Demanda de Ingrid Betancourt causó rechazó en el Gobierno

Julio 09, 2010 - 12:00 a.m. Por:
Colprensa
Demanda de Ingrid Betancourt causó rechazó en el Gobierno

Como un acto de codicia, ingratitud y oportunismo calificó el vicepresidente de la República Francisco Santos las aspiraciones de la ex candidata presidencial y su familia de obtener una indemnización por su secuestro.

Una ‘tormenta’ de críticas desató la demanda interpuesta por la ex candidata a la presidencia Ingrid Betancourt y su madre Yolanda Pulecio, quienes reclaman del Estado colombiano 15.431 millones 351.537 pesos por los 2.320 días que la política permaneció secuestrada por las Farc. El pronunciamiento más duro lo hizo el vicepresidente de la República, Francisco Santos, quien dijo que las aspiraciones de Ingrid Betancourt y su familia de obtener una indemnización por su secuestro, constituyen un acto de codicia, ingratitud y oportunismo que merece el rechazo de los colombianos y de la opinión mundial. “Es un premio mundial a la ingratitud y a la desfachatez. Estoy indignado, triste y desilusionado. En mi condición de víctima del secuestro me duele inmensamente ese, que sin duda es uno de los actos de ingratitud que quedará en la historia de Colombia y también de oportunismo y de codicia, tanto de Ingrid como de su mamá, Yolanda Pulecio” , agregó Santos.Según confirmó el procurador delegado para la conciliación administrativa, Isnardo Jaimes Jaimes, la suma que espera conciliar Betancourt es por los perjuicios morales, materiales y el daño a la vida en relación. Éstos fueron tasados por Ingrid Betancourt, de acuerdo con un documento de 55 páginas, en 5.822 millones 18.217 pesos (para Ingrid) discriminados de la siguiente manera: mil 500 millones de pesos por los daños sufridos durante su retención, otros 500 por los perjuicios a su fallecido padre, mil 500 millones de pesos por daños psicológicos y mil 281 por los sueldos que dejó de percibir durante los seis años de cautiverio. Mientras tanto su madre, Yolanda Pulecio, los tasó en 9.609 millones 333.320 pesos. Sin embargo, la ex candidata negó que se trate de una demanda al Estado. En un comunicado dado a conocer ayer, el abogado de Betancourt, Gabriel Devis, dijo que: “No se ha demandado a nadie, ni al Gobierno colombiano, ni a las Fuerzas Armadas, ni a ninguna de las personas que participaron en la operación de liberación de la señora Ingrid Betancourt”. Y agregó: “Pensamos que una conciliación es una manera de reflexionar sobre los mecanismos de protección que brinda el Estado colombiano a sus ciudadanos víctimas del terrorismo”. El procurador delegado Isnardo Jaimes insistió en que Ingrid presentó una solicitud de conciliación extrajudicial, en contra de la Nación, el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Policía Nacional, y contra la Nación representada por el Ministerio del Interior y de Justicia.Ante esta petición, el vicepresidente Santos agregó que, en su opinión, el Gobierno no debe adelantar negociación ni conciliación alguna con ellas (Betancourt y Pulecio).Estas solicitudes de conciliación fueron dejadas en manos del procurador judicial 29 de Bogotá Gabriel Herrera Vergara, quien deberá citar a audiencia pública a los interesados en un término de 30 días.“No acató las recomendaciones”El ministro de Defensa, Gabriel Silva, fue otro que se mostró en desacuerdo con la demanda de la ex candidata presidencial, rescatada en 2008 la operación Jaque.El titular de esta cartera señaló que no hay elementos objetivos en la petición. Aseguró que no se ha tenido en cuenta el esfuerzo y empeño de la Fuerza Pública en la planeación y ejecución de la operación Jaque, en la que mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas arriesgaron su vida en pos de la libertad de los secuestrados y que la propia doctora Ingrid Betancourt calificó como “perfecta”. En un comunicado el Ministro indicó que la Nación no es responsable por lo ocurrido porque: “como es de conocimiento público, la doctora Ingrid Betancourt Pulecio, en su momento candidata presidencial, no acató las insistentes recomendaciones de la Fuerza Pública de no proseguir en su intención de viajar a San Vicente del Caguán, Caquetá, donde tenía un acto en desarrollo de su campaña política” . En este último punto coincidió el Alto Comisionado para la Paz de la época en que Ingrid Betancourt fue secuestrada, Camilo Gómez Alzate, quien manifestó que el Gobierno le había advertido a la entonces candidata presidencial que no se desplazara hacia San Vicente del Caguán por el riesgo que ello significaba. “Nosotros nos encargamos de recomendarles que, dado los combates, no era prudente que hicieran ese viaje”, manifestó Gómez Alzate. El trámite de la acciónUna vez conocida la petición de Ingrid Betancourt, el Presidente del Consejo de Estado, magistrado Luis Fernando Álvarez, le explicó a Colprensa cuál es el procedimiento que se debe adelantar en este tipo de casos.Álvarez, quien afirmó no conocer aún el proceso, considera que esta debe ser una acción de repetición en la que Betancourt cuestionaría la falta de protección o de garantías que el Estado debe brindarle a todos los ciudadanos.En ese sentido, el magistrado señaló que como en todo proceso contra el Estado, la ley obliga a que se intente en primera instancia una conciliación prejudicial con el fin de no congestionar el aparato judicial.Dicha conciliación se adelanta ante la Procuraduría General de la Nación, que intenta que las partes implicadas lleguen a un acuerdo. En el caso contrario, la acción judicial iniciaría ante el tribunal donde sucedieron los hechos. Tras el fallo allí adoptado, pasaría al Consejo de Estado.Sigifredo espera conciliaciónPor los perjuicios patrimoniales y morales que le dejaron casi siete años de secuestro en poder de las Farc, el ex alcalde de Pradera y ex miembro de la Asamblea del Valle, Sigifredo López Tobón, también demandó al Estado colombiano y está pendiente en los próximos días de una conciliación. López fue liberado el 5 de febrero de 2009 por las Farc y es el único sobreviviente de los doce diputados de la Asamblea del Valle que fueron asesinados en cautiverio.El liberado radicó a comienzos de este año en un juzgado administrativo de Cali una acción de reparación directa contra la Gobernación del Valle, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.Los argumentos del ex diputado aluden a una serie de solicitudes en materia de seguridad en el interior de la Asamblea del Valle que fueron desatendidas por la Gobernación y, de cierta manera, facilitaron la acción de las Farc que permitió que se llevaran a 12 diputados de la Asamblea Departamental, incluido el propio López. Sobre el caso de la ex candidata Ingrid Betancourt, Sigifredo López, señaló que cada víctima de secuestro tiene derecho a ser indemnizada.

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