Defensoría pidió acciones para garantizar agua potable ante llegada de fenómeno El Niño

Junio 04, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa
Defensoría pidió acciones para garantizar agua potable ante llegada de fenómeno El Niño

El Ideam reportó en situación de vulnerabilidad a 117 municipios del país por escasez de agua potable.

El Ideam ha declarado en situación de vulnerabilidad a 117 municipios de todo el país por la escasez de agua potable.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades y ciudadanos para que adopten comportamientos consecuentes con los graves pronósticos de sequía y afectación de las fuentes hídricas ante el inminente fenómeno de El Niño anunciado por el Ideam. Según la Defensoría, la escasez de agua en ciudades como Santa Marta, donde las falencias en el servicio han derivado en fuertes protestas de los ciudadanos, demanda una intervención efectiva por parte del Gobierno, las alcaldías y las empresas prestadoras de servicios públicos. Además resaltó que el panorama advertido por el Ideam respecto al alto déficit en el volumen de aguas lluvias, “se complica por situaciones como la vulnerabilidad declarada en 117 municipios del país, la escasez de agua potable en Santa Marta y Yopal, además del grave incendio forestal en Isla Salamanca y la ruptura de un acueducto en el Valle del Cauca”. Para la Defensoría, el diagnóstico realizado por el Ideam respecto a la inminencia del fenómeno de El Niño, con un 70 por ciento de probabilidades y un elevado déficit de lluvias en departamentos como la Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Huila e incluso buena parte de la Costa Pacífica, incluido Chocó, “implica la adopción de medidas oportunas y eficaces para evitar el desperdicio, asegurar un uso racional de los recursos y garantizar el derecho al acceso y prestación del servicio de acueducto por parte de la comunidad”. Para el caso de Santa Marta, se insiste en que el plan de contingencia adoptado por Metroagua en sectores como Puerto Mosquito, Quebrada del Sena y el tramo Rodadero-Gaira, es insuficiente teniendo en cuenta que como lo advirtió la Defensoría desde agosto del año pasado, el 60 por ciento de los habitantes de esa ciudad no tiene acceso adecuado al líquido vital, situación que se agrava con el déficit tanto en los ríos como en las plantas de tratamiento, que según cifras oficiales supera los 3.260 y los 590 litros por segundo, respectivamente. A este panorama en el Magdalena, donde poblaciones como Aracataca, Pueblo Viejo y Pibijay también afrontan problemas de acceso y abastecimiento, se suma el incendio que desde el 28 de Mayo consume varias hectáreas del Parque Isla Salamanca, emergencia que habría sido ocasionada por quemas ilegales y que aún no ha sido superada a pesar de la intervención de los organismos de socorro y la Fuerza Aérea. Por tales motivos, “la Defensoría exhorta a la Unidad Administrativa de Parques Naturales, a los turistas, campesinos, cazadores, pescadores, carboneros y aserradores, para que por una parte refuercen los controles y las medidas de vigilancia”. Además les pide que se tome conciencia sobre el urgente cuidado de la naturaleza, en aras de prevenir conflagraciones de estas características. Así mismo calificaron de “no menos graves” los hechos de las últimas horas en el Valle del Cauca, donde desconocidos ocasionaron la ruptura de un tramo en la tubería de agua potable construida para surtir a 28 mil habitantes del corregimiento de Villagorgona, en el municipio de Candelaria. A ello hay que agregar el contexto de excepción que luego de 3 años sigue padeciendo Yopal, en el Casanare, donde los inconvenientes de continuidad, regularidad y presión en las redes del acueducto se mantienen, obligando al abastecimiento mediante carrotanques para satisfacer las necesidades de 350 mil habitantes en esa ciudad. Finalmente, la Defensoría del Pueblo exhorta al Ministerio del Medio Ambiente, a las Corporaciones Autónomas Regionales, a las Gobernaciones, a las Alcaldías Municipales y Distritales y a las empresas prestadoras de servicios públicos, a que no solo adopten los planes de contingencia necesarios para afrontar posibles emergencias ligadas al fenómeno de El Niño, sino para que adicionalmente se configure una política pública que garantice el derecho del acceso al agua.

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