¿Cuáles son los retos que le esperan al nuevo Fiscal General de Colombia?

Algunos de los casos son las investigaciones por AIS, las ‘chuzadas’, Justicia y Paz y la Ley de Tierra.

Muy rápido fue integrada la nueva terna para Fiscal general de la Nación . Este jueves, cuando la Corte Suprema de Justicia escuche en entrevistas a Mónica de Greiff, María Luisa Mesa y Eduardo Montealegre, empezará el camino para salir, una vez más, de la interinidad y tener titular en el segundo cargo más importante del Estado.Ello sería posible si la persona escogida ocupa el cargo por cuatro años y no hasta el 31 de julio de 2013, como asegura el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado que solicitó el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Sin embargo, ese concepto no obliga a la Corte Suprema, que bien podría dejar explícito en el acto administrativo de nombramiento un periodo de cuatro años, un periodo de aquí a julio del otro año o no hacerlo.El hecho es que se iniciará de nuevo un proceso de elección que se espera sea menos tortuoso que el que terminó con la elección de Viviane Morales, luego demandada y declarada nula por el Consejo de Estado.El jueves los ternados harán una exposición de su hoja de vida y un planteamiento general sobre las necesidades a cubrir en la Fiscalía y luego responderán un cuestionario de los magistrados sobre temas como la descongestión judicial, los escenarios de Justicia y Paz, la Ley de Tierras y la administración de la entidad.Se espera que los candidatos que no son penalistas, De Greiff y Mesa, expongan su competencia ante la Corte en política criminal y, para algunos analistas, convendría incluso que se fije una posición sobre la reforma constitucional a la Justicia que está en curso en el Congreso.Otro de los elementos importantes a analizar por los magistrados será, aparte de la experiencia, el carácter de la persona, ya que la independencia es vital para ejercer un cargo de ese calado.Así lo estima el constitucionalista Armando Novoa, quien cree que la persona elegida deberá lidiar con presiones similares a las que recibió Morales: “El uribismo sin duda va a ejercer una presión enorme y tendríamos que ver si el fiscal que resulte elegido está realmente comprometido con sancionar a los responsables de crímenes y delitos de la más alta gravedad o si por el contrario se va a dejar permear por esas críticas”.En lo que se avanzó y lo que faltaEstas posibles presiones a las que refiere Novoa tendrían que ver especialmente con investigaciones en curso sobre casos de corrupción como el de Agro Ingreso Seguro, AIS, y las ‘chuzadas’ a magistrados, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.Ambos casos eran parte de los retos de la fiscal Morales que aunque en su mandato tuvieron impulso, aún están muy retrasados. En el caso AIS, por ejemplo, fue acusado y ya está en juicio ante la Corte Suprema de Justicia el ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, pero apenas hay una condena: la del exviceministro de esa cartera, Juan Camilo Salazar, a 10 años y 3 meses de prisión.No obstante, la Procuraduría pidió la nulidad de la condena, por considerarla excesiva, ya que Salazar había llegado a un preacuerdo con la Fiscalía. De otras 22 personas llamadas a imputación de cargos, como los integrantes de la familias Dávila y Vives Lacouture y exfuncionarios de Minagricultura, algunos han quedado libres por vencimiento de términos y otros han negociado principios de oportunidad.Por el lado de las ‘chuzadas’, el ex secretario general de la Presidencia Bernardo Moreno y la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado fueron acusados ante la Corte Suprema por su presunta participación y ya ha habido tres condenas: las del ex subdirector de Análisis del DAS Gustavo Sierra, el ex subdirector de Contrainteligencia Jorge Alberto Lagos y el ex director de Inteligencia Fernando Tabares. Entre tanto, la llamada detective clave, Alba Luz Flórez, ‘la Mata Hari’, llegó a un preacuerdo con la Fiscalía.“El caso del DAS está supremamente lento y además la Fiscalía no ha descubierto nuevas pruebas halladas en los computadores del DAS”, consideró el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón.“Hay una situaciones muy graves realizadas por miembros del gobierno anterior, algo se ha avanzado en eso, Arias y algo de María del Pilar Hurtado, pero las cosas van más allá y sin embargo la Fiscalía no ha profundizado en sus investigaciones”, añadió.La fiscal Morales se refirió a ese punto en su discurso de despedida, aunque dejó las culpas apuntando a otra parte: “Hoy todos los protagonistas han sido acusados por la Fiscalía y tienen medidas de aseguramiento. En lo que a mi labor respecta lo increíble ocurrió. Quiero que Colombia sepa que, una vez realizadas las imputaciones de la Fiscalía, los tiempos de los procesos dejan de ser su responsabilidad exclusiva” .Justicia y pazEn el capítulo más nutrido de trabajo hay casos que apenas están comenzando y otros que se están reanudando. Cuando Morales tuvo que dejar su cargo, apenas estaban volviendo a hablar algunos de los exjefes paramilitares extraditados que habían decidido no seguir colaborando en Justicia y Paz.Esta unidad es otra ‘papa caliente’ que deberá asumir el nuevo fiscal general, ya que, por ejemplo, los postulados han confesado, para hablar de sólo un delito, el desplazamiento de 7.799 personas, por lo que se han escuchado, por esos casos, a 7.340 personas y se han imputado 1.733.Las dimensiones de Justicia y Paz llevaron a Morales a lanzar un llamado de auxilio al Congreso con el que propuso una reforma a la Ley 975 de 2005, ya que las condenas se cuentan con los dedos de una mano y la reparación a las víctimas no ha tenido avances importantes.A este panorama se le suma la durísima labor que apenas está iniciado la Subunidad Élite de Persecución de Bienes para la reparación a las víctimas, cuyo trabajo debe ser identificar los bienes de los postulados para las indemnizaciones correspondientes en Justicia y Paz.“La Ley de Justicia y Paz tiene que ser reeditada y aquí se empieza con un elemento que es el presupuesto: si la Fiscalía no tiene el dinero necesario para capacitar a sus operadores, tanto en policía judicial como en fiscales, el retraso se da”, dijo el abogado penalista Dagoberto Charry.Pero para los detractores de este proceso la situación actual es más grave: “Está estancado (…) aquí lo que se hizo fue una inmensa operación de impunidad pero no necesariamente una realización de los derechos de las víctimas”, explicó Gallón.El sistema acusatorio Aparte de esos casos y de procesos de gran complejidad, como el llamado ‘carrusel’ de la contratación de Bogotá, los fraudes a la salud y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, y los manejos irregulares en la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), la persona escogida como fiscal tiene también que resolver el caso de la falsa desmovilización de la compañía ‘Cacica Gaitana’ de las Farc, en Alvarado, Tolima, en 2006 (caso que tiene como prófugo al excomisionado Luis Carlos Restrepo) y también temas estructurales.Para Charry, el Sistema Penal Acusatorio Oral está “terriblemente estancado y al borde del colapso, porque no se ha podido lograr que los operadores judiciales lo entiendan y con esto la impunidad ha aumentado así como la criminalidad”. “(…) Los fundamentos que sirvieron para su creación implicaba que había unos jueces de garantías protectores de los derechos humanos y eso no se logró: hay jueces que no tienen el bagaje para entender la importancia que partir de 1991 los derechos fundamentales adquirieron en la carta constitucional”, dijo.Además de eso, Charry asevera que el nuevo fiscal deberá corregir la falta de herramientas tecnológicas para los investigadores criminalísticos, hecho que estaría causando que los casos se estanquen o que se venzan los términos, por tener que esperar “un turno” de los grupos especializados.El abogado cuestionó que actualmente en el sistema acusatorio “la mayor parte de las sentencias que se dictan nacen de preacuerdos o de la aceptación de los cargos y por eso mismo van muy pocos procesos a juicio”.Del sistema oral, el abogado Novoa consideró que las figuras propias del mismo, como el principio de oportunidad, la negociación de penas, la rebaja de penas o los preacuerdos “no han sido bien recibidos en muchas regiones y eso ha conducido a una situación de enorme impunidad, sobre todo con los delitos de cuello blanco como la corrupción”.Algunos antecedentesPor la ‘Yidispolítica’, sólo el pasado 6 de marzo, el día que se posesionó como fiscal general encargada Martha Lucía Zamora, fueron llamados a juicio los exministros del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, y de Protección Social, Diego Palacio Betancourt.El 8 de julio de 2011 la entonces fiscal Viviane Morales declaró insubsistente al fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Germán Pabón, quien llevaba, entre otros, el caso de los primos Nule en el llamado ‘Carrusel de la Contratación’.En enero de este año, 3.207 funcionarios que hasta 2011 estaban vinculados al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fueron trasladados a la Fiscalía.