Defensa de Andrés Felipe Arias reitera que tratado de extradición con EE.UU. no está vigente

La firma Víctor Mosquera Marín Abogados emitió un pronunciamiento asegurando que el tratado de extradición fue declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia en 1987 y que Arias está siendo perseguido por el Gobierno.

No para la pelea entre el Gobierno Nacional y el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de prisión y quien está en los Estados Unidos a la espera de un proceso de extradición.

El miércoles el Gobierno emitió un comunicado en el que señala enfáticamente que Arias “no es perseguido político” y en donde afirma que el tratado de extradición con ese país del norte tiene plena vigencia. Lea también: "Andrés Felipe Arias no es un perseguido político del Gobierno" Minjusticia

“El Gobierno no ha presionado a la justicia de los Estados Unidos en ningún sentido”, señaló el Gobierno a tiempo que insistió en que el tema Arias no se trató en La Habana, Cuba, y que lo que bien podría hacer el exministro es presentarse ante la Corte Suprema de Justicia que es su juez natural y la Corporación que lo requiere.

Ante esto, la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, en calidad de apoderada legal en lo internacional de Andres Felipe Arias, emitió un pronunciamiento asegurando que el tratado de extradición con los Estados Unidos fue declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia en el año de 1987, por lo que las extradiciones que Colombia ha hecho a ese país se hacen con base en una norma interna: la ley 600 de 2000 Capítulo III o ley 906 de 2004 artículo 490 y subsiguientes.

“A la fecha se tiene registro de más de 20 Sentencias, así como otros documentos, en donde la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, han reconocido explícitamente que no existe tratado de extradición con los Estados Unidos, e inclusive el 21 de noviembre de 2016 el ministro de Justicia, en declaración pública reconoció la inexistencia de dicho tratado. Por ello causa extrañeza la comunicación recientemente proferida”, dice el comunicado.

De acuerdo con la firma, “es evidente que si se realiza una persecución política contra un grupo determinado de personas, el Estado o personas que participan en la misma siempre van a rechazar la persecución y realizar acciones tendientes a ocultarlo, tratando de invisibilizar o desacreditar”.