Defensor del Pueblo radicó tutela en favor de los empleados de la Contraloría

Diciembre 26, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa
Defensor del Pueblo radicó tutela en favor de los empleados de la Contraloría

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora.

Jorge Armando Otálora manifestó que espera que antes del 31 de diciembre se de una solución para los afectados.

El defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, radicó una tutela en los juzgados de Paloquemao en la que reclama se solucione de manera pronta la situación en la que se encuentran 2.200 empleados de la Contraloría General de la Nación quienes podrían quedarse el próximo 31 de diciembre sin instalaciones para laborar. La acción de tutela va dirigida puntualmente a los propietarios del inmueble que están exigiendo la entrega del bien a partir del 1 de enero de 2015. “La Defensoría está pidiendo que no se prorrogue ningún contrato, sino que se permita una estadía por un termino prudencial hasta que la Contraloría y el Gobierno Nacional, como ya lo ha anunciado, ubiquen el sitio o las instalaciones para que se pueda trasladar la Contraloría”, señaló Otálora. Otálora, también dijo que la tutela que presentaron va encaminada fundamentalmente en tres aspectos: I) preservar la normal marcha de la administración pública, II) reclamar el derecho fundamental de los trabajadores y III) el derecho al debido proceso que tienen quienes están siendo investigados por la Contraloría. La normal marcha de la administración pública –dice Otálora- se ve afectada porque “la central de sistemas que es una central que valió 22 millones de dólares el montaje y desmontaje demora más de dos meses y es importante porque cualquier funcionario público o cualquier particular que vaya a celebrar contratos con el Estado necesita una certificación de la Contraloría General de la República, para poderse posesionar o suscribir un contrato y si no funciona esa central pues se va a paralizar la administración pública”, indicó Otálora. Frente al derecho fundamental de los trabajadores asegura el funcionario que en este momento hay 2.200 funcionarios que dependen de esa entidad y en este momento no saben a dónde acudir para ejercer sus labores si no van a tener donde hacerlo a partir del 1 de enero de 2015. Y respecto a quienes están siendo investigados en los diferentes expedientes de la Contraloría, Otálora afirmó que “no van a saber dónde van a continuar los trámites de esos procesos, ni cómo van a continuar los términos que están corriendo”. Frente al tema de la Dirección Nacional de Estupefacientes edificio que sería la nueva sede de la Contraloría, Otálora dijo que “es una medida transitoria, lo que ocurre es que no se encuentran adecuadas las instalaciones y esto tomaría unos meses, no se podría hacer todavía. Por eso mediante la tutela pedimos que se le autorice al contralor estar otros meses en las instalaciones donde están hoy, mientras se encuentra y adecua una nueva sede”. De no haber solución, el 1 de enero no va haber una central de sistemas de cómo certificar a los usuarios sus antecedentes fiscales y por supuesto no habrá donde adelantar otras diligencias que le corresponden a esa entidad.

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