Debate por posible participación en política de condenados por delitos atroces

Mayo 29, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Debate por posible participación en política de condenados por delitos atroces

El exmagistrado Alfredo Beltrán y el exviceministro de Defensa, Rafael Guarín, dieron sus puntos de vista.

El fiscal General Eduardo Montealegre dijo que los miembros de las Farc que hayan cometido delitos de lesa humanidad podrían participar en política.

La posición asumida por el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, consistente en que los autores de delitos de lesa humanidad y genocidio puedan participar en política, así como trabajo social en vez de cárcel, siguió generando reacciones encontradas en el país.Durante una audiencia en la Corte Constitucional el martes, Montealegre dijo que “mi propuesta es que aunque se sancionen y sean condenados por delitos de lesa humanidad, puedan participar en política como un gesto de reconciliación de toda la sociedad colombiana. No estoy de acuerdo que quien haya sido sancionado o condenado por un delito de lesa humanidad, pierda de por vida sus derechos políticos”.Esto, a juicio de algunos sectores políticos es una invitación a la impunidad. Sin embargo, otros consideraron que para lograr la pacificación del país se deben hacer sacrificios y otorgar concesiones a fin de acabar con el conflicto.Durante un encuentro el profesor de la Universidad de los Andes, Juan Cárdenas, dijo que la noción que se maneja de que las víctimas deben ser resarcidas y los victimarios sancionados, pone en dificultades la justicia transicional.“No es una invitación a que haya impunidad”: exmagistrado Alfredo Beltrán¿Cómo ve la propuesta del fiscal General, Eduardo Montealegre que los miembros de las Farc puedan acceder a cargos de elección popular y que no paguen cárcel por sus crímenes sino que hagan labor social?Eso es un asunto que tendrá que resolver el Congreso por medio de las leyes estatutarias que tendría que dictar en desarrollo del Marco Jurídico para la Paz. O sea que eso es una propuesta y todavía no es una decisión, eso tendrá que resolverlo el Congreso. Una propuesta de esta clase es controvertible, pero de todas maneras, a pesar de ello pues tiene una finalidad que sería ver si de esa manera se supera el conflicto armado que lleva más de 60 años.¿Una propuesta de ese tenor y más viniendo del Fiscal, no sería una invitación a la impunidad?No es una invitación a que haya una impunidad, porque lo que quiere decir es que ellos podrían si esa fuera la decisión política del Congreso ocupar esos cargos en caso de que fueran elegidos, pero no dijo en ninguna parte de la propuesta, hasta donde se escuchó en televisión, que él dijera que no se les imponga la pena. Una cosa es que se les imponga, por ejemplo, y otra cosa que podría pensarse es en la suspensión provisional de la ejecución de la pena. Por eso digo que es un asunto controvertible que debería ser analizado en ese caso por el Congreso en la ley estatutaria que eventualmente incluyera esa propuesta.¿Esta propuesta que los guerrilleros que han cometido delitos de lesa humanidad y atroces puedan ser elegidos, no iría en contravía con la Constitución que sí tiene esta prohibición?Lo que ocurre es que eso puede combinarse también con normas sobre amnistía e indulto. De manera que es un asunto político tan supremamente delicado que aprobar una ley de indulto o de amnistía requiere de cuatro quintas partes de los miembros de una y otra Cámara. Habrá que esperar cuál es el desarrollo de la propuesta.Pero, le insisto ¿no va en contravía con la Constitución?El Marco Jurídico para la Paz dice que se desarrollará mediante leyes estatutarias y una ley ordinaria. Lo que pasa es que los que sean delitos comunes no podrán ser objeto de amnistía.¿Usted comparte la tesis, entonces, que para lograr la paz se deben dar concesiones?No solamente es válida frente a la Constitución sino que históricamente eso ha ocurrido. Cuando las constituciones autorizan otorgar amnistías o indultos por delitos políticos e incluso por delitos conexos con los políticos indudablemente ya estamos saliéndonos de lo ordinario que sería juzgar el delito respectivo e imponer la pena. Eso ocurrió recientemente en Irlanda en el pacto del Viernes Santo que le puso fin a un conflicto de tantísimos años. Observe que eso fue lo que el pueblo aprobó en Colombia en el plebiscito del 57 en que se resolvió hacer borrón y cuenta nueva de la violencia de los 40 y 50. Pero, ¿a qué precio?Pienso que es un precio que hay que pagar cuando hay enfrentamiento armado de carácter político para restablecer el funcionamiento normal en una sociedad. Qué tanto es ese precio, es lo que decide, con la apreciación política que tenga en el momento el Congreso.********“El Fiscal va en contra del Marco para la Paz”: Rafael Guarín, exviceministro de Defensa.¿Cómo ve la propuesta del fiscal Eduardo Montealegre sobre penas y participación política de las Farc?El fiscal dice: “Yo creo que la norma demandada es inconstitucional porque creo que la restricción a los crímenes de lesa humanidad y de genocidio sustituye la Constitución, porque sustituye un pilar fundamental que es el principio democrático”. Por tanto, lo que está haciendo el Fiscal es pidiéndole a la Corte Constitucional que elimine del Marco para la Paz la prohibición de participación en política a autores de crímenes de lesa humanidad y de genocidio.¿Usted cree que lo manifestado por el Fiscal es una invitación a la impunidad?Lo que resulta vergonzoso para las instituciones es que un funcionario como el fiscal, cuya responsabilidad es la persecución del delito, se convirtió en un abogado de oficio de las Farc, porque por un lado es la persona que está defendiendo la tesis que las Farc sin importar el crimen cometido, ni la gravedad, no paguen cárcel sino que hagan trabajo comunitario, o no paguen cárcel y simplemente pidan excusas públicas. Por otro lado, ahora le pide a la Corte que todos los criminales de las Farc, sin importar la gravedad del crimen, puedan participar en política. Eso casi que ni ‘Timochenko’ lo ha pedido.¿Lo que plantea el Fiscal va a en contra de la Constitución?Claro que sí. Lo que pide el Fiscal va en contra del propio Marco para la Paz que excluye los delitos de lesa humanidad y genocidio de la participación en política, pero aparte de eso va en contra de toda la jurisprudencia desarrollada durante dos décadas, en las que la Corte ha señalado que los crímenes atroces no pueden tener conexidad con el delito político. Entonces, toda esa línea jurisprudencial que se ha construido es la que desconoce ahora el Fiscal con el argumento que estamos en un contexto de justicia transicional, pero que esas sentencias fueron bien hechas en un contexto de un conflicto no internacional.¿Es un riesgo dejarle la responsabilidad al Congreso de definir qué delitos tienen o no conexidad?Lo que tiene que definir la Corte son los criterios para que el Congreso pueda señalar cuáles son los delitos que pueden ser conexos y cuáles no. Además si la prohibición de aspirar a cargos como alcaldes, Presidente, gobernadores o Congreso se aplica a funcionarios públicos, políticos, miembros de la Fuerza Pública, por qué no se va a aplicar a quienes han cometido las mismas atrocidades pero son miembros de las Farc.¿Usted comparte la tesis que para lograr la paz se deben dar concesiones?Lo que se está planteando no es que los desmovilizados no puedan participar en política, ellos pueden hacerlo, pero hay unas excepciones y tiene que ver con aquellos miembros de las Farc que han cometido esos delitos atroces.Santos instaló Consejo Nacional de PazAl insistir en que “todos ustedes son parte fundamental e importante de un mismo proceso, porque la paz es el valor supremo de los colombianos y todos pueden y deben aportar durante el camino a la terminación del conflicto”, dijo ayer el presidente Juan Manuel Santos al instalar en Bogotá el Consejo Nacional de Paz.El Jefe de Estado dijo además que el resurgir de este consejo, que estuvo inactivo durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, gesta también un ambiente propicio para un eventual proceso de negociación con la guerrilla del Eln.El Consejo Nacional de Paz es un órgano consultivo que busca garantizar participación de la sociedad civil en el proceso de paz. Las Farc, desde La Habana, celebraron la puesta en marcha de este organismo. De otro lado, en la misma ceremonia, el jefe negociador, Humberto de la Calle, hizo un resumen de los avances del proceso en La Habana y salió al paso de los rumores que en la isla se estaban negociando el estatus de las Fuerzas Militares, de lo cual dijo “su organización no hace parte de la agenda, ni sus prestaciones sociales” y recalcó que “han puesto a circular una alucinante cantidad de informaciones falaces”.

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