¿Cuál será el futuro del procurador Alejandro Ordóñez?, hablan expertos

Algunos analistas consideran que una eventual destitución del Procurador, Alejandro Ordóñez, en vez de ser una derrota, puede convertirse en un trampolín para su deseo de convertirse en el próximo presidente de la República.

“No le teman a la Procuraduría quienes no le deben temer. Los corruptos sí, témanle todo lo que quieran, porque los estoy correteando como ratones alrededor del queso”.

La frase la lanzó Alejandro Ordóñez en el 2012 cuando ya completaba tres años  como  Procurador  General de la Nación. Para ese momento y desde el 2009, el ímpetu de su rasero  lo habían sentido 1173 alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, senadores y representantes a la Cámara a quienes suspendió   y destituyó por innumerables motivos.

Los primeros en la lista de  sancionados fueron las exsenadoras Piedad Córdoba  y Rocío Arias, el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno y hasta el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias.

Las decisiones las tomó sin inmutarse. Tal como luce por estos días  mientras espera  que el Consejo de Estado resuelva una demanda que pide que su reelección sea declarada nula, entre otras razones porque varios de los magistrados que votaron por él en 2013 estaban inhabilitados para hacerlo.

“¿Me ve preocupado? Estoy tranquilo. Sea cual sea el sentido del fallo, será bienvenido”, le respondió a un periodista en una rueda de prensa el pasado martes.

Esta tranquilidad que embarga al jefe del Ministerio Público quizás se deba a que su eventual salida del cargo,  en vez de una derrota, puede  convertirse en un trampolín para el Procurador en caso de que su deseo -y todo parece indicarlo-   sea convertirse en  el próximo presidente de la República.

El politólogo Camilo González considera que la decisión que está siendo estudiada desde 2013 se ha dilatado mucho. Es más, sostiene que hay una estrategia para que la sentencia sea “básicamente inútil” porque el Procurador termina su periodo en ocho meses.

Sin embargo, cree que es muy importante que exista un pronunciamiento porque eso sienta un precedente y así “le ponen límites al abuso de poder en la Procuraduría”.

Una opinión similar tiene la  representante a la Cámara por el Partido Verde, Ángela Robledo, quien explica que este debería ser el momento para que los colombianos entiendan que el Procurador no ha hecho una labor con decoro. “Ordóñez es de aquellos que dicen: ‘Para mis amigos todo, para los demás, la ley’ y quiere imponer su dogma”.

La congresista considera que su aspiración presidencial debería verse afectada con un fallo que ratifique que llegó al cargo por segunda vez apoyado bajo un conflicto de intereses en la Corte Constitucional. 

Pero el politólogo Vicente Torrijos hila más delgado: “No sería una simple sanción. En  realidad, se convierte en un hecho político muy interesante por cuanto podría convertirse en el propulsor de una  precandidatura Presidencial”.

Enumera una serie de cualidades  de Alejandro Ordóñez, de quien dice, no ha sido un funcionario más, ya que su perfil, más allá del cargo que ostenta, es evidentemente político y, a su juicio, sus aspiraciones futuras se podrían fortalecer con un fallo adverso del Consejo de Estado que lo haría ver como una víctima ante las peleas que ha tenido en temas incómodos para el Gobierno nacional.

El fallo, entonces, sería visto como una represalia, por ejemplo, ante las últimas discusiones contra Santos sobre  restitución de tierras. 

Torrijos añade que el Procurador no tendría  que someterse  a las estructuras burocráticas porque  la suya sería una candidatura de opinión, “de carisma, donde su figura intelectual e ideológica pasa a ser preponderante”. 

Pero  en el interior del Partido Conservador hay otra percepción sobre el futuro del Procurador, incluso esta semana le hicieron una invitación a puerta cerrada, pero en la que se escaparon detalles del coqueteo que hubo con miras a tenerlo como candidato para las elecciones presidenciales de 2018.

Precisamente por eso, el exprocurador General de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, indica que el gran problema en Colombia es cuando se desbordan las funciones de los órganos de control.

Explica que la única consecuencia grave después de un fallo en contra de Ordóñez, en un caso como este, debería ser la búsqueda de una terna y designar un reemplazo, pero esa decisión, como dice Torrijos, podría convertirse en un trampolín  para que Ordóñez se lance a la Presidencia de la República.

“Infortunadamente, cuando se llega a estos cargos como trampolín —hablo en general—, la aspiración siguiente es ser Jefe de Estado y no sé hasta dónde esa es la orientación que deben tener los órganos de control en Colombia”.

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, sostiene que una destitución del  Procurador se convertiría en una decisión muy grave para el país porque “se ha vislumbrado la intolerancia del Gobierno Nacional frente a cualquier voz diferente y su afán por neutralizar esas disidencias”.

Sin embargo, el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry dice que en este momento no se puede hablar de  persecución  política, y que el calificativo lo considera precipitado  cuando todavía no se conoce el sentido del fallo. 

Precisa que  una mala argumentación en el sentido de la decisión por parte del  Consejo de Estado podría victimizar a  Ordóñez, de lo contrario no.

Aunque la senadora del Centro Democrático asegura que sí hay motivos para pensar en una persecución.  “Si no fuera cierto,  no habría ningún problema.  Lo que pasa es que la gente se conforma con dejar que las presiones políticas determinen el país”.

Pero el analista Camilo González  dice que no se puede pretender que  quienes tienen que velar por el ordenamiento jurídico sean los primeros en desconocer  la ley si no les conviene. “Es un  mensaje destructivo de la institucionalidad”. Y agrega que Ordóñez tiene todo el derecho de tener aspiraciones políticas, pero lo importante es que no construya un camino a costa de la propia Procuraduría.

El casoEn 2013, luego  de que fuera reelegido el procurador Alejandro Ordóñez, el abogado y exmagistrado Rodrigo Uprimny demandó la elección por: 1.  “La elección vulneró la Constitución pues la Comisión de Ética no aceptó los impedimentos y las recusaciones presentadas por varios senadores que argumentaron conflicto de intereses”. 2.”Ordóñez estaba inhabilitado para ser postulado por la Corte Suprema”. 3.  “La postulación   en la Corte Suprema no contó con la mayoría de votos válidos”. 4.   “El proceso de elección   como Procurador violó el Artículo 126 de la Constitución porque no hubo terna,  al renunciar la magistrada”.