Demandan resolución que fijó los topes económicos en las campañas electorales

La resolución establece que el límite máximo de gastos de campaña para las listas al Senado inscritas por partido es de $30.188 millones.

El Consejo de Estado aceptó estudiar una demanda radicada en contra de la resolución del Consejo Nacional Electoral que estableció un tope al dinero que podrán invertir las campañas políticas para el Congreso de la República. Se trata de la resolución 228, del 29 de enero del 2013, que también fijó topes para las consultas populares en que se escojan candidatos por parte de las organizaciones políticas. Igualmente, la resolución fijó el monto máximo que cada partido o movimiento con personería jurídica puede invertir en las campañas. La Sección Quinta, con ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, estimó que se cumplieron los requisitos para la admisión de la demanda que presentó el jurista Carlos Mario Isaza, asegurando que hay una desproporción en los cupos asignados con lo cual no se satisfacería la Ley 1475 de 2011 que en su artículo 24 establece que los límites de las campañas se deben fijar teniendo en cuenta los costos reales de las campañas, el correspondiente censo electoral y la apropiación presupuestal para la financiación estatal de las mismas. “Se puede evidenciar que dichos rangos no son lo suficientemente precisos para garantizar la finalidad de la norma. Es así como por ejemplo, uno de los rangos de potencial electoral, (+ de un millón de votantes), atinente a Cámara de Representantes se incluyen departamentos que tienen número de votantes entre 1 millón y 4 millones de votantes con curules que van desde 5 hasta 17, dependiendo de la circuncripción. Esto significa que, en listas completas con voto preferente cada candidato, dentro del mismo rango, se puede gastar hasta 237 millones en un departamento, mientras que en otro se pueden gastar 806 millones”, dice la demanda. De acuerdo con el demandante, “no es lo mismo hacer una campaña política en una circunscripción como la nacional, con un potencial electoral que está alrededor de los 30 millones de sufragantes, que en una circunscripción como la de Córdoba con un potencial electoral de alrededor de un millón cien mil electores o de Antioquia, con un potencial de más de 4 millones”. De acuerdo con el análisis de Isaza, podría pasar que un candidato al Senado podría gastarse tan sólo alrededor de 300 millones de pesos, mientas que uno a la Cámara de Representantes por Córdoba podría gastarse alrededor de 906 millones y uno de Antioquia, alrededor de 237 millones. Según la demanda, el Consejo Nacional Electoral no atendió el potencial electoral de las respectivas circunscripciones, lo que significaría que los candidatos de los departamentos de mayor potencial electoral competirían en condiciones distintas que las de candidatos de los departamentos con menor potencial electoral. “Para las campañas a desarrollarse en las elecciones del 2014, los topes individuales de los candidatos que vayan en listas con voto preferente y completas, en circunscripciones de Senado y Cámara del Distrito Capital, no se podrá gastar más de la mitad de lo que pudieron llegar a gastar para las elecciones de 2010, en comparación con circunscripciones como Córdoba, en Nariño y Sucre, que en esta oportunidad podrán gastar el doble de lo que pudieron gastarse para las elecciones de 2010”, dice la demanda.