Corte Constitucional decidió no pronunciarse sobre Equilibrio de Poderes

La Sala Plena de la Corte dejó intacta la reforma de Equilibrio de Poderes al declararse inhibida para estudiar una demanda presentada en su contra.

La Sala Plena de la Corte Constitucional dejó intacta la reforma de Equilibrio de Poderes al declararse inhibida para estudiar una demanda presentada en su contra. 

La decisión se tomó al considerar las demandas presentadas por el exconcejal Flavio Eliécer Maya y por el secretario del Colegio de la Judicatura, Jorge Gaitán, que pedían tumbar los artículos 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del acto legislativo que eliminó el Consejo Superior de la Judicatura, en sus Salas Administrativa y Disciplinaria, reemplazándolas por el Consejo de Gobierno Judicial y con la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, respectivamente. 

Igualmente, las demandas rechazaban que se le haya negado la posibilidad a la Comisión de Disciplina Judicial de poder tramitar tutelas. 

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En este caso, el magistrado Mauricio González Cuervo había dejado una ponencia que avalaba la reforma al considerar que los cambios en ella introducidos, como la eliminación de la reelección y la creación de un Tribunal de Aforados, entre otros, era ajustado a la Constitución. 

Con su salida de la Corporación, el magistrado Alejandro Linares asumió el proceso y proyectó una ponencia en el mismo sentido. 

En este caso, tanto el Ministerio del Interior, la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia le habían solicitado a la Corte que se inhibiera al estimar que la demanda no permitía el debate de la Corte. 

Ahora bien, la Corporación todavía tiene que pronunciarse sobre la demanda que presentó el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, que asegura que el Congreso no respetó la unidad de materia puesto que la idea era el reequilibrio de poderes y terminó modificando todo el poder judicial. 

Igualmente, la demanda del Fiscal dice que los artículos de la reforma que fijaron el nuevo procedimiento de juzgamiento de altos funcionarios del Estado como el Tribunal de Aforados no contó con los ocho debates reglamentarios.

También asegura que se habría sustituido la Constitución al cambiar la forma de juzgamiento de los magistrados de las Altas Corte y dignatarios como el propio Fiscal.