Consejo Estado colombiano no levantará fallo que destituyó a Piedad Córdoba

El Consejo de Estado le negó a la ex legisladora del Partido Liberal Piedad Córdoba la suspensión provisional de la decisión por la cual fue sancionada para ejercer cargos públicos durante 18 años.

El Consejo de Estado colombiano descartó la solicitud de suspensión del   fallo por el cual la Procuraduría destituyó e inhabilitó a la ex senadora Piedad Córdoba en septiembre de 2010 por su supuesta colaboración con las Farc, informó hoy ese tribunal.En un comunicado, el Consejo de Estado negó a la ex legisladora del Partido Liberal la "medida de suspensión provisional" de la decisión por la que la Procuraduría (Ministerio Público) la sancionó para que no pudiera ejercer cargos públicos durante 18 años.La Sección Segunda de la Sala Contencioso Administrativo del Consejo de Estado consideró que "resulta evidente que no cabe aludir a la existencia de la acción constitucional de pérdida de investidura de los congresistas como justificación de la imposibilidad de que estos sean objeto de sanciones disciplinarias".El alto tribunal remarcó que se trata de "dos acciones diferentes que no es posible confundir" y que "no es válido argumentar la existencia de una de estas acciones como fundamento para invalidar la existencia de la otra." Además, recordó que la ex congresista, que ha participado como mediadora ante más de quince procesos de liberación de secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), ha sostenido que desarrolló una "actividad humanitaria" en su trato con la guerrilla.Sin embargo, según la demanda que se interpuso en su contra, "resulta imposible acceder a la solicitud de suspensión provisional dado que se requiere examinar el supuesto acto de delegación, lo que implicaría aportar una prueba en tal sentido".La Procuraduría, encargada del control disciplinario de los funcionarios públicos, defendió su decisión de sancionar por 18 años a Córdoba "por haber promocionado (a) y colaborado" con las Farc.Para Córdoba, con el fallo se consolidó la "persecución política" que a su juicio hay en su contra y la Procuraduría violó sus derechos en ese proceso, por lo que interpuso una demanda por nulidad y restablecimiento del derecho.