¿Deben modificarse los 'superpoderes' que tiene la Procuraduría General?

Constitucionalistas dicen que no se puede pensar en hacer remiendos a la entidad por un hecho coyuntural sino que debe hacerse una reforma integral a la justicia.

Aunque han pasado 22 años desde que el constituyente del 91 rediseñó la Procuraduría General, fue solo hasta que el Ministerio Público sancionó y destituyó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que se empezó a cuestionar la magnitud del poder que se le otorgó entonces a este organismo, en cabeza hoy de Alejandro Ordóñez.Quienes defienden la Procuraduría se preguntan dónde estaban la ONU, la Embajada de EE.UU., la Fiscalía, la Unión Europea y los demás organismos que salieron en defensa de Petro cuando el Ministerio Público, en los últimos cinco años, destituyó a los otros 331 funcionarios que también fueron elegidos por voto popular.Entre tanto el argumento de quienes cuestionan ahora los ‘megapoderes’ del Procurador y rechazan la decisión de separar a Petro de su cargo es que es imposible que en un Estado de Derecho y en una democracia como la nuestra exista un funcionario que reúna tanto poder como para destituir a una persona que fue elegida por mandato popular.El tema es tan complejo, que mientras autoridades judiciales hablan de reformar la Procuraduría, otros aseguran que esto no es cuestión de remiendos sino de cambios estructurales.El exmagistrado Carlos Gaviria recordó que en muchos países la Procuraduría no existe, que no es conveniente que haya un funcionario que rompa los equilibrios de poder y que lo que ha pasado con Ordóñez debe llevar a repensar la entidad.“Los hechos muestran que es sumamente peligroso que en un Estado de Derecho haya un funcionario con tanto poder, dispuesto a hacer uso de ese poder y a llevarlo hasta las últimas consecuencias”, dijo el magistrado Gaviria.Por su parte el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar indicó que las funciones del procurador no son un capricho sino un mandato constitucional y que no se pueden pensar en realizar arreglos parciales en la entidad por un asunto coyuntural sino que se debe hacer es una reforma integral a la justicia.“La reforma constitucional que se hizo en el 91 puede ser criticable, pero no se puede pensar en reducir o cambiar los poderes de la Procuraduría. Hay que revisar todo el sistema de justicia: definir quién puede ser la segunda instancia, revisar la segunda instancia en la Corte Suprema cuando juzga a los congresistas, revisar el sistema de elección de los magistrados, procurador, fiscal y contralor para eliminar la incidencia política en esos nombramientos y eso demanda compensar todos los pesos y contrapesos”, dijo Bernal Cuéllar.Estos son los posibles escenarios que se plantean frente al tema.Dejarla como hasta ahoraExceptuando la “participación innecesaria” que viene cumpliendo la Procuraduría en el proceso penal, dado que esa misma función la cumple la Fiscalía General, el penalista y exfiscal Francisco José Sintura considera que el Ministerio Público debe continuar con sus labores tal y como lo viene haciendo hasta la fecha.“En materia de competencias y sanciones disciplinarias, se deben preservar las que hoy tiene el Procurador y solo hacer un ajuste en el procedimiento para que sea más garantista; que no sea el mismo procurador el que elabore el pliego de cargos, formule pliego de cargos, formule la decisión y además la revise. Por lo demás, debe seguir las competencias porque todo funcionario está sometido al imperio de la ley”, reiteró Sintura.El exconstituyente Juan Manuel Charry dijo que el ente lleva 22 años operando sin críticas y ahora hay un argumento basado en coyunturas e intereses de algún sector. “Se puede pensar en armonizar mejor las funciones de la Procuraduría a la Corte Interamericana, pero no podemos cambiar la Constitución cada que se emita una decisión”.Adoptar segunda instanciaEntre las opciones que más se han escuchado en los últimos días está la probabilidad de crear una segunda instancia independiente a la misma Procuraduría y mantener la función disciplinaria.Entre los partidarios de esa opción está el politólogo Alfredo Rangel, quien defendió el papel que ha cumplido la Procuraduría en la lucha contra la corrupción en Colombia.“Creo que el Ministerio Público ha demostrado ser un arma muy eficaz y una institución fundamental en la lucha contra la corrupción. El actual Procurador ha sancionado administrativamente a cientos de funcionarios públicos, entre ellos más de 800 concejales. Sin el papel de la Procuraduría la corrupción administrativa en Colombia sería mucho peor y más que pensar en restarle funciones, lo que debería reformarse para mejorar es el establecimiento de una segunda instancia a las decisiones del procurador y que podría ser el mismo Consejo de Estado”, dijo Rangel.Clara Inés Vargas, exmagistrada de la Corte Constitucional, aseguró que no es partidaria de que se establezca la doble instancia en materia disciplinaria, aunque habría que mirar si sanciones muy fuertes ameritan una revisión.“La doble instancia está establecida solo para los proceso penales y no para los disciplinarios porque en el primer caso está en juego la libertad”, explicó la exmagistrada.Que discipline el Consejo de EstadoTeniendo en cuenta el argumento de algunos especialistas, que apunta a que a Gustavo Petro solo lo podía ser destituido por una autoridad judicial, varias voces apuntan a que el control disciplinario debe pasar a manos del Consejo de Estado.Es opción la rechaza de tajo el exconstituyente y exalcalde de Bogotá Jaime Castro, quien recordó que todos los procuradores desde 1991 han investigado y sancionado a los elegidos popularmente en más de mil ocasiones. “Y ahora hay congresistas, jefes de bancada y hasta ministros pidiendo reformar la Constitución. Por qué no lo habían hecho antes si tuvieron la oportunidad en todo este tiempo de presentar una propuesta en ese sentido”.“Lo hacen de manera incompleta porque no dicen quién cumpliría las funciones de la Procuraduría; si el Consejo de la Judicatura, si la Personería, si se crea una entidad nueva o si lo hace el Consejo de Estado. Ahora hay una autoridad que ejerce poderes mayores y es el mismo Consejo de Estado, porque cuando decreta la pérdida de investidura es una muerte política en única instancia y hasta ahora nadie ha dicho absolutamente nada”, dijo Castro. El exfiscal general Alfonso Valdivieso, al aclarar que el Procurador no ha hecho más que cumplir su mandato constitucional, dijo que si esas funciones disciplinarias pasan a otro tribunal, no es partidario que sea el Consejo de Estado el que regule esa materia. “Sería pasar al Consejo de Estado un ‘megapoder’. Creo que replanteando algunas cosas, esa función la debe seguir la Procuraduría”.Rediseñar sus competenciasLa gran mayoría de las soluciones que han planteado diversos sectores de la opinión pública apuntan a hacer un rediseño de las funciones que viene cumpliendo la Procuraduría, lo que no es otra cosas que revisar la función disciplinaria que ha venido cumpliendo la Procuraduría durante más de dos décadas.Eduardo Cifuentes, exmagistrado de la Corte Constitucional, considera que hoy el país está en el peor de los mundos en materia de corrupción y que es necesario mantener un alto estándar en materia de control y vigilancia de los servidores públicos elegidos o no por voto popular, pero dando el debate amplio sobre los alcances de un poder disciplinario y de las sanciones que impone.“Yo pensaría que el control disciplinario debe ser fortalecido, primero que todo, en todas las entidades pública a través de las oficinas de control interno y que el control externo debe ser subsidiario y residual. Pero la gran paradoja es que hoy en el país hay infinita corrupción, excesivo control y parálisis del Estado por el pánico a los entes de control”, dijo Cifuentes.De otro lado el exmagistrado José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, insistió en que el procurador no debería poder suspender del cargo a ningún funcionario que haya sido elegido por decisión popular.“Es necesario que esos poderes que hoy acumula el procurador, y que ha venido ampliando con sus decisiones, se debiliten, quede muy bien definido hasta dónde puede llegar su poder y se prohiba su reelección. También se debe garantizar que solo a través de una decisión judicial puede ser removido de su cargo un funcionario público”, expresó Hernández.Crear un organismo nuevoEntre las varias opciones que han surgido, la que menos adeptos tiene pero no deja de ser una opción, es la de crear un organismo nuevo que cumpla las funciones que ha venido desarrollando la Procuraduría. El analista y politólogo Fernando Giraldo cree que lo que acaba de ocurrir con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, es volver nuevamente a 1810 y ver el Florero de Llorente de todas las dificultades que tiene el sistema democrático colombiano.“La Procuraduría está obrando de acuerdo a la ley y a lo que le permite la Constitución, pero lo que comete son desafueros y se extralimita, eso está claro, y en este caso queda en evidencia que hay un problema, pero no por culpa del Procurador, sino porque el sistema quedó mal diseñado en el 91 y le entregaron a alguien la potestad de decidir qué es bueno, qué es malo y quién se queda y quién se va”, explicó Giraldo.Agregó el analista que más que ceder las funciones de la Procuraduría a otra entidad o crear un organismo nuevo que cumpla la función disciplinaria, lo que se debe hacer es corregir problemas graves de la Procuraduría “pero se requiere una reforma constitucional que deben abordar el Congreso y el Ejecutivo y pensar, por ejemplo, en una segunda instancia en la que sea un cuerpo colegiado integrado por las altas cortes la tome la decisión final para acabar este sistema inquisidor y monárquico”, señaló.