Desconfianza de campesinos en Estado estancó diálogos en Catatumbo

Expertos consultados por Colprensa explican algunas de las razones por las que se han dilatado los diálogos entre el Gobierno y los líderes campesinos del Catatumbo.

El paro y la compleja situación de orden público que se presentan en la zona del Catatumbo, ya completa tres semanas. A pesar de los intentos del Gobierno Nacional por resolverlo y sentarse a negociar con los líderes campesinos de la protesta, el resultado ha sido poco menos que infructuoso. Expertos consultados por Colprensa explican algunas de las razones por las que se han dilatado los diálogos entre el Gobierno y los líderes campesinos del Catatumbo. Coinciden en señalar que el Gobierno está negociando con un sector radicalizado de los campesinos que, ante las promesas históricamente incumplidas del Estado, hay un alto nivel de desconfianza agravado por la desfavorable percepción que el campesinado tiene del líder negociador, Lucho Garzón. Los campesinos 'ya no comen cuento', tan fácilmente y han elevado al Gobierno Nacional un extenso pliego de exigencias que tiene dos temas sensibles: la erradicación de cultivo ilícitos y las zonas de reserva campesina. Y aún cuando la situación se presenta como un asunto de emergencia y de atención inmediata, no se ve muy clara la razón por la que el conflicto no se ha resuelto con la celeridad que amerita. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, asignó seis de sus más altos funcionarios para que se encarguen del tema y hasta invitó a lo líderes regionales (campesinos y autoridades locales) a negociar en Bogotá. Pero todo quedó en una cordial invitación que no fue aceptada. El ministro del Interior, Fernando Carrillo, a su turno, en repetidas ocasiones ha dicho que los diálogos entre las partes han estado estancados en un “cuello de botella metodológico”, pues no ha sido posible acordar con los campesinos la forma en la que se desarrollarán los puntos de la agenda. Este factor no ha podido resolverse y menos aún cuando los campesinos insistentemente han pedido prescindir de la intervención del ministro consejero para el Diálogo Social, Lucho Garzón. Es por eso que recientemente fueron asignados dos moderadores para que 'destraben' los diálogos y se pueda avanzar. Ellos son, el viceministro de Trabajo, José Noé Ríos y el director del programa de Paz del Magdalena Medio, Ubencel Duque, quienes ya están en Tibú (Norte de Santander). Gobierno no resolvió problemas a tiempoDe acuerdo con los expertos consultados por Colprensa, existen varias razones para explicar por qué se han dilatado las negociaciones entre las partes. Para el ex consejero Presidencial de Paz, Carlos Eduardo Jaramillo, la movilización de los campesinos se originó por la demanda de la suspensión inmediata de la erradicación de los cultivos ilícitos. Esa fue, según el experto, la razón por la que empezaron las movilizaciones en la región. Sin embargo, como el Gobierno Nacional se demoró en lograr un acuerdo con ellos, las exigencias empezaron a crecer. “Las demandas se crecieron porque ya no solo están exigiendo la suspensión de la erradicación de los cultivos sino agua, servicios, subsidios. Mejor dicho, ya es un paquete muy grande y entre más grande, más difícil de negociar y llegar a acuerdos. Por lo tanto, eso se sigue prolongando”, explicó Jaramillo para quien la confrontación con la Fuerza Pública radicalizó a los campesinos, lo que generó que se ampliara la lista de demandas. “Al no lograrse un primer acuerdo y seguir la confrontación con la Fuerza Pública, se radicalizaron las fuerzas, y los campesinos escalaron las demandas porque se empezaron a sumar otras regiones del Catatumbo que traían nuevas peticiones para el Gobierno”, sintetizó el experto. Falta de confianza obstruye diálogosEl politólogo e investigador del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Juan David Velasco, consideró que la prolongación de las negociaciones se debe a tres aspectos fundamentales. El primer lugar, el experto explicó que la radicalización de los campesinos obedece a una historia previa de incumplimientos del Gobierno Nacional. “Es una herencia de desentendimientos”, declara Velasco, para quien esto genera una pérdida de credibilidad en la voluntad de negociación. Además, considera que las declaraciones del Gobierno sobre infiltración guerrillera de las protestas, ha tratado de deslegitimarlas. El segundo punto, según el experto, obedece a un tema de logística. Para él, el consejero para el Diálogo Social, Luis Eduardo Garzón no goza de la confianza entre los campesinos. “Usted escoge un actor que inspire confianza y credibilidad en la contra parte, y Lucho Garzón, desafortunadamente para el Gobierno, no representa eso: es visto como un traidor de clase”, explica el Velasco. El tercer punto que señala el investigador del Cerac, está relacionado con un tema de solidaridad y respaldo. Dice que el hecho de que el sistema productivo de los municipios del Catatumbo, es decir, los tenderos, hoteleros y negociantes, estén alineados con las demandas de los campesinos, tiende a prolongar las protestas en el tiempo pues la población afectada no está presionando contundentemente para que empiecen las negociaciones. “A diferencia de las grandes protestas que han habido este año, esta protesta tienen un nivel de solidaridad muy importante”, asegura Velasco para quien la población afectada aún no ha presionado a los protestantes para que obtengan soluciones rápidas con el Gobierno. Ante la propuesta de la bancada parlamentaria de Norte de Santander de tener un Gerente permemante del área para coordinar la ejecución de los proyectos y el cumplimiento de los compromisos del Gobierno, los dos expertos coincidieron en que la crisis no se resuelve con fórmulas burocráticas. “Usted puede hacer, incluso, un Ministerio en el Catatumbo, y eso no le garantiza que los problemas se vayan a solucionar”, al decir del ex consejero de Paz, Carlos Eduardo Jaramillo. Habrá que esperar, entonces, si la metodología convenida por los dos moderadores permitirá que las partes avancen en las conversaciones, de tal modo que sea posible restablecer por completo la situación de orden público de la zona.