El drama de los indígenas Wounaan sigue, pese a retornar a sus territorios

Defensoría denuncia que se incumplieron pactos de regreso de los indígenas hechos en 2015.

La Defensoría del Pueblo denunció que el Gobierno no ha cumplido con las garantías exigidas por los  indígenas Wounaan como parte de un acuerdo de retorno a sus territorios en el Pacífico vallecaucano, luego de haberse desplazado en 2015 a Buenaventura debido al conflicto armado.  Alrededor de 600 indígenas que se encontraban como desplazados en el puerto retornaron a sus territorios en el Río San Juan, en diciembre del año pasado, luego de que la Alcaldía de Buenaventura junto a la Unidad de Víctimas acordaran garantizar el cumplimiento de una serie de exigencias de los líderes Wounaan para realizar el retorno.  Funcionarios de la Defensoría le hicieron seguimiento a la situación de las familias que regresaron  y verificaron  la precaria situación en la que viven por lo menos 600 indígenas, a los que el 29 de noviembre del año pasado la entidad había acompañado en su vuelta a los  territorios en Chachajo, Agua Clara y Chamapuro, parte baja del río San Juan en Buenaventura (Valle del Cauca). En la labor de seguimiento a los casos, según denunció la Defensoría,  una comisión encabezada por el Defensor Delegado para los Derechos de la Población Desplazada, Mauricio Redondo Valencia, constató en terreno que a pesar de los compromisos adquiridos por autoridades locales, departamentales y nacionales, “los indígenas no cuentan con las garantías necesarias para estar de manera digna en sus zonas de origen”.  La Defensoría, además, solicitó a las autoridades locales que se aclaren las circunstancias en las que ocurrieron las muertes de dos niños después del retorno, para establecer responsabilidades o investigaciones. Entre los asuntos conocidos por los funcionarios, los líderes de la comunidad manifestaron que las 200 familias no tienen acceso al agua apta para el consumo, lo cual fue uno de los acuerdos a los que se llegó con la Alcaldía de Buenaventura y la Unidad de Víctimas para la realización del retorno.  La comisión de la Defensoría constató que la planta eléctrica del resguardo está dañada y que permanecen aislados porque no hay una lancha que los movilice en caso de emergencia por salud o seguridad. Por otro lado, informó la Defensoría, “resulta grave el riesgo ante la presencia de actores armados ilegales, quienes ya habían provocado una gran ola de desplazamiento, razón por la cual se solicitaron medidas colectivas de protección adicionales a las ya tomadas para los líderes que han sido amenazados”. El informe de la entidad sostiene que en lo que tiene que ver con las viviendas de los Wounaan,  estas no  han podido ser adecuadas desde finales del 2014, cuando debieron abandonarlas y desplazarse a Buenaventura en donde permanecieron por un año.  En igual situación, agregaron,  se encuentra uno de los colegios que, además “de no estar en las condiciones de infraetructura mínimas deseables, solo tiene tres docentes de planta y otros cuatro que realizan su labor sin contrato y  dictan clases en algunas casas a 96 alumnos de prekinder a quinto de primaria”. Por estas circunstancias, la Defensoría del Pueblo además de solicitar a las autoridades soluciones urgentes que protejan los derechos de esta comunidad, le pidió al Alcalde de Buenaventura que para el 31 de marzo próximo se convoque al Comité de Justicia Transicional ampliado para analizar la situación de la comunidad indígena Wounaan. El desplazamiento de los Wounaan  se dio a finales de 2014  debido al confinamiento en el que se había sumido gran parte de la población  por temor a los distintos actores armados que rondan la zona en la que habitan, a más de cinco horas en lancha.  Según denunciaron a su tiempo varios líderes indígenas, los constantes enfrentamientos de guerrillas y grupos paramilitares con el Ejército dejaban a la comunidad en medio del fuego.  Los episodios de hostigamiento llegaron a su punto máximo cuando hombres armados amenazaron a varias familias por negarse a darles posada.