El Congreso aprobó la emergencia social, pero solicitó cambiar las normas

Aunque con una mayoría absoluta Senado y Cámara aprobaron las razones con las que el Gobierno Nacional abocó la emergencia económica, social y ecológica para hacerle frente a la ola invernal, el Congreso pidió que evalué más de 20 posibles modificaciones a las normas.

Aunque con una mayoría absoluta las plenarias de Senado y Cámara aprobaron las razones con las que el Gobierno Nacional abocó la emergencia económica, social y ecológica para hacerle frente a la ola invernal, el Congreso en pleno le pidió que evalué más de 20 posibles modificaciones a las normas que se están aplicando para atender la situación.La plenaria en pleno, que no se tomó más de tres horas en esa discusión, escuchó al Gobierno y a los coordinadores de las comisiones accidentales de Senado y Cámara para estudiar dicha emergencia: el senador Juan Lozano y representante Obed Zuluaga.El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, fue quien tomó la palabra por el Gobierno y explicó cada una las justificaciones de la emergencia. Al respecto señaló que al momento de decretar la emergencia, la ola invernal se agravó de manera inusitada lo que no permitió prever con antelación alguna la atención previa. El funcionario indicó que la reconstrucción y atención de las zonas afectadas demandará una inversión superior a los nueve billones de pesos.Vargas Lleras explicó que hasta el 6 de diciembre se habían afectado en total 165.000 hectáreas de cultivos, más de 500 establecimientos de educación, 16.738 kilómetros de vías principales, 34.000 kilómetros de red terciaria y más de 150 acueductos.Por su parte, los coordinadores de cada una de las comisiones accidentales que le hicieron seguimiento al decreto 4580 o decreto central, que motivó la emergencia, dijeron que las razones del Gobierno están sustentadas constitucionalmente.Sin embargo, el senador Lozano explicó que las comisiones se tomarán un mes más para analizar, uno a uno, los decretos expedidos hasta la fecha, 25 en total según el ministro Vargas Lleras, para lo cual se volverán a reunir la próxima semana. No descartan que a dichas sesiones citen a varios ministros para que expliquen los decretos.El único partido que se apartó de firmar los informes de las comisiones fue el Polo Democrático. El senador y vocero de ese partido Jorge Robledo, aseguró que el Polo no apoya la emergencia porque los hechos motivados para acogerse al Artículo 215 de la Constitución no aplica para esta situación, porque en su concepto ese desastre se advirtió.“Los desastres naturales son desastres sociales del régimen que es negligente”, consideró Robledo tras señalar que las inundaciones de la Mojana sucreña, el rompimiento del Canal del Dique o las inundaciones en La Virginia, son catástrofes que el Gobierno dejó que pasaran pese a que se les advirtió.Las recomendacionesEn el paquete de recomendaciones que entregó el Congreso al Gobierno, para incorporar en las últimas medidas de la emergencia, está modificar con urgencia el funcionamiento de las corporaciones autónomas y darle más funcionalidad a la Dirección Nacional de Riesgo.También, dar especial atención a la recuperación de las cuencas, como en el Macizo Colombiano y el Alto Magdalena. Con respecto al Plan Nacional de Reforestación, los congresistas plantean estructurar el mismo en el más corto tiempo.Igualmente plantearon al Gobierno que agilice la entrega de las maquinarias, con las cuales las administraciones municipales deberán empezar a realizar las obras de prevención de nuevas afectaciones.Asimismo, hicieron un llamado especial al Gobierno para que se mejoren los instrumentos, para luchar contra la corrupción y blindar los recursos durante la temporada electoral.Recomendaron usar bolsas nacionales de compra de insumos y páginas web especiales abiertas con planes de contratación para propuestas nacionales y extranjeras.Al respecto, el primer vicepresidente del Senado, Carlos Ramiro Chavarro, dijo que propondrá que bajo el amparo del decreto de emergencia social se tipifiquen delitos a fin de evitar malos manejos por parte de quienes tienen a su cargo estos recursos.“Si se otorga un beneficio de forma fraudulenta ya sea por parte de un alcalde o un gobernador y quien resulte beneficiado, el tipo penal tendrá un agravante durante el tiempo de vigencia del decreto”, explicó.También se solicitó que al cierre de febrero se tenga listo el censo definitivo de las víctimas, incluyendo a las comunidades indígenas.