"Desaparecidos del Palacio no se podrán probar": Defensor de Colombia ante la CIDH

"Desaparecidos del Palacio no se podrán probar": Defensor de Colombia ante la CIDH

Febrero 22, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Fenner Ortiz R., Reportero de El País, Bogotá.

Abogado Rafael Nieto Loaiza, quien asumió ante la CIDH la defensa del Estado colombiano por el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia.

El defensor de Colombia ante la Corte Interamericana de DD.HH. dice que muchos desconocen cómo es el litigio del Palacio de Justicia en ese tribunal.

Con la certeza de que es muy posible que al Estado no se le pueda probar que tiene responsabilidad en los casos de desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia, el agente defensor de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Rafael Nieto Loaiza, reconoció que tiene una tarea muy difícil por delante, máxime cuando el país no ha podido ganar un sólo pleito en este tribunal internacional.En diálogo con este diario, Nieto enfatizó que no se puede confundir la eventual responsabilidad internacional del Estado con los casos penales que se siguen en la justicia interna, porque la Corte no se focaliza en casos individuales y menos en materia penal o contenciosa administrativa.¿Qué lectura le da usted a la polémica que se está generando con el tema de la defensa de Colombia ante la Corte?Primero, lo que creo es que se están pisando muchos callos; segundo, que hay una inadecuada comprensión de las ideas estratégicas de la defensa, se cree, por ejemplo, que hay un desconocimiento de las decisiones judiciales y eso no se hace nunca en la contestación de la demanda. Lo que ocurre es que no se pueden usar las decisiones judiciales en el plano interno cuando no están en firme como la base de la defensa. Tercero, por supuesto, hay un conjunto de personas molestas porque se cuestionen menciones que han hecho carrera en los hechos del Palacio de Justicia, pero no necesariamente se ajustan a la realidad de los hechos.¿Lo que dice es que no son tantos los desaparecidos como se ha dicho?No, sobre ese tema no me pronuncio. Lo que digo es que para que haya responsabilidad del Estado en materia internacional se necesita probar, no solamente que pudo haber desaparecidos en el Palacio de Justicia, sino que esos desaparecidos son resultado de una política de Estado y yo creo que eso no se va a poder probar.Hay quienes dicen que ustedes van en contra de la Comisión de la Verdad...La Comisión de la Verdad no es una institución judicial, es una comisión formada por juristas muy respetables, tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia sobre los cuales yo tengo la mejor opinión, pero ciertamente lo que la Comisión opina solamente refleja una visión, si se quiere, parcial de la realidad y no corresponde a lo que esa Comisión debería haber hecho en su trabajo dentro de los estándares internacionales que hay sobre esta materia.¿Si la Comisión y las investigaciones se equivocaron, por qué el coronel (r) Alfonso Plazas está preso?Parte del problema que estamos encontrando hoy en relación con la defensa de Colombia tiene que ver con que no se comprende adecuadamente qué es lo que se discute en la Corte. Ésta no es un tribunal penal, no establece responsabilidades penales individuales, ni las examina y no es un tribunal contencioso administrativo y no establece responsabilidades en esta materia. Las razones por las cuales se puede establecer responsabilidad penal en Colombia o por las cuales se establece responsabilidad contenciosa administrativa en cabeza del Estado no son las mismas por las cuales se puede establecer responsabilidad internacional para Colombia en este caso. ¿Entonces?Por ejemplo, es perfectamente posible que se establezca en un tribunal penal interno responsabilidad del delito de desaparición en cabeza de un agente del Estado y, sin embargo, ello no genera responsabilidad internacional para el Estado y, le tendría que decir lo siguiente: aún si se estableciera de manera definitiva responsabilidad penal en cabeza de un agente del Estado por desapariciones en el Palacio de Justicia, ello no debería traer consecuencias ni responsabilidad internacional del Estado, porque la desaparición de personas no ha sido política del mismo.¿Si la Corte determinara, en caso hipotético, que no hubo desaparecidos, ¿eso sería una herramienta para tumbar esos casos individuales?Parte de lo que decimos es que la jurisdicción internacional no debería operar sino cuando se hayan vencido todas las instancias judiciales agotables en el proceso penal interno y ese es uno de nuestros argumentos. El problema es que si se estableciera, hipotéticamente, responsabilidad internacional en cabeza del Estado por las desapariciones del Palacio y esa decisión se tomase con base en unas sentencias judiciales en Colombia y éstas se cayeran en el recurso de casación, entonces la base de la discusión internacional quedaría absolutamente en negro.Entonces, ¿fue un error esa demanda?Esa demanda la hace la Comisión Interamericana auspiciada por las víctimas y yo hago una pregunta: ¿por qué si las víctimas recibieron compensaciones en el sistema contencioso administrativo colombiano, quieren recibir compensaciones adicionales en el sistema internacional?Hay muchos cuestionamientos al informe que usted presentó el 24 de noviembre, en el que se dice que hubo ‘copy paste’ de algunos apartes del caso Santo Domingo...Sí, eso se hizo a propósito, se usó la misma argumentación de carácter jurídico en el caso de la excepción por la incompetencia en razón de la materia, es decir el Estado alegaba que el caso que se estaba estudiando, así fueran ciertos los hechos, se debía a una infracción al DIH (Derecho Internacional Humanitario) y no a los Derechos Humanos que es exactamente lo que se hizo en el caso de Santo Domingo. De manera que se pretendía insistirle a la Corte en el mismo argumento de carácter doctrinal y teórico que se usó para Santo Domingo.Si se hizo a propósito, ¿por qué se corrige después?Porque apegada a esa reflexión de carácter doctrinal y teórica que se pretendía que fuera lo mismo, se fueron un par de páginas con hechos del caso Santo Domingo que no correspondían a los hechos del Palacio de Justicia y, por supuesto, ese par de páginas había que corregirlas, cosa que se hizo y que la Corte aceptó.¿Usted cree que el reciente fallo de La Haya por el caso de San Andrés tiene nervioso al país con respecto a estos temas de litigios internacionales?No lo sé, pero lo que sí puedo decir con mediana claridad es que hasta la fecha ninguno de los casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha ganado. Han sido abogados de Colombia ante la Corte, juristas tan prestigiosos como Jaime Bernal, como Juan Carlos Esguerra, lo mismo Eduardo Montealegre y en todos los casos nos han derrotado. De manera que, pues ni mucho menos, podemos anunciar aquí una victoria porque la situación del Estado en el litigio internacional ante la Corte es siempre débil.¿Esto se traduce que hay fallas en materia de defensa?Hay muchísimas cosas que se pueden mejorar, desde la coordinación institucional hasta el tiempo, hasta un conjunto de exigencias que deben hacerse al sistema interamericano para que se garantice, de mejor manera, el derecho de defensa del Estado en ese tribunal.¿Cómo ve que el Consejo Superior de la Judicatura anuncie procesos disciplinarios en su contra?Soy absolutamente transparente y abierto y si creen que hay mérito para una investigación que la hagan. No tengo ni idea cuál puede ser la razón para ello, pero si la percepción del Consejo es que debe hacerlo, que la haga, está en su derecho.¿En qué etapa está el proceso?Están pendientes unas audiencias que deberán tener lugar, seguramente, a mediados de año y después la preparación de alegatos finales, con base en las contestaciones en los documentos iniciales presentados por la comisión, por los peticionarios y por el Estado. Lo que se diga en las audiencias y los alegatos finales la Corte entra en un periodo de deliberación y si expide una sentencia, esto podría ocurrir a final de este año.¿Cómo se siente con este proceso?Además de atacado por distintos flancos, bien. Creo que uno tiene que asumir los riesgos de su tarea y que sobre todo en la defensa de los intereses del Estado y de Colombia, vale la pena asumir tales riesgos.

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