Víctimas de 'paras' en El Salado no reciben atención médica desde hace cinco meses: CCJ

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) denunció este jueves que las víctimas de la masacre de El Salado, Bolívar, perpetrada por grupos paramilitares en 2000, llevan más de cinco meses sin la atención psicosocial que ordenó la Corte Constitucional en favor de la comunidad.

La sentencia favoreció a cuatro mujeres víctimas de graves violaciones de derechos humanos en el corregimiento de El Salado que, a causa de las masacres perpetradas por grupos paramilitares en los años 1997 y 2000, vieron severamente afectada su salud mental y física y ordenó al Ministerio darles atención a ellos y a sus redes de apoyo, entendida como toda la comunicad.

A pesar que en el 2012 el Ministerio de Salud suscribió un convenio con el fin de realizar el acompañamiento psicosocial a la comunidad a través de tres organizaciones de la sociedad civil con experiencia en este campo, la Comisión denunció que la atención no ha sido continua.

De acuerdo con la CCJ, el 25 de enero de 2017 falleció Juliana Torres Rivera, una niña de seis meses de edad, “como consecuencia de la insuficiente atención médica y la ausencia de las condiciones adecuadas para su tratamiento en el puesto de salud de El Salado, referida a la falta de suministros médicos y disponibilidad de una ambulancia para su traslado”.

“Lo ocurrido se suma a otros eventos de salud presentados en las últimas semanas, como el fallecimiento de los señores Enrique Garrido Suárez y Jaime Velazco Valencia, que guardan estrecha relación con la ausencia de convenios vigentes para la atención psicosocial de la comunidad de El Salado, teniendo en cuenta que el acompañamiento que realizan los equipos psicosociales de las organizaciones que son contratadas para tal efecto, les permite contar con información actualizada sobre el estado de salud de los integrantes de la comunidad, por los procesos de caracterización y las visitas domiciliarias que realizan”, agregó la Comisión.

La CCJ hizo un llamado urgente al Ministerio de Salud “para que elimine los obstáculos administrativos y burocráticos que impiden el cumplimiento de la sentencia T-045, y sin más dilaciones inicie la atención psicosocial a la comunidad de El Salado” en las condiciones en las que ha sido efectuada y acordada con la comunidad.