¿Cuánto les cuesta a los colombianos elegir un mal gobernante?

¿Cuánto les cuesta a los colombianos elegir un mal gobernante?

Octubre 27, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Hugo Mario Cárdenas López, Reportero de El País
¿Cuánto les cuesta a los colombianos elegir un mal gobernante?

Francisco Gómez, gobernador de La Guajira, fue enviado a la cárcel La Picota por su presunta participación en los delitos los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.

El reciente caso del controvertido gobernador Kiko Gómez es solo la punta del iceberg. El Valle del Cauca una de las regiones más afectadas por las malas gestiones administrativas.

Si el principal argumento que tiene hoy el Gobierno para impulsar la reelección de alcaldes y gobernadores es que cuatro años de mandato son insuficientes para desplegar un programa de gobierno, ni qué decir cuando esos periodos apenas alcanzan unos meses porque los mandatarios son destituidos o sancionados por inhabilidades, corrupción u otros delitos contra la administración pública.No se cumplen aún tres años desde que asumieron sus cargos los actuales mandatarios locales y regionales y ya han sido destituidos 6 gobernadores, cerca de 30 alcaldes y hay un centenar más inmerso en serias demandas e investigaciones en la Fiscalía y la Procuraduría.Entre ellos el polémico gobernador de La Guajira, Francisco ‘Kiko’ Gómez, capturado recientemente por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares y acusado de homicidio, en un caso que ha generado caos administrativo en uno de los principales departamentos de la costa norte.Un problema en que el menos afectado, según los analistas, es el mandatario separado del cargo porque son los ciudadanos y el Estado los que deben solventar los enormes costos que esto representa en materia política, económica y social.El vocero de Cambio Radical en el Senado de la República, el congresista Carlos Fernando Motoa, indicó que el problema enorme es que “se interrumpen o se modifican los planes de desarrollo territoriales, lo que obliga a tener que improvisar por el resto del periodo y eso termina, por obligación, impactando negativamente a la comunidad”.Con esta posición coincide Eduardo Sarmiento, jefe del Observatorio Económico de la Escuela de Ingeniería Julio Garavito, quien agregó que “una de las bases fundamentales para la planeación y la programación es la continuidad”. “Cuando se elige una persona y ese periodo es interrumpido sin que se cumplan los programas de gobierno, se afecta la economía, la ingeniería y las ciencias sociales; y ese incumplimiento de los programas y los planes es el camino al caos y al desorden”, dijo Sarmiento.El ejemplo más claro de ello, dicen, es la década aciaga que debió vivir el Valle del Cauca por culpa de los errores que se cometieron en las urnas, lo que llevó al deterioro administrativo y al estancamiento del Departamento en materia económica y de desarrollo. Inversión millonaria en atípicasAdemás de los costos que en materia social le genera al país la elección de un mandatario señalado o inhabilitado, también hay unos valores cuantificables, que debe pagar el Estado en efectivo y que al final se traducen también en menor capacidad de inversión en infraestructura.De acuerdo con la página web de la Registraduría, se ha cumplido hasta ahora con la realización de 26 elecciones extraordinarias en el país y hay cinco más programadas para los próximos meses.Alfonso Portela, delegado de la Registraduría Nacional para Asuntos Electorales, aseguró que la cantidad de elecciones atípicas que se han presentado en el presente periodo de gobierno representan un desgaste administrativo y económico.“Si revisamos los calendarios anteriores esté ha sido el periodo en el que se ha registrado el mayor número de elecciones atípicas de los últimos años. Nosotros vamos ya por encima de los $40.000 millones invertidos en este tipo de elecciones extraordinarias o por fuera del calendario electoral”, indicó Portela.Sin embargo, otros analistas como la exmagistrada Adelina Covo, expresidenta del Consejo Nacional Electoral, creen que esta situación no afecta la democracia ni el sistema electoral, sino el normal desarrollo de las regiones y que este no es un problema de falta de control. “Al contrario, cada vez es mayor el control que existe. Pero a lo que juegan los sancionados es a la demora del proceso en los estrados judiciales. Mira por ejemplo el Gobernador de la Guajira que duró casi tres años en el cargo antes de que lo separaran y hay otros mandatarios que están inhabilitados y se toma mucho más tiempo para decretarse su salida”.Para el politólogo Óscar Duque “lo claro con esta situación es que los ciudadanos no saben elegir, los que eligen lo hacen por criterios distintos a los que deben ser los normales en la democracia y los que se presentan como candidatos están siempre pensando es en el negocio propio”. “Aquí toda la responsabilidad les cabe a los partidos porque son los que venden los avales y mientras los partidos sigan en esa dinámica y los candidatos sean los gatos y las gatas, que los hay en todas las regiones, esto va a seguir pasando”, aseguró Duque.El senador Armando Benedetti, del Partido de la U, reconoció que la culpa es de los partidos, “pero la responsabilidad comienza en los jefes políticos de algunas regiones que son los que dan los avales. En la costa Atlántica, por ejemplo, hay varios alcaldes destituidos y casi todos son de dos o tres casas políticas”.El delegado de Asuntos Electorales de la Registraduría, Alfonso Portela, terció en favor de algunos de los alcaldes destituidos y aseguró que aunque hay varios casos de corrupción, otros han sido sancionados por desconocimiento de “la ritualidad de la contratación y por el exceso de reglamentación en la materia”.Los gobernadores destituidos o separados del cargoChocó. Luis Gilberto Murillo. El Consejo de Estado declaró nula su elección porque en 1997 fue condenado por el Tribunal Superior de Quibdó a seis meses de prisión por destinar irregularmente recursos, cuando dirigió la Corporación Autónoma del Chocó, a reparar una escuela.Caldas. Guido Echeverry. El Consejo de Estado confirmó una sentencia del Contencioso Administrativo de Caldas que lo destituyó porque su esposa se había desempeñado en el año previo a las elecciones como secretaria de Hacienda (e) de Manizales, por lo que estaba inhabilitado.Valle. Héctor Fabio Useche. La Procuraduría lo destituyó e inhabilitó durante 12 años tras ser hallado corresponsable por la Contraloría de un detrimento patrimonial de $40.767 millones en la Licorera del Valle. También fue sancionado por un contrato irregular de cirugías bariátricas.Casanare. Nelson Ricardo Mariño Fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos por firmar un convenio interadministrativo con la Caja de Compensación Familiar de Casanare para almuerzos escolares, cuando debió contratarse mediante licitación.Huila. Cielo González Fue destituida e inhabilitada por la Procuraduría para ejercer cargos públicos durante 11 años por haber invertido $12.000 millones en el 2007, cuando se desempeñó como alcaldesa de Neiva, en un encargo fiduciario que no estaba autorizado por ley.La Guajira. Francisco ‘kiko’ Gómez. Fue separado del cargo tras ser capturado por el CTI de la Fiscalía, por orden de la Corte Suprema de Justicia, para que responda por los delitos de concierto para delinquir, por presuntos nexos con paramilitares, y el homicidio de un concejal y dos personas más.Algunos alcaldes sancionados o con el mandato comprometidoDoney Ospina: El exalcalde de Florida, Valle, también fue destituido e inhabilitado por detrimento patrimonial en la Industria de Licores del Valle.Jorge Enrique Sánchez: El exalcalde de Guacarí fue destituido porque además de mandatario, representó a un exempleado que demandó al Municipio.James Guarín: El exmandatario de San Pedro, Valle, fue destituido por una condena previa a 6 años de cárcel por un caso de prevaricato.Campo Elías Terán: El fallecido exalcalde de Cartagena había sido retirado del cargo a pedido de la Contraloría por presunto detrimento patrimonial.Gustavo Petro: El alcalde de Bogotá espera fallo de la Procuraduría por presuntas irregularidades en el modelo de aseo. Lo investiga la Fiscalía.

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