financiación de los proyectos de inversión de la Rama por el orden de $311.480 millones.  De hecho, la Rama Judicial tuvo que dejar de utilizar recursos destinados para las mejoras del servicio, como tecnología e instalaciones en los juzgados, para pagar parte de la nómina de descongestión tras largos paros del 2014 y los acuerdos alcanzados. 

En todo caso, se registró un comportamiento favorable en materia de procesos represados a lo largo del periodo pues hubo una reducción sustancial al pasar de 2.655.892 procesos en el 2008 a 1.698.233 al 31 de diciembre de 2014. A la fecha, también se cuenta con oferta de servicio judicial en todos los 1103 municipios del país y se crearon 54 despachos civiles especializados en restitución de tierras. 

 Escándalos  Las denuncias de corrupción pesaron sobre la Judicatura. Al punto de que uno de sus integrantes, el magistrado Néstor Raúl Correa llegó a decir que sí debía ser eliminada la Institución, entre otras por el largo listado de viajes de los miembros del tribunal.  El escándalo más grave fue el llamado ‘Carrusel de Pensiones’ que implicaba que se posesionaran personas como magistrados auxiliares en un breve periodo de tiempo, ad portas de su pensión, para que tuvieran una mesada millonaria.

 

 

 

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