Efectos atípicos del llamado a elecciones de Gobernador

La población más pobre del Valle es la que padece las consecuencias que trae consigo la Ley de Garantías.

Aunque se había convertido en una frase de cajón, tenían toda la razón quienes aseguraron que serían los vallecaucanos de más escasos recursos los que asumirían las consecuencias de la crisis política y administrativa que hace seis meses arrastra el Departamento.Entre otras cosas, debido a la convocatoria a elecciones atípicas hecha por el Gobierno Nacional para designar nuevo gobernador, con lo que el pasado 23 de septiembre empezó a regir la Ley de Garantías que limita la firma de contratos y convenios interinstitucionales cuatro meses antes de la realización de los comicios.Esos convenios que quedan suspendidos hasta finales de enero del próximo año son, en gran medida, aquellos que tienen como objetivo ofrecer beneficios y subsidios a la población más vulnerable del departamento en sectores tan importantes como vivienda y educación.Igualmente, la Universidad del Valle, el Hospital Universitario, la Biblioteca Departamental y el Plan Departamental de Aguas se verán afectados por el aplazamiento en la firma de convenios de los que se les destinaría recursos.Ahora mismo, los efectos de la Ley de Garantías los están padeciendo las víctimas de la temporada invernal que deja como consecuencia inundaciones y deslizamientos en varios municipios del Valle del Cauca, ya que la Administración Departamental no ha podido atender adecuadamente la emergencia.“El Valle del Cauca viene enfrentando una serie de desastres naturales por cuenta del invierno y estamos fregados porque para atender esta situación se deben firmar algunos contratos interinstitucionales que ya no podemos hacer porque nos lo impide la norma”, aseguró el gobernador Francisco José Lourido.De acuerdo con el Mandatario regional, en la Gobernación del Valle del Cauca todos los días se firman contratos y se generan gastos, pero con Ley de Garantías será muy complicado cumplir con una labor de forma adecuada. “Son muchas las cosas que queremos hacer, pero con estas restricciones no podemos ajustar nuestro esquema de trabajo”.En circunstancias normales, lo que hacen alcaldes y gobernadores previo a la Ley de Garantías es prever los gastos y necesidades que tendrá el ente territorial durante los cuatro meses previos a los comicios, en los que se restringe la contratación y dejar todos los acuerdos firmados. Pero en esto también hubo un hecho atípico en el Valle.Y es que el decreto presidencial convocando a elecciones para el 23 de enero fue emitido el día 28 de septiembre. Es decir, cinco días antes de que fuera expedido el llamado a elecciones ya el Departamento se encontraba bajo Ley de Garantías, por lo que los secretarios de despacho no tuvieron el tiempo para planificar y definir prioridades.No obstante, la secretaria jurídica del Valle, Diana Villegas, aclaró que esa Ley no restringe toda la contratación. “Lo que cobija la norma durante procesos electorales son algunas formas de contratación y en este caso básicamente lo que se restringen son los convenios interadministrativos. Por lo demás, la Gobernación puede hacer contratación directa y contratos de interés público”, dijo la Secretaria Jurídica, quien agregó que otro de los mandatos de la Ley de Garantías Electorales es el de congelar la nómina del Departamento durante el tiempo que permanezca vigente la ley.La mayor afectaciónPrecisamente, a través de contratos interadministrativos es que sale gran parte de los recursos del Departamento para contribuir, mediante convenios con los municipios, a mejorar las condiciones de vida de los vallecaucanos.Entre esos convenios importantes que no podrá ejecutar la Secretaría de Salud Departamental, hay un contrato con el Hospital Psiquiátrico por $1.216 millones para la atención de la población vulnerable (etnias, discapacitados, afrocolombianos y población desplazada).También queda en el congelador, en medio del resurgir de epidemias en algunas zonas, la firma de un convenio de fumigación y control de vectores por $800 millones para evitar enfermedades como la malaria y el dengue.Fuentes de la Secretaría de Salud del Valle indicaron que a esto se suman obligaciones por cerca de $500 millones que no podrán cumplirse con algunos hospitales de la región para la atención de la población no asegurada. En materia de educación queda en el tintero un convenio por $1.400 millones con el Instituto Tobías Emanuel, para la educación de niños con problemas de discapacidad cognitiva. Bastante afectados se verán también miles de niños de las zonas rurales de 35 municipios porque no se podrá contratar el transporte escolar del que se venían beneficiando quienes viven en las veredas más alejadas de los colegios. Un contrato por cerca de $1.800 millones.La Universidad del Valle también tiene parado un convenio por $500 millones con el Programa Ondas de Colciencias que incentiva la investigación.Aplazado quedará también el sueño de miles de familias vallecaucanas de tener una vivienda propia o de lograr un auxilio para mejoramiento de las condiciones físicas de su casa.De acuerdo con el secretario de Vivienda del Valle, John Jairo Bohórquez, son cerca de 20 los municipios vallecaucanos que verán afectado el recibo de aportes complementarios por parte de la Gobernación en esta materia. “Son entre 15 y 18 los municipios con los que teníamos compromisos honrados por un valor cercano a los $4.000 millones en aportes complementarios a sus programas de vivienda en cualquiera de sus modalidades”, aseguró Bohórquez.Sin embargo, la secretaria de Hacienda del Departamento, Cecilia Tovar, indicó que todos los contratos de salud y educación que se realizan con recursos del Sistema General de Participaciones no tendrán ninguna restricción.Otro palo en la ruedaAl ya tortuoso proceso y los retrasos que ha tenido que afrontar en el Valle del Cauca el Plan Departamental de Aguas se le suma la Ley de Garantías como un nuevo palo en la rueda.“Uno de los efectos más perjudiciales que genera esta Ley de Garantías para los vallecaucanos es que no se pueden ejecutar los convenios con los municipios para la transferencia de recursos al Plan Departamental de Aguas cuyo total está por en alrededor de $600.000 millones”, indicó la Secretaria Jurídica del Valle.Al respecto el secretario de Planeación Departamental, Luis Humberto Castrillón, dijo que quedan suspendidos hasta el próximo año los convenios que quedaron por firmar del Plan De Aguas.“La afectación es que sin los convenios que no pudimos firmar no podemos iniciar el proceso de vinculación de esos municipios al Plan de Aguas y se nos atrasa hasta el próximo año”, manifestó Castrillón.En materia de Infraestructura, quedó suspendido un acuerdo que se tenía con Invías para el mejoramiento de vías terciarias por un valor cercano a los $3.500 millones.La misma suerte correrá un contrato inter institucional entre la Gobernación, el Comité Departamental de Cafeteros, el Ministerio de Hacienda, la OIM y 21 municipios del Valle para la ejecución de diversas obras. Para el abogado Ray Charrupí, quien basándose en los efectos negativos que tendrá para el Departamento estas elecciones atípicas demandó ante el Tribunal Contencioso del Valle la convocatoria a esos comicios, este proceso electoral no tiene razón de ser y no favorece a nadie.“Los jueces administrativos deben tener en cuenta principios constitucionales como son: la prevalencia del interés general sobre el particular y la supremacía de lo material (la realidad) sobre lo formal (leyes), siendo la realidad la inconveniencia de las elecciones atípicas y sus gastos, y lo formal los artilugios jurídicos de los que somos víctima los vallecaucanos”, aseguró el abogado Charrupí.Aunque es incierto que la Gobernación del Valle del Cauca pueda llegar a cumplir con el Plan de Desarrollo al final del año, en lo que no habrá inconveniente será en la ejecución del presupuesto, toda vez que el mismo ya estaba contratado casi en su totalidad por la administración de Juan Carlos Abadía antes de dejar el cargo.