Demandarán al estado por PIP

Un grupo de mujeres que se consideran afectadas, busca una millonaria indemnización.

Amas de casa y universitarias, veinteañeras, modelos, profesoras y odontólogas. El problema causado por las prótesis PIP las cobija a todas por igual.La semana pasada, una cadena que convocaba a las afectadas a una reunión se esparció como pólvora por el sistema de mensajería de Blackberry.Cerca de 200 mujeres acudieron al llamado y, como lo señaló la abogada que convocó el evento, muchas otras se quedaron por fuera. El encuentro fue una muestra más de la gran cantidad de mujeres que fueron implantadas con PIP en Medellín.No ha pasado la avalancha de cirugías y de consultas médicas, ni el sistema de salud ha retirado la primera prótesis y ya se dio largada a una pelea jurídica contra el Estado colombiano, que busca resarcir a las usuarias.Frente al auditorio del Hotel Plaza Rosa, los abogados hicieron un llamado urgente a retirarse las prótesis y presentaron la denuncia de un caso en el que una mujer con PIP perdió parte del seno al extraer la prótesis.Para Juan Esteban Sierra, vocal de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica (SCCP), esta alarma es infundada. "No hay necesidad de extraer la glándula mamaria por ningún motivo porque eso no le ocasiona ningún daño al tejido alrededor de la prótesis".Adicionalmente, el expresidente del Capítulo Antioquia de la SCCP cuestiona que personas ajenas a la salud estén emitiendo conceptos médicos alarmantes. "Además de las otras empresas que producen prótesis que están detrás del negocio, también hay personas como abogados que están interesados en pescar en río revuelto", afirma.¿Quién es el culpable?"Cada uno de estos dispositivos implantables debieron haber tenido el debido control y seguimiento de calidad, que no tuvo por once años" , asegura Surany Arboleda Arias , la joven abogada que lleva el caso.A Surany algunos la conocen por ser hija de Rocío Arias y los lectores de la revista Soho por haber posado topless en sus páginas. "Tengo una obsesión con las tetas grandes. Para mí una mujer sin tetas no es una mujer, y yo creo que si yo no tengo tetas, no existo" , le dijo a esa revista en 2008.El pasado jueves, las mismas prótesis bajo la piel que dejó al descubierto en la sesión fotográfica de Soho estuvieron en manos de las que creen justo su reclamo contra el Estado. Tras el escándalo mundial, Surany Arboleda se retiró las siliconas que la dejaron en talla 38 y que para ella se han convertido en la prueba reina de la negligencia del Invima y el antiguo Ministerio de Protección.El Colombiano consultó al Ministerio de Salud, pero sus funcionarios se abstuvieron de comentar sobre el tema.Según la abogada Arboleda Arias, ahora representa a 200 mujeres que se sienten defraudadas por las autoridades sanitarias colombianas. Que el Invima haya reconocido que jamás ejerció prueba alguna para verificar la calidad de las PIP es uno de los argumentos más sólidos de los demandantes."Se supone que los cirujanos plásticos deben confiar en lo que tenga un registro calificado. Todo eso me hace pensar que es una demanda factible y que es una pelea que hay que dar" , dice Susana Gil , maestra de preescolar que atendió la convocatoria de la abogada Arboleda.¿Es responsable el Estado colombiano por el engaño en que cayeron las autoridades francesas? Eso será lo que se debatirá en los estrados judiciales, pero desde ya los juristas entregan sus cábalas.Para Julio Guzmán Vargas, asesor jurídico de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, "tendría que probarse cuál es la obligación explícita del Invima frente a la verificación del contenido y no hay ninguna norma que diga cómo debe hacerlo" . A esto se suma el anuncio de la Comisión Europea dado a conocer la semana pasada. Para el ejecutivo europeo, las PIP "no parecen suponer un riesgo más elevado" para la salud que otros implantes. Según Guzmán Vargas, sin un perjuicio comprobado es imposible ganar la demanda.Otro punto de vista sostiene el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar. "Yo creo que ahí hay una falla en el servicio porque el Invima, al permitir la importación, tenía que controlar y saber con base en qué se construyeron esos implantes" , asegura.Susana Gil sabe que la batalla jurídica puede ser tan extensa como compleja. A esta altura poco le importa. Parece que le interesa más darle "un jalón de orejas al Estado. Es que están jugando con la salud de uno. El Invima las dejó entrar", dice, "¿y ahora quién responde?".