El dilema de Santos: ¿seguir o no con el actual sistema de salud?

Una carta que le enviaron ocho ex ministros de Salud al Presidente Juan Manuel Santos para pedirle un cambio estructural al sistema de salud, alborotó el avispero entre quienes sostienen que con el actual modelo se han conseguido logros importantes.

La carta que le enviaron ocho ex ministros de Salud al Presidente Juan Manuel Santos para pedirle un cambio estructural al sistema de salud , alborotó el avispero entre quienes sostienen que con el actual modelo se han conseguido logros importantes y que deben hacerse mejoras pero no cambiar de rumbo.Precisamente, un grupo encabezado por voceros de la Andi, de las EPS y algunos asesores del sector de la salud, también le enviaron una carta al Presidente, pero para pedirle lo contrario; es decir, que se mantenga el actual sistema de aseguramiento, porque según ellos, ha demostrado ser eficiente, especialmente para aumentar la cobertura y mejorar el acceso a los servicios.“Muchos se resisten a reconocer los avances del Sistema y su importancia. Evaluar el impacto del aseguramiento en salud es algo que se ha hecho en el mundo entero y a Colombia no le ha ido mal. Por el contrario, muestra resultados contundentes de cobertura universal, de mejoría de acceso y de protección financiera; inclusive de equidad”, dice la carta.Una de las primeras contradictoras de esta última carta es la directora de la Asociación de Empresas Sociales del Estado (Acesi), Olga Lucía Zuluaga, quien sostiene que si bien aumentó la cobertura, “esto dista mucho de incrementar el goce efectivo al derecho a la salud y por el contrario cada vez el gasto de bolsillo es mayor por las múltiples barreras de acceso que se generan a través de las EPS”.Sin embargo, los firmantes de la carta explican que en la mayoría de sistemas de salud en el mundo los Estados le encargan a terceros la función que tienen en Colombia las EPS, que no solo son el puente entre hospitales y pacientes, sino que deben asumir el riesgo financiero y de salud.Algo diferente opina Zuluaga, quien sostiene que a nivel mundial donde se han logrado implementar los programas de atención primaria y las redes integradas de servicio, son estas últimas las que se encargan de realizar la gestión del riesgo sin contar con un intermediario como son las EPS, por lo cual se puede prescindir de sus servicios.En esto concuerda el director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, Juan Carlos Giraldo, quien en la pasada edición de Meditech en Bogotá presentó una propuesta para que el actual sistema de salud cambie de rumbo, donde las EPS dejarían de manejar los recursos y pasarían a ser meros administradores, y el Estado se encargaría del recaudo y giro del dinero a partir de un banco de salud.La idea de que sea el Estado quien administre los dineros no es bien recibida entre quienes pretenden que el modelo actual se preserve, especialmente cuando se tiene como ejemplo a Caprecom, una EPS estatal que ha demostrado ser un fracaso en la administración del gasto.“¿Será que Caprecom lo hace mejor que los aseguradores privados? ¿Será que los hospitales públicos de Bogotá o Santander tienen mejores resultados que los hospitales privados? ¿Será que un pagador público único cubrirá todas las necesidades de salud, garantizará las citas médicas de manera inmediata y mejorará el flujo de recursos del Sistema de Salud? Los antecedentes nos han demostrado que no”, dice la misiva enviada al Presidente en contraposición a la carta de los ex ministros.Pese a esto, tanto los ex ministros como directivos de hospitales y clínicas sostienen que el actual sistema de salud no aguanta más remiendos y que se requiere una reforma estructural, no solo en el esquema de financiamiento, sino un viraje hacia una política de salud basada en la prevención.“Hablar de que el actual sistema puede mejorarse haciendo unos pequeños ajustes es como tapar el sol con un dedo. Este sistema ya mostró que tocó fondo y fracasó y por ende requiere reformas de fondo que garanticen a la población realmente acceder a los servicios y evitar que los prestadores continúen sosteniendo un sistema moribundo y en cuidados intensivos”, concluyó Zuluaga.