El Estatuto anticorrupción se quedó en el anuncio

Un sabor agridulce quedó en una parte del Congreso y el Gobierno con la aprobación, en penúltimo debate, del proyecto de ley que propone un Estatuto Anticorrupción, en la medida en que varios artículos clave fueron ‘mutilados’ de la iniciativa.

Un sabor agridulce quedó en una parte del Congreso y el Gobierno con la aprobación, en penúltimo debate, del proyecto de ley que propone un Estatuto Anticorrupción, en la medida en que varios artículos clave fueron ‘mutilados’ de la iniciativa.Uno de los que más llamó la atención del Congreso fue el representante Germán Varón, quien aseguró que la no aprobación del artículo que establecía la ampliación de los términos de prescripción a 15 años de los casos de corrupción es una invitación a la impunidad.“Muchas veces los hechos de corrupción se descubren dos o tres años después de cometerlos, con lo que el término de prescripción se acorta a sólo uno o dos años”, dijo el Congresista.Este artículo fue uno de los que más ‘luchó’ el procurador General, Alejandro Ordóñez, quien consideró que el tiempo es el peor enemigo de los procesos de corrupción que se presentan en el país.El ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, indicó que el Gobierno siempre defendió la ampliación de los términos de la investigación para evitar que éstas terminaran archivadas.Otro sinsabor de la iniciativa fue la modificación que tuvo el artículo que, en principio, determinaba inhabilidades para contratar a los financiadores de las campañas políticas.Es así que la Comisión le dio vía libre a que los contratistas del Estado sólo deberán informar si fueron financiadores de campañas a la Presidencia, alcaldías y gobernaciones, con lo cual, la Procuraduría emprenderá un seguimiento especial para evitar casos de corrupción o la denominada ‘puerta giratoria’. No obstante, el representante del Polo Germán Navas Talero consideró que este artículo es un ‘saludo a la bandera’, ya que la sola información no va a terminar con el “pago” de favores de los políticos a quienes les financian sus campañas.Pese a las modificaciones que se hicieron a la iniciativa que llegó desde el Senado, el ministro Germán Vargas Lleras dijo que “los instrumentos por sí solos no generan resultados positivos, pero si quienes tienen el deber de aplicarlos les asiste toda la voluntad de colocar en el primer plano de la agenda nacional el combate a la corrupción, pueden arrojar muy pronto resultados que recuperen la esperanza nacional en el manejo de la cosa pública”.Puntos clave del proyectoEl proyecto consta de más de 150 artículos, dentro de los que se destacan: La iniciativa crea la figura de las Personas Políticamente Expuestas, que son servidores públicos que tienen injerencia en el manejo de recursos estatales y a los cuales las entidades bancarias deben hacerles un especial seguimiento para conocer el origen de sus bienes.El Presidente podrá nombrar directamente a los responsables de las oficinas de control interno en las entidades nacionales dotando a estos funcionarios de una mayor eficacia.Crea también un sistema de información para el reporte de eventos sospechosos de corrupción y se establecen tipos penales severos como la estafa sobre recursos del sector salud; la especulación y el agiotaje de medicamentos; la omisión de control en este sector; el peculado por aplicación diferente frente a recursos de la salud, entre otros. (Ver otros puntos del estatuto)Por último, se vinculó la prohibición de que no podrán ser candidatos a las alcaldías y a las gobernaciones quienes tengan familiares en el Congreso, la asamblea o el concejo.