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Crecimiento económico de América no disminuye la desigualdad social: OEA

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo que aún prevalece un alto grado de injusticia en la distribución de la riqueza y en el acceso a los bienes sociales en América.

2 de junio de 2014 Por: Elpais.com.co | AP

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo que aún prevalece un alto grado de injusticia en la distribución de la riqueza y en el acceso a los bienes sociales en América.

La práctica ampliada de la democracia y el crecimiento económico han sido insuficientes para eliminar el alto grado de injusticia en la distribución de la riqueza en los países de las Américas, dijo el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. No obstante, admitió que "nuestra región ha cambiado mucho y ha cambiado para bien en estos últimos años; ha cambiado la economía, la sociedad y la política". El titular de la Organización de Estados Americanos, cuya próxima asamblea se realizará en la capital paraguaya entre el martes y el jueves, sostuvo en un documento enviado a organizaciones civiles que "ni la ampliación de la democracia, ni el mejor crecimiento económico han permitido ampliar las perspectivas de una vida mejor para muchos ciudadanos, no han convertido a nuestros países en una sociedad más igualitaria". Enfatizó que "aún prevalece un alto grado de injusticia en la distribución de la riqueza y en el acceso a los bienes sociales, una desigualdad que es de tamaño tal que incluso daña nuestro tejido democrático". El tema principal de la asamblea, precisamente, es el combate a la desigualdad social. "Esto es un problema hemisférico, no es un problema solo de América Latina, afecta a muchos países del mundo, y en las Américas afecta a todas sus regiones con distintas realidades pero con la misma profundidad y esto constituye un obstáculo para la eficaz realización de la agenda de la democracia", añadió Insulza. Entre las actividades previas a la asamblea, que contará con la presencia de 28 ministros de Relaciones Exteriores, Insulza se reunió con el presidente paraguayo Horacio Cartes y con delegados de la industria y el comercio. Cartes dijo que esperaba a los países de la OEA con mayor experiencia en obras de infraestructura para intervenir en las convocatorias futuras en el marco de la ley conocida como Alianza Público-privada para la construcción de caminos, puentes, aeropuertos y locales estatales de salud y educación. Insulza expresó a su turno que "la Alianza Público-privada es un aspecto fundamental para el desarrollo de las naciones, y a través de ella resolver los problemas que muchos países enfrentan, en un momento de crecimiento económico que América Latina". "La participación de América Latina en la economía mundial es muy relevante; parte de esa riqueza ha alcanzado a sectores más postergados. Más de 60 millones de personas han salido de la pobreza en América Latina en los últimos 10 años" , informó. Durante un encuentro el lunes con más de 300 representantes de sociedades civiles, Insulza contestó la mayoría de los reclamos. En uno de ellos, sin embargo se excusó: "el tema del aborto es muy complejo por lo que no daré opinión ni habrá declaración, por ahora". Delegados de organizaciones que aglutinan a gays, lesbianas y transexuales de Paraguay y Guatemala solicitaron respeto a su orientación sexual y acceso a los servicios de trabajo público y salud. Inmediatamente, activistas de comités católicos de varios países solicitaron a la OEA "la no expansión de ideologías contrarias al matrimonio entre un hombre y una mujer que constituye la familia verdadera para criar a hijos con un papá y una mamá". Insulza respondió que "como dijo el papa Francisco ¿quién soy yo para juzgarlos? No se trata de privilegiar o no a uno u otro grupo ni imponer ideología alguna. Se trata de defender el derecho de todos de no ser discriminado por su orientación sexual. El Estado debe atender por igual a todos, sin distinción". Los intervinientes, en su mayoría, tuvieron menos de un minuto para exponer su inquietud sin necesidad de identificarse. Uno de ellos que dijo ser afro-colombiano expresó su queja porque, supuestamente, el gobierno de Colombia no intervino prohibiendo la explotación minera en los territorios de los descendientes africanos. Insulza admitió que desde la OEA "no podemos obligar a realizar acciones a los Estados, sólo presentamos convenciones para que los firmen pero son las personas de cada país quienes deben manifestarse". "Pero quiero comentar algo que debe ser atendido: en los censos todavía no aparecen los pueblos afro-colombianos como una categoría de población, entonces falta hacerles ese reconocimiento", acotó. Sobre el mismo tema de minería, Insulza escuchó la queja de indígenas de la etnia Ngöbe Buglé, la mayor en Panamá. El representante aborigen explicó brevemente que un proyecto de explotación de yacimientos mineros y la construcción de hidroeléctricas en sus comarcas "no fue realizado con nuestro consentimiento, invadiendo nuestro territorio ancestral". El secretario general de la OEA, finalmente, recepcionó un pedido de opinión presentado por una organización civil uruguaya acerca de la conveniencia o no de aceptar en ese país del Cono sur a niños sirios, víctimas de la guerra civil. "Es interesante la apertura del presidente José Mujica para albergar a niños sirios en estado de vulnerabilidad, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. Cuando fui canciller en Chile, en mi país se discutió si era bueno o no traer a niños de Ruanda en conflicto interno; también se habla mucho de los presos de Guantánamo que aparentemente están como ser derivados", recordó. Agregó que "para estos temas, debo confesar, no tengo respuesta ni opinión".

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