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"Coyuntura del país no da para aventuras de reforma constitucional": Fernando Carrillo

Fernando Carrillo, nuevo procurador General, dice que las reformas a la justicia no deben implicar cambiar la Carta Política. “Si uno coge las 297 páginas del acuerdo, hay muchos aspectos de convergencia”.

30 de octubre de 2016 Por: Argemiro Piñeros Moreno | Colprensa

Fernando Carrillo, nuevo procurador General, dice que las reformas a la justicia no deben implicar cambiar la Carta Política. “Si uno coge las 297 páginas del acuerdo, hay muchos aspectos de convergencia”.

Por años, Fernando Carrillo Flórez ha sido un referente para los colombianos, en especial para las generaciones que vivieron el proceso  de la Séptima Papeleta, que en 1990 le dio vida a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, en la cual se expidió la actual Constitución Política de Colombia. Lea también: Fernando Carrillo Flórez, nuevo procurador general de la Nación

 Desde enero próximo entrará en el grupo de los procuradores generales que ha tenido el país y, posiblemente, a quien le tocará verificar el cumplimiento de los acuerdos de paz.

Carrillo Flórez, abogado bogotano de 53 años de edad, con destacados servicios académicos y públicos, anuncia que será un procurador incluyente, porque todos los sectores del país, entre ellos, los más vulnerables, serán escuchados.

Y siendo fiel a la Asamblea Nacional Constituyente de la que hizo parte,  sostiene que los cambios que requiere la justicia no deben ser fruto de nuevas aventuras de reforma a la Carta Magna.

 En entrevista con Colprensa, también habló de cómo será su compromiso para combatir la corrupción y de quiénes deben temer a la acción de la entidad que dirigirá desde enero de 2017 hasta diciembre de 2021.

 Usted fue uno de los artífices de la Asamblea Constituyente de 1991, ¿por qué ahora no comparte que se haga una nueva?

Fundamentalmente porque no creo que la coyuntura del país dé para grandes aventuras de reforma constitucional. No creo que la justificación que se ha aducido en la reforma a la justicia implique que haya que hacer grandes reformas a la Constitución. Las reformas que hay que hacer a la justicia no deben implicar cambiar la Carta Política, el problema de las normas constitucionales no es que no existan, sino que no han sido aplicadas.

 La Constitución del 91 no se ha aplicado en una tercera parte de sus normas, por eso lo primero que debemos hacer es cumplir con ella. 

Lo segundo es que una aventura constitucional en este momento es abrir una caja de pandora que no le conviene a nadie. Es inoportuna para la coyuntura del país y, además, la Constitución del 91 es más progresista que los acuerdos de La Habana. No es el momento de constituyentes ni de aventuras de esa naturaleza.

 ¿Cómo lograr una Procuraduría que no exagere sus competencias al punto de parecer una Fiscalía?

Estamos planteando dotar de una serie de herramientas de gerencia pública moderna a la Procuraduría, porque hay herramientas técnicas caracterizadas por su parcialidad. Si uno tiene un control sobre las políticas públicas, va a tener resultados de carácter técnico y no necesariamente político. 

En la audiencia en el Senado dije que la Procuraduría no puede ser un instrumento de persecución política. Hay persecución cuando se deja una decisión de Nación en manos de la discrecionalidad de un procurador o de los procuradores a nivel territorial. Si se está incumpliendo una política pública, propiciando la violación de los derechos de los colombianos, esos son criterios que hacen parte de cuestiones objetivas.

 Creo que hay que reducir el margen de discrecionalidad de ese poder sancionatorio y más bien acudir a herramientas tecnológicas modernas para ver si se están cumpliendo las políticas públicas.

 También habla usted de desbogotanizar la Procuraduría. ¿Es muy centralizada y no llega a los colombianos en las regiones?

Las mayores vulneraciones a los derechos de los colombianos se dan precisamente en las zonas alejadas de las capitales, en la otra Colombia.

 Yo decía que la Procuraduría debe pasar de una zona de confort a la zona de conflicto, ahí es donde tiene que darse la acción de quien tiene la responsabilidad primera de garantizar los derechos de los colombianos. Por eso el modelo centralizador está agotado y por eso cualquier acción de regionalización, municipalización, en trabajo con los personeros municipales, será esencial en adelante.

 ¿Cómo va a lograr que esta sea una Procuraduría de la gente, tal y como lo anunció?

Lo primero que se debe hacer es disponer de las herramientas del gobierno abierto, que supone recibir opiniones de la gente. Por ejemplo, abrimos una página web: www.procuraduriaciudadana.com, para contar con voces que hagan un consejo consultivo alrededor del Procurador, para que tenga la oportunidad de escuchar las voces de esas minorías.

 El objetivo es que estén ellas allí, porque son a las que más se les vulneran sus derechos fundamentales.

 ¿Qué puede llegar a hacer este consejo o se quedará solo en ser asesor?

Eso es parte del compromiso del Procurador: convocar esa instancia de forma periódica para traducirla en políticas y estrategias de la entidad.

 ¿Cómo va a cambiar el concepto de los colombianos que vieron a la Procuraduría en los últimos años como una entidad que perseguía ideológicamente?

Creo que eso se logrará con una Procuraduría incluyente, una Procuraduría para todos, que represente a los que nunca han tenido y en la que la defensa de esos sectores efectivamente se cumpla. Para esa inclusión hay acciones complementarias, como la regionalización, para estar en los territorios oyendo a la gente.

 ¿Cómo lograr que su compromiso de combatir la corrupción no se quede solo en discurso, sino que sea realidad?

La clave para comenzar es definir unas áreas de acción, en espacios muy específicos, que son en los que la corrupción causa daño, como son los sectores sociales, la salud, la educación, la nutrición, los derechos de los niños.

También es evidente que hay departamentos en donde el abandono es total, como en La Guajira o Chocó,  lo sabe todo el mundo. Mostrar allí acciones inmediatas será fundamental y hacerlo con sanciones ejemplares. Estos resultados darán ejemplaridad para el resto de la gente, porque lo que hemos hecho en este país es dar muy poco buen ejemplo.

 ¿Quién deberá temblar durante su administración en la Procuraduría?

Aquel que se meta con los recursos de los sectores sociales de colombianos en los territorios que han sido lamentablemente afectados por la presencia débil del Estado. Esa va a ser la prioridad.

 ¿Cómo será usted garante del cumplimiento de los acuerdos de terminación del conflicto armado cuando se ejecuten, e incluso si se prolonga este momento de crisis?

La clave es que haya consenso entre los del Sí y los del No para que se dé un nuevo acuerdo, un acuerdo nacional como resultado de lo que dijo el pueblo colombiano el 2 de octubre. De ahí en adelante, tener la posibilidad de poner en marcha este acuerdo y que aparezca el Procurador sirviendo de garante. 

Se debe crear un puente hacia la unidad, la concordia con todos los sectores que están en polarización.

Se deben sentar los equipos del Sí y del No a tratar de disminuir las diferencias, a buscar puntos de convergencia. Si uno coge las 297 páginas del acuerdo, hay muchos aspectos de convergencia. Un ejemplo es el capítulo de las víctimas, que despierta más convergencias que discrepancias y eso sí vale la pena hacerlo. Sobre las zonas rojas o inamovibles, toca mirar qué tipo de consensos se pueden lograr.

 ¿Haber ganado con tantos votos le da autoridad para ser ese garante?

Es precisamente por eso. Un acuerdo firmado por todos los sectores habilitaría esa posibilidad de servir de puente entre unos y otros.

 ¿Los colombianos lo verán crítico de los acuerdos, si se incumplen?

Indiscutiblemente; por eso en mis discursos ofrecí independencia, autonomía, equilibrio, ponderación y humildad, eso es esencial en la labor del Procurador.

 Su vida política inició como promotor de la Séptima papeleta y hoy es Procurador General de la Nación, ¿es un camino completo?

Así lo es, pero es además un mensaje a todas las nuevas generaciones, a los jóvenes que están en las calles pidiendo acuerdo, buscando esa unidad alrededor de la paz. 

El caso particular mío empezó hace más de 25 años, con el movimiento estudiantil, y ha girado siempre alrededor de los temas de la justicia, lo que es muy importante de rescatar.

Retos del nuevo Procurador La paz: Al nuevo jefe del Ministerio Público  le corresponderá vigilar la transparencia de esta fase del proceso de paz con las Farc, y una vez que se implementen, el respeto de los derechos de los ciudadanos, en particular de los más vulnerables. Lo mismo aplicaría para el caso del ELN, si se inicia la fase pública de las negociaciones, prevista para el próximo jueves 3 de noviembre. Despolitizar la entidad:  El nuevo Procurador deberá mostrar independencia, capacidad para investigar incluso a quienes participaron en su designación y hacer un uso correcto de los cargos de libre nombramiento y remoción que tiene el Ministerio Público. La corrupción: Fernando Carrillo deberá implementar estrategias para prevenir que los funcionarios y las entidades públicas violen las normas y obtengan beneficios particulares en detrimento del Estado.

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