Dictan casa por cárcel para Mariano Alvear, fundador de la San Martín

Por su parte, Juan Carlos Mahecha y José Ricardo Caballero Calderón si obtuvieron la orden de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Un juez de control de garantías de Girardot, Cundinamarca, dictó medida de aseguramiento preventiva en contra de los directivos de la Fundación Universitaria San Martín, luego de que la Fiscalía lo solicitará durante la imputación de cargos. En ese sentido, el juez ordenó la detención preventiva domiciliaria para Mariano Antonio Alvear, fundador de la institución educativa, por padecer enfermedad grave y por dignidad humana, tal como lo había solicitado la Fiscalía. Entre tanto, Juan Carlos Mahecha y José Ricardo Caballero Calderón si obtuvieron la orden de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras se adelanta el respectivo juicio por los dineros desviados de la Fundación, que la tienen sumergida en una gran crisis. Cabe recordar que durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía aseguró que la Fundación Universitaria habría desviado al exterior más de 943.551 millones 742.555 pesos, surgidos de la plata de matrículas, préstamos bancarios, el no pago de acreencias laborales y de compromisos tributarios con Bogotá. En la audiencia de imputación de cargos, realizada en la casona en la que vive el fundador de universidad, Mariano Alvear, debido a su estado de salud, el fiscal del caso señaló que se les vincula penalmente por 14 fraudes procesales, 14 falsedades materiales, 17 fraudes a resolución judicial, estafa en la modalidad de delito masa, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. En la diligencia estuvieron, además de Alvear, Juan Carlos Mahecha Cárdenas y Ricardo Caballero Calderón, exfuncionarios de la entidad educativa, a quienes la Fiscalía les imputó cargos por fraude procesal, fraude a resolución judicial, estafa en la modalidad de delito masa, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir y falsedad en documento público. Ninguno aceptó cargosLa Fiscalía aseguró que los fraudes a resolución judicial los cometieron en los casos denunciados por personas que ganaron contra el centro educativo procesos laborales por el no pago de muchas de las obligaciones surgidas en el contrato de trabajo, y jamás hicieron pagos ordenados en las sentencias de los jueces laborales de todo el país. En cuanto a los fraudes procesales, la entidad explicó que estas personas presentaron documentos falsos para levantar los embargos que bloqueaban las posibilidades de vender bienes en diversas ciudades del país y de esta manera afectar a quienes ya eran sus acreedores. Más tarde, indica que esos bienes eran negociados a través de fiducias, comodatos y otras figuras del derecho civil y comercial. De esta manera, volvían al control de los directivos de la entidad. Sostiene además, que al lado de ellas, se presentaban las falsedades materiales porque presentaban documentos que nunca expidieron entidades como el IDU, la Alcaldía de Bogotá y otros para hacer incurrir en error a los funcionarios de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, entre otros. La estafa en la modalidad de delito masa se habría presentado cuando ofrecieron carreras que no podían presentar ante el público, porque no tenían la autorización respectiva. El monto total de lo que recaudaron por esta actividad fue de 3.143 millones 146.014 pesos y, en esencia, explicó el fiscal del caso, indujeron en error a las personas porque no estaban facultados para tal fin, por lo cual, ligado a esto, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, aparece inseparable el delito de enriquecimiento ilícito. Precisamente, el rastreo de bienes que hizo la Fiscalía General de la Nación estableció que a través de transferencias bancarias usando más de 10 entidades financieras, el dinero de los estudiantes y de la Universidad ha sido detectado en países como México, las Islas Cayman, Estados Unidos, India, Luxemburgo, Taiwan, Alemania, Corea del Norte y Rusia. A estos países llegaron los 943.551 millones 742.555 de pesos surgidos de la plata de las matrículas, préstamos bancarios, el no pago de acreencias laborales y de compromisos tributarios con la ciudad de Bogotá.