Defensa de Ordoñez recusa dos magistrados que llevan su proceso

La Sala de la Sección Quinta debatirá este lunes la ponencia del magistrado Alberto Yepes, la cual podría dejar fuera del cargo al procurador Ordoñez.

La defensa del procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, recusará este lunes a los magistrados de la Sección Quinta, Alberto Yepes y Lucy Jeanette Bermúdez, en el marco del proceso que se adelanta en contra de su reelección. El abogado de Ordóñez, Miguel González, le dijo a Colprensa que Yepes tendría que separarse del cargo puesto que “la ley procesal señala que está prohibido dar a conocer las ponencias antes de que sean votadas y se conviertan en fallo”. La recusación se presentó no solo por la filtración de la ponencia sino porque la reciente columna de María Isabel Rueda da a entender, según la defensa, que “la ponencia se la filtraron a ella”. El abogado González señaló que la recusación también se extiende la magistrada Lucy Jeanette Bermúdez quien, según dijo, presentó por fuera del proceso un documento de 100 páginas al magistrado Yepes en el que supuestamente incurrió en un prejuzgamiento en el caso. Esta recusación demoraría el inicio el debate el interior de la Sección Quinta sobre el futuro de Ordóñez que está previsto para las 2:30 pm. de este lunes.La Sala, compuesta por tres magistrados titulares y dos conjueces, debatirá la ponencia del magistrado Alberto Yepes, quien sorprendió con la tesis de que Ordóñez no podía ser reelegido en el cargo porque la Constitución y la Ley no lo permite y tampoco lo prohíben y que, los servidores públicos, no pueden hacer lo que no está autorizado jurídicamente. Esta es la tesis del jurista Carlos Mario Isaza, quien además se basó en el artículo 121 de la Constitución Política que expresamente señala: “ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuye la Constitución y la ley”. Este debate incluye además otra controversia, ya que el magistrado Yepes cambió su ponencia original y porque esta tesis es contraria a una que él mismo había formulado en el pasado y es que en materia de servidores públicos la norma tiene que decir expresamente que la reelección está prohibida. Dicha posición la postuló Yepes, tal y como reveló COLPRENSA el pasado jueves, en un fallo de octubre de 2012, en la que se trataba la reelección del rector de la Universidad de Cundinamarca para el periodo 2011-2015, Adolfo Miguel Polo Lozano. “Como se trata de un derecho fundamental que en principio puede ejercerse plenamente, lo que sí procede, cuando se quiere delimitar el derecho a ser elegido en más de una ocasión, consecutiva o no, es fijar la prohibición expresamente, lo cual puede ocurrir en forma tajante, como cuando abiertamente se dice que el funcionario no podrá ser reelegido, o de manera relativa, como cuando se prohíbe la reelección para el periodo inmediatamente siguiente o cuando la reelección se permite una sola vez”, asegura ese fallo. No obstante, la ponencia del magistrado Yepes parece tener mayoría al interior de la Sección Quinta, por lo que este lunes se convierte en un día clave para Ordóñez. Si la Sala no se aplaza, como ya sucedió y alcanzan a votar, el Procurador tiene un paso afuera del Ministerio Público. Pero, si la Sala no se realiza, el martes en Sala Plena, se debatirá la petición de varios magistrados del Consejo de Estado de llevar allí el caso y sacarlo de la Sección Quinta. Esta posibilidad es controversial, porque ya la Sala Plena el auto del 24 de abril pasado estimó que la Sala no debía tomar el caso por no haber jurisprudencia qué unificar. Para el demandante Isaza, la posibilidad que el caso pase a Sala Plena no tiene asidero y evidencia un interés político del Consejo de Estado. “Ahora que por razón de la ponencia que se radica, magistrados afectos al Procurador ven amenazada la permanencia de este en el cargo, quieren pasarlo a Sala Plena pero entrarían en contradicción con lo que ya resolvieron y que marca un derrotero para el marco del proceso”, señaló. Las demandas La Sala Plena estudia tres demandas presentadas en contra del acto de reelección de Ordóñez, del 27 noviembre de 2013. Una es de un ciudadano José Leonardo Bueno Ramírez (31 de enero de 2013), otra del reconocido jurista Rodrigo Uprimny (31 de enero de 2013) y la de Isaza (23 de enero de 2013). Todas fueron unificadas el 21 de agosto de 2013. Como ya se indicó, la demanda de Isaza asegura que el Senado no podía reelegir a Ordóñez porque tenía facultad para elegir y no para reelegir. Las demandas de Bueno Ramírez y de Uprimny tienen los mismos argumentos: que hubo irregularidades en el proceso de votación y reelección porque no se tuvieron en cuenta los impedimentos que presentaron varios congresistas porque tenían familiares trabajando en la Procuraduría. “Aunque se plantearon 28 recusaciones y 39 impedimentos para tal ocasión, ninguno de ellos prosperó, aun cuando el mismo Procurador General de la Nación, Dr. Alejandro Ordoñez Maldonado, confirmó que 12 parlamentarios tenían abiertos procesos disciplinarios al momento de la elección y que varios congresistas tienen familiares y personas cercanas trabajando en la Procuraduría”, afirma la demanda de Uprimny. Igualmente, la demanda afirma que al menos 59 senadores que votaron a favor de Ordóñez, de un total de 80, al momento de la elección tenían algún conflicto de interés, por lo que pide que estos votos sean restados. El otro argumento de esa demanda es que Ordóñez no podía ser ternado por la Corte Suprema de Justicia, puesto que familiares de varios magistrados se desempeñan en el Ministerio Público. Congresistas que votaron, absueltos Mientras esta demanda cursaba en la Sección Quinta, fue demandada la investidura de nueve de esos congresistas que supuestamente votaron a favor de Ordóñez estando inhabilitados para hacerlo. No obstante, la Sala Plena negó la demanda y el pasado 6 de mayo salvó el futuro de los políticos al indicar que sí presentaron el respectivo impedimento en el Congreso, argumentando que estaban siendo investigados por la Procuraduría y que el mismo fue negado. Así, se salvaron los congresistas Manuel Guillermo Mora, Armando Bennedetti, Musa Besaile Fayad, Jorge Aurelio Iragorri, Carlos Roberto Ferro, Martín Emilio Morales, Miltón Rodríguez, Efraín Torrado y Claudia Wilches. Dichos congresistas y otros 19 más también fueron beneficiados el pasado 22 de mayo de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de no investigarlos por el delito de prevaricato por omisión. La Corte tomó la decisión al encontrar que una parte de los senadores denunciados no tenía investigaciones en la Procuraduría como se afirmaba, y que los que sí estaban siendo investigados se declararon impedidos en la respectiva sesión de votación realizada el 27 de noviembre de 2012.