Contraloría califica de "inoperante" al Inpec y la Uspec

La Contraloría General de la Nación responsabilizó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, de la condiciones de hacinamiento en las diferentes prisiones del país.

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El ente fiscal indicó que el problema se a agravado por "la inoperancia” de las entidades encargadas de brindar los servicios a las personas privadas de la libertad, así como los encargados de ejecutar las decisiones judiciales.

El organismo sustentó sus argumentos en tres documentos emitidos en auditorías hechas durante el primer semestre de 2017,el cual es el consolidado de las visitas a 26 centros penitenciarios a nivel nacional. 

De acuerdo con la Contraloría, el Uspec en el 2016 no logró ejecutar el 90,5 % de los $248.046 millones que le habían sido asignados para adelantar sus proyectos de inversión durante la vigencia.

“Como solución a su falta de operatividad, la Uspec optó por entregar a terceros la gestión contractual para adelantar las obras de construcción y adecuación de cupos a nivel nacional y mantenimiento de los establecimientos a cargo, en un contrato donde se comprometieron el 72 % de las reservas presupuestales de inversión de 2016 y los recursos de los proyectos de inversión para las vigencias 2017, 2018 y 2019”, cita la entidad. 

En consecuencia, se lee en el documento, el contrato interadministrativo número 216144, de noviembre de 2016, suscrito con Fonade por $426.129 millones, absorbió $149.476 millones de la vigencia 2016.

Esto, continúa la Contraloría, implicó que para el periodo evaluado dichos recursos no tuvieran ningún resultado tangible, lo que evidenció la nula gestión para la generación o rehabilitación de nuevos cupos durante el último año.

En el contrato suscrito con Fonade se incluye pagos por $33.439 millones por conceptos como cuota de gerencia, costos derivados, operativos del contrato y costos por gravamen a movimientos financieros, según la entidad fiscal. 

El suministro de alimentación para los establecimientos a cargo del Inpec también fue tercerizado para la vigencia 2017, manifiesta la CGR.

"Se escogieron proveedores a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, lo que implicó que debiera destinarse una importante porción de los recursos programados para la alimentación de la población reclusa, para cubrir costos de comisiones, operación de bolsa y Cámara de Compensación", indica el informe.

Las visitas efectuadas por la Contraloría detectaron deficiencias en las labores de supervisión por parte de la Uspec a los contratos de mantenimiento y mejoramiento de las plantas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales.

Según el informe, las fallas encontradas llevaron a que los centros de reclusión de Cómbita y Acacias emplearan agua no apta para el consumo humano y se efectuaran vertimientos de aguas residuales sin ningún tratamiento a fuentes de agua. Para ambos casos se abrieron procesos sancionatorios ambientales.

La Contraloría encontró 49 hallazgos de los cuales nueve tienen alcance disciplinario, uno alcance fiscal y dos incidencias administrativas.

La conclusión del ente fiscal fue que la Uspec “no cumplió con los planes, programas y proyectos de inversión que se evaluaron en el proceso auditor, establecidos en el periodo 2016, reflejando una gestión ineficaz, ineficiente y antieconómica”.

También asegura que "las medidas alternativas a la privación de la libertad en centro de reclusión, previstas en el código penal, se vienen tornando en ineficientes para garantizar la comparecencia al proceso penal y para velar por la protección de la sociedad frente a quienes han infringido la Ley".

El informe de auditoría reveló que pese a que entre diciembre de 2014 y enero de 2016 la Uspec declaró urgencia para contratar el servicio de vigilancia electrónica, solo hasta el 19 de diciembre de ese año se celebró el contrato No. 326 de 2016 con la Bolsa Mercantil de Colombia para adelantar el proceso de selección del contratista que prestaría el servicio. Solo hasta abril de 2017 se suscribió contrato con el nuevo operador.

Frente a la infraestructura para la preparación de alimentos se detectaron deficiencias en las locaciones para la preparación y almacenamiento de insumos, y en algunos casos, por condiciones propias de los establecimientos, el suministro de alimentación debe hacerse luego de grandes desplazamientos y en zonas no adecuadas para tal fin.