Denunciantes argumentan que en la Registraduría se estaría contratando ‘a dedo’

Los denunciantes argumentan que en la Registraduría se estaría presentando el fenómeno de la contratación ‘a dedo’ y no por concurso como lo establece la Ley.“En esta entidad hay desde parientes y amigos de sindicalistas, familiares de políticos, magistrados, consejeros y hasta personas que para entrar han tenido que pagar sin que para ello haya mediado un concurso público y menos una convocatoria”, reza el documento entregado por las fuentes a este Diario. Recordaron que “aparentemente desde 2009 con la Ley 1350 de ese año, el Registrador debió llamar a concurso a cerca de 800 cargos actualmente en provisionalidad, pero después de dos años se escudó en la Ley de Garantías para aplazar la convocatoria”.Uno de estos casos, dicen, fue el de la psicóloga Carolina Villarraga “hija del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga, ex socio de Carlos Ariel Sánchez de la firma Procesos Electorales S.A.”.Sobre este caso, el registrador Carlos Ariel Sánchez dijo que Carolina Villarraga “es una persona que llena los requisitos, que tiene pregrado, una maestría y tiene un contrato” y anotó que “uno se pregunta ¿cuáles son los impedimentos? el hecho de que una señora trabaje ahí, eso -con todo el respeto- están tratando de crear un descrédito y un mal ambiente”.Y siguió preguntándose: “¿Dónde está la falta que una señora que tiene los requisitos, trabaje y se gane tres millones de pesos como psicóloga?, ¿que porque es hija de una persona que trabajó conmigo?”.A esto, él mismo se responde: “Si eso fuera así cuántos funcionarios no podrían tener amigos, no nombrar a nadie ni, en este caso, contratar a nadie que uno conozca porque ¡qué pecado!, uno tiene que contratar a quienes no conoce. Entonces la debo privar de trabajar porque es hija de una persona que yo conozco, eso no es un impedimento legal o moral”.El registrador Sánchez insistió que lo único que pretenden con las denuncias es “el ánimo de crear un ambiente de desprestigio”.Cuestionado sobre las razones que tuvo para separar a Hollman Ibáñez de la oficina del Censo Electoral, el registrador Sánchez aseguró que el funcionario “renunció” y comentó que “lo más delicado es la situación personal de él y creyó que lo más conveniente es que se retirara para no involucrar asuntos de índole personal con el tipo laboral. Él renunció y se le aceptó, de manera pues que ya se fue”.Pobre sanciónAudry María Toro, prima de la senadora de la U, Dilian Toro, fue sancionada el pasado 2 de agosto por la Registraduría Nacional con cinco meses de suspensión de su cargo por suministrar información de manera ilegal a la EPS Saludcoop.El hecho ocurrió un año antes y con la prima de la congresista con mayor influencia en el sector de la salud y relacionada en varias oportunidades dicha EPS, también fue sancionada Carmenza Lores, la registradora de Cali.En el fallo de primera instancia la Registraduría, les impuso “destitución e inhabilidad general por 10 años” pero en segunda instancia cambió a “suspensión del cargo por cinco meses”. Audry Toro es candidata al Concejo de Cali.