Corte ordenó al Inpec capacitar a sus funcionarios en trato a presos con VIH

Noviembre 25, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa
Corte ordenó al Inpec capacitar a sus funcionarios en trato a presos con VIH

La Corte evidenció un trato discriminatorio por parte de las Directivas de la cárcel El Bosque de Barranquilla a un recluso con VIH.

Además recordó que los reclusos portadores del VIH deben recibir atención médica continua y de calidad, y que el Estado está en la obligación de asegurar el acceso a los medicamentos que requieran.

La Corte Constitucional ordenó a la Dirección del Inpec que capacite a sus funcionarios sobre los derechos de las personas reclusas en el país que son portadores de VIH. “Remitir copia de esta actuación a la Dirección General del Inpec para que, en el marco de sus funciones, implemente medidas de capacitación a sus funcionarios, destinadas a la toma de conciencia y sensibilización sobre los derechos de la población carcelaria portadora del VIH”, señaló la Corte. Al fallar una tutela, la Corte evidenció un trato discriminatorio por parte de las Directivas de la cárcel El Bosque de Barranquilla, que trasladaron a un preso portador del virus, sin motivación real, a la cárcel La Vega de Sincelejo. La Corte en este caso encontró que se vulneró el principio de no discriminación por parte de las Directivas de El Bosque, quienes argumentaban que en repetidas ocasiones el recluso en particular amenazaba con contagiar a otros reclusos con una jeringa. “No considera la Sala que se trate de una medida necesaria, pues las directivas de la institución deben estar en capacidad de controlar el acceso de jeringas y otros elementos de riesgo, especialmente en caso de tener identificada una amenaza de tales características; poseen, además, la obligación de controlar los actos de violencia entre las personas privadas de la libertad, y el deber de otorgar una atención psicológica y social adecuada, suponiendo que una persona desplegara una amenaza de esa entidad”, señaló la Corte En la tutela además la Corte recordó que a las personas privadas de la libertad portadoras del VIH deben recibir atención médica continua y de calidad, y que el Estado está en la obligación de asegurar el acceso a los medicamentos que requieran para mantener el máximo nivel posible de salud.“La negación de estos servicios no solo afecta el derecho a la salud y amenaza el derecho a la vida, sino que comporta también un trato discriminatorio contra la población afectada por el VIH, debido a que su condición de especial vulnerabilidad y la naturaleza del tratamiento hacen que cualquier falla en el suministro de los medicamentos y de una dieta adecuada a su condición se constituya en una amenaza inmediata para su salud, afectándolos de manera más intensa que al resto de la población”, precisó la Corte.

VER COMENTARIOS
CONTINÚA LEYENDO
Publicidad